Selva Política

+Proponen Diputados, Cárcel Para Quien Robe, Explote o Comercialice Agua Potable

+Imperante, Tomar Acciones Para Frenar el Tráfico de Armas de EU a Nuestro País

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) planteó reformar el Código Penal Federal para sancionar de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cometa el delito de robar, explotar, sustraer, transportar o comercializar agua potable alterando la infraestructura hidráulica nacional autorizada, sin el título respectivo que las leyes aplicables establecen.

Asimismo, a quien realice una perforación subterránea para sustraer aguas nacionales, sin la concesión respectiva que la norma oficial determina.

Cuando el robo sea cometido con el fin de distribuir o suministrar el agua potable a través de pipas u otros medios de almacenamiento, para obtener beneficio económico, se sancionará con una pena de seis a doce años de prisión y de doscientas a dos mil días conforme a la UMA. Y si las conductas ilícitas son cometidas por personas servidoras públicas, la pena se incrementará el doble, agrega.

La iniciativa, que se analiza en la Comisión de Justicia, considera que la tipificación de estas conductas como delitos en el citado Código es una medida urgente y necesaria para proteger a la ciudadanía, garantizar una distribución justa del agua, y asegurar la conservación de los recursos hídricos para futuras generaciones.

Menciona que la práctica de robo de este líquido y su venta clandestina a través de pipas afectan su acceso en diversas zonas del país, e incrementa la desigualdad en el suministro, lo que genera mercados ilegales y precios exorbitantes.

Refiere que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) más del 10 por ciento de los hogares no tienen acceso directo al agua potable, cifra que se agrava en estados con alta marginación y climas áridos como Sonora, Chihuahua y Baja California.

Precisa que los factores que agravan esta situación son el robo de agua mediante conexiones ilegales a las redes públicas de distribución, así como la venta clandestina por pipas que extraen el recurso de manera ilegal de pozos o cuerpos de agua públicos. Estas prácticas violan los derechos de la ciudadanía y generan un mercado negro que afecta a las comunidades más vulnerables.

Señala que en zonas urbanas como la Ciudad de México y el Estado de México, la demanda por parte de la población es aprovechada por grupos que extraen agua de pozos ilegales para venderla en pipas clandestinas. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al menos 40 por ciento del líquido suministrado en estas entidades se pierde o desvía de manera irregular, lo que incluye fugas y tomas ilegales.

Informa que las pipas clandestinas pueden llegar a vender el agua a precios que oscilan entre 800 y 2 mil pesos por tanque, lo cual representa una violación del derecho al acceso equitativo y justo de este recurso.

Cita que el impacto social, económico y ambiental que deja este fenómeno es la desigualdad en su acceso, desestabilización del sistema hídrico, desabasto e impacto ambiental, ya que el agua robada y distribuida sin regulación afecta también la sostenibilidad de los recursos naturales.

Asimismo, tiene un impacto económico elevado, pues los gobiernos locales y las concesionarias de agua pierden ingresos por la sustracción ilegal del recurso, lo que a su vez repercute en su capacidad de inversión para mejorar la infraestructura de distribución.

La iniciativa enfatiza que si bien en algunas entidades federativas existen regulaciones que sancionan estas prácticas, la falta de una tipificación federal permite que el robo siga proliferando en diversas regiones del país.

Es imperante pasar del discurso a las acciones para combatir y erradicar el tráfico de armas, un flagelo que ha detonado la violencia y empoderado a las organizaciones criminales, señalaron diputadas y diputados de Morena, así como integrantes del Gobierno Federal y personas expertas en materia de seguridad.

Durante el “Foro nacional de políticas públicas: Que se arme el desarme”, subrayaron la necesidad de trabajar en unidad con todos los sectores y que se promueva la participación de las y los jóvenes.

El diputado Sebastián Ebrard Lestrade (Morena) sostuvo que el tráfico de armas es un negocio donde el lucro se impone sobre la vida, y eso es inaceptable; se han registrado más de 400 mil vidas perdidas en los últimos 15 años.

Refirió que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas que se utilizan para cometer delitos provienen de Estados Unidos.

“En tan sólo tres meses, de octubre de 2024 a enero de 2025, se decomisaron 3 mil 600 armas en la frontera con Estados Unidos; esto equivale a que cada día ingresan cerca de 40 armas al país que, en el mejor de los casos, se incautan y en el peor de los casos, se transforman en violencia”, aseveró.

En ese sentido, subrayó que el Gobierno Federal presentó una demanda en contra de los fabricantes de armas del país vecino del norte por “negligencia criminal”, ya que sus empresas alimentan la violencia, no actúan. “Este paso representa más que una demanda, es parte integral de una estrategia del gobierno de México”, destacó.

Ebrard Lestrade indicó que es preciso generar leyes o ideas que cambien el paradigma de las armas en México y llamó a trabajar en unidad.

La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas comentó que el tráfico de armas es un flagelo que ha impactado profundamente al país, por lo que es fundamental emprender acciones que contribuyan a lucha contra la inseguridad y la construcción de la paz.

“Este foro no sólo es un espacio de diálogo, es un llamado a la acción. Los temas que aquí se abordan no será anecdotarios, ni pasajeros, pues las y los diputados estamos reuniéndonos para informarles y preparar propuestas sobre estos problemas, desde la demanda contra empresas armamentistas en Estados Unidos hasta las políticas pública que abonarán en la construcción de la paz”, manifestó.

Sostuvo que, en este gobierno, es preciso que los distintos sectores y los servidores públicos, sumen esfuerzos para recuperar la paz que tanto requiere el campo, las comunidades y tenderle la mano a todas las personas que quieran aportar a la economía del país.

Subrayó que ella impulsa iniciativas que fortalezcan la economía social, promuevan el cooperativismo y fomenten el desarrollo urbano sostenible; sin embargo, estos esfuerzos, no serán suficientes si no se atiende la violencia, el narcotráfico, el tráfico de armas y la extorsión.

La diputada Selene Ávila Flores afirmó que es preciso pasar del discurso a las acciones articuladas y a la unidad para combatir y erradicar el tráfico de armas.

“Si no hacemos esfuerzos que vayan de manera transversal para combatir este tráfico ilegal de armas, no se va a lograr nada, porque es un problema multifactorial. Por un lado, tenemos un problema estructural, por otro, un asunto normativo, es decir qué se requiere reformas y bajo qué criterios y además, la falta de Estado de derecho”, abundó.

María Carmina Ceballos Martínez, directora general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación, resaltó la importancia del programa “Sí al desarme, sí a la paz” que busca atender las causas que generan la violencia y construir la paz en el país, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se trata de que la población canjeé, de manera voluntaria, su arma de fuego por dinero en efectivo, sin seguir ninguna investigación sobre el origen de las armas. Se busca evitar que se tenga en las casas este tipo de artefactos que ponen en riesgo a las familias y la población”, señaló.

Rugidos

Acoso Comercial

De nueva cuenta, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump arremete en contra del libre comercio al anunciar que este lunes impondrá aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de acero y aluminio que lleguen a la Union Americana.

En un anunció que sorprendió a empresarios y autoridades gubernamentales, Donald Trump vuelve a preocupar con decisiones que están siendo calificadas como abiertas provocaciones, no solo a la estabilidad de los tratados comerciales, sino a las autoridades de cada país.

Habrá que ver el alcance y repercusión que esta decisión generará y, sobre la respuesta que deberá venir por parte de los gobiernos de los países afectados que la deberán hacer saber a la brevedad.