• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA



  • Garantizados los derechos de Trabajadores de Honorarios en Cámara de Diputados

  • Piden Diputados Saber Cuándo Tendrán Señal de Internet, Areas Desconectada 

En relación a diversas notas periodísticas que afirman que la Cámara de Diputados prepara cambios en la contratación de 2 mil 500 empleados liquidándolos y recontratándolos bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios, eliminando prestaciones, la Secretaría General de esta Cámara hizo ayer las siguientes precisiones:

La contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios es una práctica a la que ha recurrido la Cámara de Diputados en diversas Legislaturas, ante la necesidad de contar con un mecanismo de contratación flexible que permita la renovación de personal de apoyo, de acuerdo a las necesidades de operación de esta instancia legislativa.

El documento al que hacen referencia las diversas publicaciones de prensa sobre este asunto, es relativo a una Circular enviada a las áreas el 6 de mayo del presente año, en el que se informa sobre la instrumentación de un nuevo modelo de contrato, con la finalidad de atender las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación; mejorar los niveles de control administrativo; e implementar la entrega de reportes trimestrales a los titulares de las instancias solicitantes.

La adopción del nuevo modelo de contrato aplica únicamente en las nuevas contrataciones; no modifica los contratos vigentes, ni el esquema de contratación de ninguna persona en la Cámara de Diputados, ni el régimen fiscal de los prestadores de servicios profesionales.

Asimismo, la implementación del nuevo modelo de contrato actualiza el fundamento legal en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El número de 6 mil 644 personas señalado por la publicación corresponde a la Estructura Ocupacional Autorizada para el ejercicio 2017, publicada en el Diario Oficial y se integra por 2 mil 899 trabajadores de base y confianza, 617 de mandos y homólogos, y 3 mil 118 prestadores de servicios profesionales.

Por lo que se refiere a la presunta pérdida de prestaciones, es de señalarse que bajo este régimen legal de contratación, la instancia contratante sólo está obligada al pago por los servicios contratados. Sin embargo, históricamente, la Cámara de Diputados ha cubierto el pago de una gratificación de fin de año, conforme a lo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Es de aclararse, además, que de la lectura del documento enviado a las áreas no se desprende que se vaya a despedir o cambiar el régimen contractual de 2 mil 500 empleados, o afectarlos en sus prestaciones.

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En otro tema, ayer el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, respaldó el exhorto para que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, comparezca para informar sobre la estrategia del gobierno para reinstalar el servicio de internet en los 50 mil sitios que han sido desconectados.

El legislador informó que las senadoras panistas Xóchitl Gálvez Ruiz y Kenia López Rabadán, presentarán un punto de acuerdo para que el secretario asista, junto con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y detallen el proceso de sustitución del proveedor de internet y los avances de la constitución de la empresa pública “Telecomunicaciones e Internet para Todos”.

En conferencia de prensa en el marco de la Comisión Permanente, la senadora Gálvez Ruiz aseguró que desconectar la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (NIBA), afectó principalmente a la Universal Nacional Autónoma de México (UNAM), a otras instituciones educativas públicas, hospitales y oficinas de gobierno.

El diputado coordinador panista, Romero Hicks, consideró que “es de elemental importancia que comparezca el secretario, que nos dé una explicación a través de los Poderes de la Unión a los mexicanos de por qué están atentando contra este despropósito, es un austericidio; no entiende”.

“Tenemos un Presidente oscurantista, del museo de arqueología política del siglo antepasado, que está atacando a la ciencia y la tecnología y la innovación, que está dejando al país fuera del derecho a la conectividad”, manifestó.

El diputado también comentó que “por segunda ocasión” el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala “que la economía va a la recesión”, al determinar que los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral indican un aumentó 0.1 por ciento, y lamentó que el Presidente “se niegue a ver la realidad”.

“Los indicadores económicos van a la baja, cuando el Presidente estaba en campaña prometió un 4 por ciento de crecimiento; cuando tomó posesión el pronóstico era el 2 por ciento; hoy es del 0.1 por ciento. La única persona que ya rompió con la realidad y no se da cuenta es el Presidente de la República”.

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Finalmente, ayer diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), condenaron la violencia política de género y lamentaron el reciente atentado contra la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez.

Briceño Zuloaga precisó que diversas legisladoras suscribieron un exhorto para apoyar a la alcaldesa de Manzanillo “quien hace cuatro días sufrió un atentado”.

Por Morena, la diputada Carmen Patricia Palma Olvera expresó su indignación “por la ola de violencia en general, pero sobre todo, muy marcada con mujeres que participan en la política, y lo vemos en todos sentidos, desde amenazas de muerte hasta todo tipo de violencia”.

La diputada Ximena Puente de la Mora (PRI) reprobó “enérgicamente” la violencia política de género y el atentado sufrido por la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, y consideró que este tipo de sucesos no se pueden repetir.

Del PT, la diputada Maribel Martínez Ruiz se sumó a la indignación por el atentado y expresó su preocupación por la agresión que existe.

Su compañera de bancada, diputada Clementina Marta Dekker Gómez dijo que su grupo parlamentario reprueba el atentado que sufrió la presidenta municipal y se pronunció porque este tipo de hechos no sucedan y las investigaciones sean apegadas a derecho y a la ley.

Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada del PES, expresó su condena enérgica por la violencia política de género y el atentado contra la alcaldesa y “qué bueno que tomamos acción desde esta comisión”.


Rugidos


La Ley y el Orden

La impartición de la justicia en México, para todo lo que se vea y relacione con cosos de corrupción ha comenzado a enfrentar a la propia Ley y el orden, debido a que cada personaje que es señalado presuntamente con acciones fuera de la ley, interponen amparos.

De esta manera los inculpados, con la ley en la mano, enfrentan acusaciones que hasta el momento, han carecido de sustento de pruebas firmes que los podría llevar a enfrentar la justicia de manera breve.

El nuevo gobierno federal ha generado acciones mediáticas en contra de personas, ex funcionarios, presuntos responsables de actos de corrupción que por falta de pruebas fehacientes se ha visto imposibilitado para ejercer de manera total resultados que busca y parece no encontrar.

Ante ello, el amparo, sigue siendo un recurso legal para bien o para mal de la impartición de justicia.

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