Selva Política

*Proponen Diputadas Deducción de 100% de Impuesto Para Colegiaturas Hasta Nivel Superior
*Impulsan Nueva Iniciativa Para Erradicar aun más, la Violencia en Contra de las Mujeres
La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) presentó una iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para deducir el 100 por ciento de este gravamen en colegiaturas hasta el nivel superior de educación.
La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea que se podrán deducir los pagos efectuados por el contribuyente por servicios educativos realizados a instituciones privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez, por la impartición de enseñanza básica, media superior y superior, en los términos de la Ley General de Educación.
Incluye los gastos en educación para sí, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, y que hayan tenido por objeto cubrir, únicamente, los servicios correspondientes a los programas y planes de estudio autorizados para el nivel educativo de que se trate, como cuotas de inscripción o reinscripción.
Dichos pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
De esta forma, el contribuyente comprobará, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas privadas residentes en el país.
Precisa que en el comprobante fiscal las instituciones educativas deberán separar el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno, de inscripción o reinscripción, en su caso, y que los pagos por servicios de enseñanza referidos en esta fracción serán deducibles al 100 por ciento.
Menciona que el citado artículo de la ley del ISR no considera los pagos de servicios educativos privados como deducibles personales, pero sí para los gastos destinados a la transportación escolar.
Argumenta que miles de familias hacen un gran esfuerzo para integrar a sus hijos al sistema educativo privado y allegarles las mejores herramientas educativas que ofrece el mercado, así como enfrentar la escasez de escuelas de tiempo completo que, en la educación inicial, preescolar y básica, es esencial para que las madres desarrollen una actividad laboral.
Asimismo, hay quienes recurren a las escuelas privadas para atender condiciones neurológicas, discapacidad física o mental, y enfermedades de los educandos que no encuentran una respuesta en el contexto público.
Cualesquiera que sean las razones por la que los padres optan por un sistema de educación privada, lo cierto es que la familia completa asume una carga impositiva irracionalmente gravosa, advierte.
Expresa que “todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos, por lo que el Estado debe garantizarlos y protegerlos, como el de la educación”.
Por otra parte, a fin de incluir la violencia simbólica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para su atención y erradicación, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) impulsa iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 6 de ese ordenamiento.
La propuesta define a la violencia simbólica como cualquier acto u omisión que, a través de patrones, mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmita, reproduzca y consolide relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, al instituir estereotipos y jerarquías de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
En el documento, enviado a la Comisión de Igualdad de Género, se expone que el reconocimiento de este tipo de violencia permitirá que se realice un esfuerzo mayor para su atención y erradicación.
Menciona que la violencia simbólica no sólo se ejerce directamente; consiste en la imposición cultural de sujetos dominantes hacia sujetos dominados, mediante la naturalización del dominio y las jerarquías, así como de los roles y estereotipos de género.
Además, es descrita como un tipo de violencia en la que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos se transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
Esta forma de violencia aparece en diferentes ámbitos sociales, vinculada a la construcción de imágenes, símbolos e ideas en los que las mujeres son humilladas o maltratadas, afirma Mendoza Mondragón en la iniciativa.
Esa violencia simbólica se manifiesta en los medios de comunicación, en canciones, chistes, refranes, diccionarios e incluso en los contenidos formales de la educación y los gestos cotidianos de la socialización. “Por su modo de operar, se torna difícil identificarla”, precisa.
La diputada del PVEM resalta que distintos países han avanzado en la inclusión de la violencia simbólica como uno de los tipos de violencia contra las mujeres. Las legislaciones latinoamericanas son algunas de las pioneras en esta materia; por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Uruguay.
Explica que la violencia mediática es una de las modalidades más comunes de su expresión, relacionada a la publicidad sexista, que ya se regula en distintos países, incluido el nuestro.
Por tal motivo, resulta fundamental la reforma de modo que se abarque más allá de los contenidos en los medios de comunicación. “Es importante dejar de reproducir comportamientos y valores que naturalizan relaciones de dominación”.
Considera que este debe ser uno de los puntos de partida para que la recién creada Secretaría de las Mujeres establezca y conduzca la implementación y evaluación de la política nacional de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como su formulación, coordinación, vigilancia y monitoreo.
De salida les informamos que la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) impulsa una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública, con el fin de que las personas sean orientadas, representadas y defendidas en materia de salud y medio ambiente, para salvaguardar sus derechos en la materia.
Para ello, plantea incluir en la ley que los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a una eficaz representación ante la salvaguarda del derecho a la salud y al ambiente sano.
Precisa que los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a las personas a las que se les afecte o pongan en riesgo esos derechos, derivado de conductas que dañan o ponen en riesgo el ambiente.
Entre otros cambios, indica que la Escuela Nacional de Formación Judicial tendrá la atribución de llevar a cabo la capacitación de los asesores jurídicos que asumirán la orientación y representación de las personas afectadas en esos derechos.
La reforma, turnada a la Comisión de Justicia, busca contribuir al fortalecimiento de la justicia en nuestro país, al proporcionar un espacio de defensa pública que haga efectivos derechos constitucionales de primera relevancia para la existencia humana, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.
Se alinea a los propósitos vigentes de la actual política de investigación científica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se ejecuta a través del programa Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, el cual promueve agendas de investigación e incidencia que impulsan los derechos colectivos a la salud, ambientales y territoriales, y mejoran las condiciones salubres, la calidad de vida y el bienestar de las comunidades afectadas, así como la restauración de los ecosistemas dañados.
Refiere que las personas expuestas a agentes contaminantes, como el asbesto, ven violentado su derecho constitucional a la salud y medio ambiente sano, sin que cuenten con los recursos legales ni económicos que les permita una debida orientación, representación y defensa.
Rugidos
Ahora, Ecuador

La mañana de ayer lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una conversación telefónica, sostenida con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump logró acordar que el vecino país aplace su decisión de imponer gravámenes a las mercancías que llegan procedentes de México.
Es de un mes el compromiso acordado entre ambos mandatarios. De acuerdo a lo citado por Donald Trump, el gobierno de México enviará 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte con el fin de frenar el tráfico de drogas y atajar las olas de migrantes que casi a diario llegan hasta esa franja fronteriza.
Tras el anuncio de Sheinbam y Trump, sorprendió el anuncio ahora del presidente de Ecuador, Daniel Novoa quien anunció que impondrá impuestos, gravámenes de hasta 27% a los productos mexicanos que llegan a esa nación.
De acuerdo a las primeras declaraciones de joven mandatario, asegura que el intercambio comercial entre México y Ecuador es muy ventajoso para nuestro país. Seguro que el gobierno mexicano ya toma cartas en el asunto sobre el anuncio del gobierno ecuatoriano.
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