Selva Política
*Necesario Definir “acoso escolar”, Para Crear Protocolos de Protección: Diputadas
*Urgen Reformas a la Ley de Salud; Necesario dar Seguridad a Menores Embarazadas
La diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) propone reformar los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, para establecer y definir el concepto de “acoso escolar”, con la finalidad de que en el sistema educativo nacional se tomen medidas para proteger a las y los educandos contra este tipo de conducta y se desarrollen mecanismos de atención y protocolos de actuación.
La reforma, enviada a la Comisión de Educación para dictamen, señala que el acoso escolar es “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.
También, establece que las autoridades educativas, en su función de promoción de la cultura de la paz y no violencia, establezcan mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes involucrados en violencia, maltrato y acoso escolar, y ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos.
De igual forma, deberán emitir lineamientos para los protocolos de actuación necesarios para la prevención y atención del acoso escolar.
En la exposición de motivos, indica que el acoso escolar es una problemática que ha estado recibiendo cada vez más atención en años recientes, ya que se trata de una modalidad de violencia infantil y escolar que hasta hace algunas décadas había pasado desapercibida y tolerada, incluso como parte normal de la vida y de la infancia, pero que es capaz de tener el mismo impacto negativo en la vida de las personas que cualquier otra modalidad de violencia.
Además, esta problemática ha causado daños de enorme magnitud en muchas personas; por esta razón, es necesario erradicarla como cualquier otra forma de violencia que afecte a niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, si bien la violencia se produce entre niñas, niños y adolescentes sin que los adultos estén directamente relacionados, estos últimos sí tienen un papel en esa forma de violencia, pues es su responsabilidad combatir y prevenir adecuadamente estos actos sin acciones punitivas que resulten en una respuesta a la violencia con más violencia.
Asimismo, la escuela no está exenta de la violencia entre niñas, niños y adolescentes, y por ser el lugar donde este sector de la población pasa la mayor parte de su tiempo bajo la supervisión y cuidado de los docentes, administradores y autoridades educativas, las escuelas son también uno de los lugares más idóneos para implementar políticas encaminadas a prevenir el acoso.
La diputada Rodríguez González señala que, derivado de esta necesidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desarrolló un estudio encaminado a definir legalmente el fenómeno del acoso escolar como “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.
Por otra parte, la diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT) presentó una iniciativa que adiciona el artículo 61 Ter a la Ley General de Salud, con la finalidad de garantizar la seguridad de las menores de edad embarazadas.
Propone que el personal de salud que atienda a una menor de edad embarazada deberá dar aviso a la unidad de Trabajo Social, para que conjuntamente con un profesional en psicología entrevisten a la niña o adolescente y emitan un dictamen, a fin de descartar que exista un riesgo que la presuma como víctima de violencia sexual.
Añade que, en caso de identificar en la menor de edad embarazada posibles signos de violencia sexual, deberán dar aviso inmediato al Ministerio Público (MP) como autoridad responsable para su conocimiento, debida investigación y garantizar la seguridad de la menor gestante.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, señala en su exposición de motivos que esta reforma contribuirá a que las denuncias que no realizan las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, por temor a represalias, a ser culpadas, por vergüenza o por falta de apoyo físico, psicológico y emocional, se presenten ante la autoridad competente.
Expone que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la mayoría de los casos de violencia sexual no se denuncian, por lo que la impunidad de los agresores es del 99 por ciento y solo el 2 por ciento de los casos se conocen en el momento en que se presenta el abuso y pueden pasar años para que la víctima decida denunciar.
Por su parte, un estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (InegI) reveló que en las 32 fiscalías, procuradurías y tribunales del país, por cada mil agresiones de violencia sexual que se comenten anualmente, únicamente 100 se denuncian, 10 se van a juicio y solo se condena a un agresor.
Asimismo, entre julio y diciembre de 2020 se conocieron ocho mil 597 carpetas de investigación por violación, en tanto que 194 mil 334 mujeres fueron víctimas de este delito, lo que revela que el 96.4 por ciento de los casos no fueron denunciados.
La iniciativa señala que en los códigos penales de las entidades federativas se establece que la edad mínima para el consentimiento sexual oscila entre los 12 y 16 años; sin embargo, en los países europeos la edad establecida es de los 15 a los 16 años, y en países de América Latina es de 14 años.
En México, se estima que la tasa de violación de niñas y niños en 2020 fue de cinco mil por cada 100 mil habitantes.
Por esta razón, agrega la legisladora, las víctimas de violencia sexual sin importar su género, sufren consecuencias sociales, conductuales y de salud mental, pero las mujeres, niñas y adolescentes soportan la carga más preocupante al ser vulnerables en su salud sexual y reproductiva con embarazos no deseados y abortos inseguros.
De salida les informamos que las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados electos para la LXVI Legislatura, eligieron por votación unánime a Rubén Moreira Valdez como coordinador parlamentario para los trabajos que iniciarán en septiembre de este año y concluirán en el 2027.
A través de un comunicado se informó que en una reunión denominada “Hazlo posible. Acuerda”, encabezada por el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, y la secretaria general, Carolina Viggiano, las diputadas y los diputados electos acordaron trabajar en unidad, con responsabilidad y gran ánimo.
Al hacer uso de la palabra, Alejandro Moreno, luego de ratificar su confianza al coordinador parlamentario por la experiencia y fortaleza demostrada, exhortó a las bancadas a sumar, participar y comunicar lo que se hace dentro del partido, desde los municipios, y tener como propósito que todos se enteren que se trabaja para los mexicanos.
A su vez, Carolina Viggiano insistió en la necesidad de trabajar en equipo, rompiendo paradigmas, para ganar la confianza de la gente y llevar la voz y causas de la ciudadanía al Congreso. Adelantó que el PRI pretende impulsar una reforma al sistema de justicia, que va mucho más allá de lo que hoy se busca con los cambios al Poder Judicial; además, expuso que es importante tener claro el problema de la sobrerrepresentación.
Rugidos
¿PRI o RIP?
El proceso de renovación de la dirigencia nacional del PRI, con prisas, sin consenso y con desorden ha venido a contribuna al clima de incertidumbre que rodea al que en otro tiempo se le llamó "el partidazo".
Su actual dirigente, Alejandro Moreno logró convencer a los pocos militantes y mucho menos simpatizantes de continuar al frente del Revolucionario Institucional por cuatro años, objetivo que alcanzó hace unas horas.
Si para los militantes y simpatizantes del PRI, el panorama era incierto en el corto y mediano tiempo, hoy con Alejandro Moreno como líder nacional la situación es más que complicada.
Las esperanzas de quienes rechazan a Morena Cárdenas sin fincan ahora en la resolución del Tribunal Electoral que deberá pronunciarse al respecto en los próximos días.
Comments