Selva Política

*Proponen Sancionar con Cárcel a Hijos que Despojen de Propiedades a sus Padres

*Las Deportaciones de Migrantes Afectarán a más Países, no Solo a México

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) propuso aplicar de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos, cuando el delito de despojo sea cometido por hijas o hijos, en contra de su padre o madre; además, de uno a seis años de cárcel a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, plantea reformar el artículo 395 del Código Penal Federal para establecer también que dicha sanción (tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos) se impondrá al que sin contar con el derecho o consentimiento de la persona habilitada para disponer de un bien inmueble, lo ocupe, apodere y haga uso de él.

Asimismo, pretende adicionar el artículo 372 Bis para estipular que cuando la o las víctimas de robo sean personas adultas mayores o personas vulnerables en razón de alguna discapacidad, cuya situación los coloque en un estado de indefensión, se incrementará hasta en un tercio de la pena que corresponda.

En la exposición de motivos, señala que el principal objetivo de la propuesta es que la pena se ajuste a la gravedad y trascendencia que para la sociedad tenga el hecho, según los grados de afectación y, sobre todo, que la norma se encuentre armonizada con la realidad que viven muchas personas en la vejez y con discapacidad.

Señala que, a pesar de que el despojo se encuentra sancionado por el Código Penal, combatirlo sigue siendo un reto, ya que se trata de un tema que afecta la seguridad y lesiona el patrimonio de las y los ciudadanos, así como su integridad física y, por supuesto, trae consigo desigualdad y pobreza.

Además, se debe estar atento a las posibles vulnerabilidades que enfrentan nuestros adultos mayores. El abuso financiero y la explotación son realidades que, lamentablemente, pueden afectar a quienes han dedicado su vida a cuidar de otros. Por eso, es fundamental estar alerta y actuar con prudencia, asegurando que sus derechos y bienes sean protegidos.

Enfatiza que los bienes muebles e inmuebles deben ser protegidos y en caso de que las personas sean despojadas o privados de ellos, las leyes deben sancionar el acto.

Los objetos --indica-- tienen igual relevancia ante el Estado pero debemos ser conscientes que no todos presentan las mismas posibilidades de recuperarlos, como es el caso de los adultos mayores, quienes han dedicado su vida a construir un legado y merecen que sus esfuerzos sean protegidos y valorados.

Nuestros adultos mayores han trabajado arduamente, enfrentando desafíos y superando adversidades. Cada bien material que poseen no solo representa un valor económico, sino también recuerdos, esfuerzo y sacrificio. Por eso, “es nuestra responsabilidad cuidar lo que les pertenece, asegurando que su legado se preserve y respete”, subraya la iniciativa.

En otro tema, ayer la diputada María Damaris Silva Santiago (Morena), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, se reunió con el subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, Antonio García Carranza, a fin de abordar el tema de las deportaciones masivas que la nueva administración del gobierno de Estados Unidos ha anunciado que realizará.

En las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada afirmó que las deportaciones masivas por Estados Unidos no solo afectarán a los mexicanos, sino también a los latinoamericanos, incluyendo los hondureños.

“Estamos enfrentando un gobierno que está amenazando en violar los derechos de los residentes mexicanos y latinoamericanos que tal vez no tengan un estatus organizado, pero que muchos de ellos tienen formas de ajustarlo”, precisó.

Sostuvo que ese perfilamiento racial, que es una cuestión muy común en Estados Unidos, invita al odio y la discriminación.  Por ello, indicó, se busca trabajar de manera conjunta en una agenda migrante, “no solo con los hermanos que estén en transición, sino también con los que estén en retorno”.

A su vez, el subsecretario García Carranza aseguró que la relación entre México y Honduras es muy cercana, razón por la cual se llevó a cabo un evento convocado por las presidentas de ambas naciones para abordar el tema de las amenazas masivas que la administración de Donald Trump ha anunciado. 

“Esperamos que sea más un anunció y discurso electoral” porque para hacerlo no es tan fácil; hay 11 millones de indocumentados de todo el mundo y la logística para hacerlo es muy difícil y se requiere una coordinación y visto bueno del país receptor”, dijo. 

Expresó su preocupación por que las deportaciones masivas serían un problema social y nacional. Enfatizó que cualquier cosa se tiene que hacer de manera coordinada, con dignidad, respeto y con el debido proceso

Héctor Orlando Amador Zúñiga, cónsul de Honduras en México, señaló que algunos países pretenden minimizar el tema de las deportaciones masivas, pero no saben el impacto que tendría en el aspecto económico, humano y separación de familias porque los migrantes son un motor fundamental en el desarrollo económico de los países, ya que fortalecen la economía y la moneda.

