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  • AFP

Selva Política

MIGUEL BARBA


*Buscan Diputados Sancionar a Autoridades que Ejerzan Violencia a Estudiantes

*Plantean Asegurar Presupuesto Para Garantizar los derechos de la Niñez

La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN) promueve una iniciativa que reforma los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, a fin de aplicar sanciones administrativas a las autoridades y personal educativo que ejerza cualquier tipo de violencia verbal, física y psicológica contra estudiantes.

Asimismo, para que se generen protocolos de actuación ante conductas de violencia escolar, imputables a miembros de esta comunidad, en diferentes medidas respecto y conforme a su grado de responsabilidad.

“Se buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes en el lugar que debe de ser el más seguro para ellos que es la escuela y evitar que estas agresiones sigan sucediendo”, indicó en conferencia de prensa.

Castell de Oro Palacios expuso que lamentablemente en México existen diversos tipos de violencia dentro de las instancias educativas, que incluso han derivado en quemaduras de tercer grado y lesiones importantes como fracturas, y que con el paso del tiempo han ido acrecentando en cifras.

Explicó que generalmente la violencia escolar es asociada a las agresiones de alumnos a profesores o de alumno a alumno, pero pocas veces se piensa en la que viene del profesor a los propios estudiantes, o incluso a otros docentes, ya sea por acciones propias, involuntarias o dolosas, o bien por omisión ante el conocimiento de hechos que sucedan.

Detalló que en el caso específico de la violencia docente se da a través de tratos crueles, inhumanos y en ocasiones degradantes, que dañan la integridad de los alumnos en diversos grados, atentando contra la psicología del menor incluso de forma permanente, aunado a que suele lesionar y desmotivar el proceso de aprendizaje.

En ese sentido, la diputada panista indicó que el artículo 73 de la Ley General de Educación menciona que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, al saber de algún delito en agravio de los educandos, tienen la obligación hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente.

Sin embargo, dijo, no establece ningún tipo de sanción cuando esto no se lleve a cabo, lo que permite caer en omisiones o supuestos donde resulta más simple para los adultos ignorar la problemática o simplemente no involucrarse.

Por ello, subrayó la importancia de perfeccionar esta ley y subsanar estos vacíos normativos, en virtud a que se violentan diversos derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, empezando por el artículo 46 de la misma, que establece el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

“Mi deber no es solo ser diputada también soy una mujer preocupada por la seguridad e integridad de nuestros hijos porque también soy madre y abuela por ello presento esta iniciativa, ya que el acoso y la violencia escolar tiene un impacto real y duradero en el bienestar físico y emocional de nuestros niños y niñas, que muchas veces se normaliza, cuando deberían ir a la escuela seguros”, externó.

Realizó un llamado a las autoridades escolares para que inicien acciones preventivas y de planeación, con el objetivo de aminorar dicho fenómeno que afecta a los diferentes niveles educativos.

Por su parte, la señora Dulce, madre de familia de un joven que sufrió violencia, denunció que en vez de soluciones ha recibido amenazas por parte de las autoridades del plantel educativo de su hijo, incluso contra su vida.

Demandó al Presidente de la República su intervención para que se haga justicia en el caso de su progenitor y confió en que esta propuesta sea avalada para que haya sanciones para quienes agredan a los estudiantes.

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Por cierto la diputada federal Jaqueline Hinojosa Madrigal (PRI) presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca garantizar recursos públicos suficientes para que este sector cuente con las políticas públicas transversales ideales, garanticen sus derechos y presupuesto.

En un comunicado, dijo que esto tiene el fin de que nunca, nadie, jamás, le regatee el presupuesto a la niñez, por lo que pidió “apostar por la infancia, porque sale más barato hacer niños fuertes, que reparar adultos rotos”.

Argumentó que México, como integrante de la Organización de Naciones Unidas, tiene la obligación de blindar el presupuesto para la infancia, pero las autoridades no han sabido dar un rumbo adecuado a las acciones que impacten en aspectos sustantivos para los menores.

En ese sentido, la legisladora aseguró que los programas dirigidos a ese sector de la población no cumplen a cabalidad con su cometido, por ello enfatizó que debe elevarse a rango de ley el presupuesto para la niñez y, en consecuencia, esto se vea reflejado en los recursos para los programas sociales dirigidos a la infancia en México.

Indicó que esto queda de manifiesto en programas como atención a la salud, vacunación, apoyo para el bienestar de niñas y niños, servicios de estancias infantiles y desarrollo, expansión de la educación inicial, salud materna, sexual y reproductiva, entre otros, que no contemplan ni el uno por ciento asignado.

Hinojosa Madrigal puntualizó que está comprobado en Estados Unidos que el costo-beneficio de invertir en la niñez representa que, por un dólar destinado a él, como adulto retribuye al país siete dólares.

Con estos razonamientos, la representante del partido tricolor por Yucatán hizo votos para generar acuerdos en pro de tan importante sector de la población, dejar a un lado los colores partidistas, apostar por la infancia y por el presupuesto que les corresponde.

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De salida les informamos que en el marco de la conmemoración del natalicio de Ricardo Flores Magón, el diputado Otoniel García Montiel (Morena) aseguró que el pensador revolucionario oaxaqueño celebraría que la Cuarta Transformación le dé voz a los que menos tienen y a su vez garantice, como nunca, la libertad de expresión a la oposición.

“Fue en el marco de la Independencia de México donde nace uno de los máximos pensadores mexicanos, partidarios de las causas sociales, defensor de la población negada e invisibilizada por el régimen porfirista: Ricardo Flores Magón”, afirmó en un comunicado.

Para el Movimiento de Regeneración Nacional, dijo, es un honor enunciar el nombre de este gran pensador mexicano que movilizó a más de dos mil trabajadores de la industria textil en la huelga de Río Blanco en el estado de Veracruz, “para protestar por la condiciones miserables e inhumanas hacia los obreros de esa región”.


Rugidos


Justa Exigencia


A ocho años del trágico suceso de los normalistas de Ayotzinapa, la indignación de los estudiantes y población en general de Guerrero se acentúa, debido a que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha podido atender y dar respuesta a la exigencia de justicia.

El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y el del actual mandatario, Andrés López Obrador poco pudieron resolver sobre el caso que conmocionó al mundo y mostró de la peor manera, la inseguridad, irracionalidad y violencia que lamentablemente aún se vive en el país.

Lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa es una ofensa para los mexicanos y un permanente dolor para toda nuestra sociedad. El reclamo de justicia debe mantenerse aun y cuando de manera lamentable un gobierno avance en las investigaciones y otro intente cancelar el trabajo realizado.


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