• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA


  • Urge Reducir la Brecha Existente en Materia de Diversidad Sexual: Diputados

  • Generará Altos Costos los Despidos en la Administración Pública Federal

La diputada Frida Esparza Márquez (PRD) señaló que se debe trabajar en reducir la brecha que existe en materia de diversidad sexual y derechos de la comunidad LGBT; sin embargo, reconoció los avances logrados a nivel nacional.

Informó que “es de suma importancia seguir promoviendo el respeto a la identidad y expresión a la comunidad de lesbianas, gay, trans y los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales distintas”.

A través de un comunicado, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, que se conmemora el 28 de junio, expuso que como secretaria de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual trabajará en favor de este sector para crear, asumir e impulsar iniciativas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos.

Esparza Márquez llamó a las autoridades correspondientes a diseñar, desarrollar y ejecutar programas de atención, asistencia, información, educación y asesoría en salud, en especial la sexual, incluyendo VIH e infecciones de transmisión sexual.

Lo anterior, “de forma completa, actualizada, personalizada, libre de estereotipos, prejuicios o estigmas, y considerando sus condiciones y necesidades específicas”, subrayó.

Sostuvo que su partido “fue el primero en promover leyes y reconocimientos importantes de los derechos de la comunidad LGBT, impulsar la aprobación del matrimonio igualitario y el derecho a la adopción de menores de edad”.

Recordó que en esta legislatura la Cámara de Diputados creó la Comisión ordinaria de Juventud y Diversidad Sexual, con el propósito de trabajar con estos grupos de la sociedad.


En otro tema, ayer la diputada Mónica Almeida López (PRD) señaló que los despidos en la administración pública federal generarán altos costos y dificultará su gestión, ya que no se consideran la eficiencia de los empleados en el sector.

En un comunicado, indicó que hasta el momento los despidos se han realizado sin evaluar las capacidades, experiencias y conocimientos de los empleados, por lo que se corre el riesgo de tener personal poco eficiente.

Enfatizó que se debe priorizar y garantizar una gestión y un sistema profesional del servicio público de calidad, donde las decisiones sobre ascensos correspondan al grado de responsabilidad, escolaridad, experiencia y capacidad de desempeño.

Almeida López comentó que “la austeridad no debería ser sinónimo de desempleo, sino todo lo contrario, poder hacer más con menos y de mejor manera”.

Comentó que este 30 de junio vence el plazo para que se cumpla el recorte de cinco mil servidores públicos de carrera de la administración pública federal bajo el concepto de “retiro voluntario”.

“Estas personas se sumarán a las filas del desempleo al igual que lo han hecho trabajadores de otras instancias gubernamentales. Asimismo, se tiene contemplado que los despidos se sigan generando durante el primer año de esta administración”, concluyó.


Es oportuno comentar que la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República que reconoce en la Constitución Política a los pueblos y comunidades afromexicanos, como integrantes de la composición pluricultural del país.

Con ello, este sector de la población adquiere los derechos establecidos en la Carta Magna para garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

El Pleno la aprobó, en lo general y en lo particular, con 374 votos a favor, cero en contra y una abstención; fue enviado a los congresos locales para su discusión y eventual aprobación.

El pasado 30 de abril, la Cámara alta aprobó el documento que adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución y lo remitió a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

El documento destaca la urgencia de reconocer los derechos humanos, visualización y garantías para comunidades afroamexicanas, que representan la Tercera Raíz cultural del país.

Señala que, pese a que la Carta Magna no considera a las comunidades afromexicanas como pueblos originarios, han tenido presencia significativa en territorio nacional a lo largo de la historia, aún antes de la constitución del propio Estado.

Refiere que, a diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes no habían logrado concretar en su beneficio lo que se estipula en el artículo 2 constitucional, que establece que toda comunidad equiparable a los pueblos originarios, gozará de los mismos derechos.

“El bajo nivel de reconocimiento que, en su calidad de afrodescendientes se les confiere, tanto desde la perspectiva normativa como de las políticas públicas, ha generado un fenómeno de invisibilidad social que los expone, muchas veces, a condiciones de discriminación institucional y, en general, a situaciones de exclusión y vulnerabilidad”, subraya.

De acuerdo con la encuesta Intercensal del Inegi 2015, un millón 381 mil 853 personas se consideran afrodescendientes, 705 mil son mujeres y 677 mil, hombres y constituyen el 1.2 por ciento de la población nacional; sector que se encuentra entre los grupos de mayor pobreza y bajo nivel de estudios.

El dictamen resalta que la inclusión de los afromexicanos a nivel constitucional sienta un precedente significativo en el orden jurídico para exigir derechos y una nueva percepción social de la conformación nacional.

La comisión dictaminadora coincidió en la pertinencia de reconocer a la población mexicana que desciende de pueblos originarios del continente africano, de quienes se ha documentado su explotación y el maltrato sistemático bajo la esclavitud a la que se vieron sometidos por la corona española.

Subrayó que los afromexicanos cuentan con una identidad propia y siguen siendo visibles en muchas manifestaciones culturales, por lo que es preciso alcanzar una igualdad de oportunidades e incentivar sanciones a manifestaciones discriminatorias en su contra.

Recordó que México ha suscrito y se ha adherido a convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.


Rugidos


Protección Animal

Quinta Roo se unió a los estado de Guerrero, Oaxaca y Sonora en la prohibición de la fiesta brava, la corrida de toros, así como a la pelea de gallos al aprobar la Ley de Protección y Bienestar Animal que podría seguir ganando espacios en el territorio nacional.

Lo que parecía algo imposible, hoy en día los congresos de algunos estados han comenzado a superar los desafíos de rebasar a las tradiciones de nuestro país como el de la Fiesta Brava y la Pelea de Gallos tan populares en las conmemoraciones regionales de México.

Ni duda cabe que la decisión de los legisladores y la defensa de los animales por parte de organizaciones sociales, afectará intereses muy fuertes y de muchos años atrás. La pregunta ahora es si los grupos o personas afectadas por esta decisión, emprenderán una contraofensiva.

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