“Estamos acá en la Cámara de Diputados con una congresista que representa a los millones de mexicanos que hay en los Estados Unidos y esta alianza nos fortalece a nosotros con México, que es una nación que nos está arropando en este momento complicado y de incertidumbre que se está generado con el abuso de estas masivas deportaciones”, puntualizó.

Por otra parte, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a presentar una estrategia integral para proteger las áreas naturales frente al mayor recorte presupuestal para 2025.

En un punto de acuerdo, presentado ante la Comisión Permanente y publicado en la Gaceta Parlamentaria, expuso que en el PEF 2025 no se priorizó la inversión en el medio ambiente, lo que tendrá consecuencias significativas causando daños irreparables los cuales sufrirán las generaciones futuras.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI consideró que es necesario que la Semarnat presente ante el Congreso de la Unión “una estrategia integral pormenorizada que contenga las acciones que implementará para garantizar el cumplimiento de sus funciones frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para 2025, la cual deberá incluir acciones específicas respecto de cómo realizará las tareas para el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas”.

De igual manera, pide que “la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas lleve a cabo las acciones necesarias para emitir los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que aún no lo tienen, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y con ello brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como a los propietarios”. 

De salida les informamos que el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) solicitó a la Secretaría de Salud (Ssa) diseñar e instrumentar campañas publicitarias de los servicios que proporcionan a la población las unidades de salud del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

Mediante un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, publicado en la Gaceta Parlamentaria, pidió también a la Secretaría de Salud (Ssa) que verifique el funcionamiento de dichas unidades de salud con el objetivo de que, en caso necesario, se proporcione a estas unidades de salud el personal y medicamentos suficientes para brindar un mejor servicio a las personas usuarias.

En el documentó refirió que, en México en 2022, 20 mil personas adquirieron Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la cual se mantiene estable desde 2019 y precisó que en el país hay 370 mil personas que viven con esta enfermedad, de ellas, el 80 por ciento son hombres adultos de 15 años o más; el 19 por ciento son mujeres adultas y 1.0 por ciento son menores de 15 años, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

“Es por lo anterior que no debemos de bajar la guardia y debemos de mantener a las nuevas generaciones informadas, por lo que es muy importante que todo el tiempo se esté difundiendo de una manera permanente de los servicios e instituciones con las que contamos”, consideró.

Anaya Llamas explicó que las CAPASITS existen desde 1989, las cuales son unidades de salud que proporcionan servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, de forma ambulatoria, que sirven y ayudan a muchas personas que tienen esta enfermedad y que muchas veces no lo saben.

Enfatizó que es importante que la información llegue a las y los jóvenes que empiezan a experimentar o tener una vida sexual activa, ya que, en 1999, según datos de la página de la Ssa, el SIDA, ocupó el lugar 16 como causa de muerte en México afectando principalmente a la población de 25 a 34 años de edad; y representó la cuarta causa de muerte en hombres y la séptima causa entre las mujeres.

Sin embargo, dijo que debido a la evidencia de que el manejo adecuado de las ITS disminuyó en un 50 por ciento la transmisión sexual del VIH, incluyeron, desde 1997 al Programa de Acción: VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Consideró que se deben impulsar en todos los medios de información y comunicación con los que se cuenta, con el objetivo de que los jóvenes del país conozcan que contamos con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) el cual tiene a su cargo la función normativa del Programa en la Ssa, constituyéndose el CONASIDA como instancia de coordinación interinstitucional del sector salud.

Rugidos

Corre Tiempo

A unas horas de que Donald Trump asuma por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la incertidumbre y por momentos zozobra de los migrantes radicados en el vecino país, crece por no saber el tamaño de la decisión tomada por el magnate.

Las medidas y previsiones puestas en marcha por el gobierno federal de México, junto con los gobiernos estatales colindantes con el sur de los Estados Unidos, han sido débiles y poco claras, tal vez esperando que las deportaciones por venir no sean amplias, numerosas ni afecten a familias enteras radicadas en los Estados Unidos.

Hay una gran expectación por saber qué sucederá durante los primeros días del nuevo mandato de Donald Trump. Sobre todo conocer las formas y el alcance en el que podría ejecutarse la acción general de detenciones en contra de los migrantes.

La zozobra contagia el ambiente laboral de miles de indocumentados que podrían ver truncados sus sueños de continuar con un empleo, a partir de la semana próxima.