Selva Política

*Impulsan Iniciativa Para Incorporar Demandas Sociales al Plan Nacional de Desarrollo *Proponen Diputados, Prohibir la Circulación de Autotransportes con Doble Remolque

Para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporen las aspiraciones y demandas de la sociedad, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos expresadas durante el proceso de consulta, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) impulsa iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación. El documento, enviado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea que la Cámara de Diputados realice las modificaciones y adecuaciones necesarias para incorporar las peticiones de la sociedad que surjan de su propio proceso de consulta. Además, busca establecer que la Cámara aprobará, por mayoría calificada, el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo de dos meses contado a partir de su recepción, y sustituye presidente de la República por persona titular de la presidencia de la República. Ortega Pacheco considera impostergable ampliar y clarificar en dicha Ley las facultades del Poder Legislativo en la aprobación del Plan y, con ello, subsanar omisiones y garantizar que la naturaleza del mismo sea de auténtica democracia y deliberación y no un manifiesto político unilateral. Indica que se pretende que la Cámara de Diputados tenga un papel de auténtica contribución y deliberación en el proceso de aprobación, así como garantizar que las aportaciones y propuestas formuladas desde la sociedad civil, sean debidamente valoradas e incorporadas en el documento final, tal y como lo mandata la Constitución. Hace mención que la Constitución, en su artículo 26, apartado A, párrafo segundo, establece que la planeación debe ser democrática y deliberativa, a través de mecanismos de participación que permitan recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los programas que deriven del mismo, y en el párrafo cuarto se señala que el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. La redacción vigente en el artículo 20, párrafo segundo de la Ley de Planeación, precisa que, además de participar en los foros de consulta que organice el Ejecutivo, las organizaciones representativas de diversos sectores de la sociedad también podrán hacerlo en los foros que organicen legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión; sin embargo, en el artículo 21 se establece el proceso de aprobación. La diputada de MC expone que el párrafo segundo da la posibilidad de “una aprobación ficta”, en caso de que el Congreso no se pronuncie al respecto del Plan, circunstancia que de presentarse anularía por completo la participación del Poder Legislativo. Por ello, resulta preferible eliminar dicha posibilidad de la redacción para que el Congreso no tenga la facultad de omitir pronunciarse al respecto. El tercer párrafo establece que la aprobación por parte de la Cámara de Diputados únicamente consiste en verificar que el instrumento incluya los fines del proyecto nacional y en caso de no hacerlo, la única posibilidad es devolverlo al Ejecutivo para su adecuación, sin tener la alternativa de adicionar o modificarlo, por lo que “bajo el proceso vigente la aprobación se reduce a un trámite estéril de recepción y devolución”. Considera indispensable que la Cámara de Diputados esté facultada para verificar el cumplimiento de los requisitos formales que debe contener el Plan, y pueda modificar su contenido, en atención a las aportaciones recibidas durante los foros de consulta, pues bajo el procedimiento vigente dichas aportaciones son testimoniales.

En otro importante tema que no logra tener el respaldo parlamentario, el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (Morena) propuso adicionar la Ley General de Protección Civil para establecer la prohibición de la circulación de unidades de autotransporte de carga, específicamente camiones remolque, tractocamiones semirremolque-remolque y tractocamiones semirremolque-semirremolque, que se consideren de alto riesgo para la seguridad de la población. La modificación al artículo 7 de ese ordenamiento agrega que corresponde al Ejecutivo Federal coordinar acciones entre las autoridades de Protección Civil y la Guardia Nacional para implementar medidas preventivas que salvaguarden la vida de las personas en las vías públicas. Plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, desarrollará un programa de monitoreo y evaluación de rutas y horarios para identificar las áreas de mayor riesgo, y de esta forma ajustar las restricciones necesarias para minimizar peligros y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos. También, se implementarán campañas de concientización y educación en la comunidad sobre la importancia de las normas de seguridad vial y la colaboración de todos los actores en la protección civil. El documento, turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, considera que la colaboración con la Guardia Nacional es clave para implementar medidas efectivas en la regulación del tránsito de vehículos pesados, ya que tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones de monitoreo y control en tiempo real, lo que permite una intervención oportuna en situaciones de riesgo. Menciona que en México el aumento de la circulación de vehículos de carga ha generado un crecimiento preocupante de accidentes viales, lo que afecta gravemente la seguridad de los ciudadanos en las carreteras. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los vehículos de carga pesada son responsables de alrededor del 14 por ciento de los accidentes fatales en las carreteras, indica. Aclara que la prohibición de los doble y doble semirremolques, no implicaría un freno al desarrollo del transporte de mercancías. Hay alternativas viables, como el uso de vehículos más pequeños y eficientes, que pueden realizar el mismo trabajo sin los riesgos asociados a los vehículos de gran tamaño. La iniciativa refiere que en muchos países del mundo está prohibida la circulación de tráileres de doble remolque, por ser altamente peligrosos. Además, el transporte de carga está sujeto a estricta regulación, que incluye límites al peso de carga, sanciones millonarias a infractores y penas de prisión, como es el caso de Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania. Ante ello, indica, la reforma propuesta es una medida urgente y necesaria para salvaguardar el derecho a la vida de las personas en México, pues coadyuvaría a prevenir tragedias y asegurar un entorno más seguro para todos los usuarios de las vías públicas. “Estas reformas son un paso fundamental hacia la construcción de un entorno vial más seguro y responsable, en el que podamos transitar sin temor por nuestras vías públicas”, puntualiza.

De salida les informamos que el diputado José Narro Céspedes (Morena) externó su respaldo a las y los productores de agave de Jalisco, quienes enfrentan una crisis por el abuso del coyotaje y la caída de precios que amenazan su sustento y el futuro del sector. “Desde Morena vamos a defender su trabajo y garantizar precios justos con una estrategia real y sostenible”, sostuvo en rueda de prensa. Es necesario acabar con el despojo, el atraco que les están haciendo a los agaveros, sostuvo. En su oportunidad, René Báez, líder agavero, denunció que el Consejo Regulador del Tequila (CRT) ha incurrido en prácticas que provocan “una falsa percepción de sobreproducción” para abaratar el precio del agave maduro. Asimismo, hizo un llamado a la Cámara de Diputados y el Senado de República para que haga una legislación para proteger el campo. Por su parte, la representante regional de El Barzón en la zona sur de Jalisco, Hisamar Osorio Macías, denunció un grave problema del desvío de recursos en la industria del agave y la evasión fiscal de grandes empresas que han dejado de pagar lo que les corresponde. En su intervención, el fundador y presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de El Barzón, Maximiano Barboza Llamas, reconoció que en el campo todavía hay estragos muy fuertes del proyecto neoliberal; por tal motivo, “El Barzón retoma la lucha por los productores de agave para darle rentabilidad”. “La agroindustria de agave y tequila, pasa por una crisis muy fuerte y no es por el exceso de agave, es por el exceso de vicios que han creado las propias tequileras a través de una asociación civil que crearon para manipular todo el proceso”, aseguró. Pidió apoyo “a los diputados federales para que formulen ley que regule a toda la agroindustria. Resaltó que, de todas las áreas del campo, el sector agavero es el más rudimentario, el más atrasado”.

Rugidos

¿Tiempos de Transformación?

El proceso de elección a importantes cargos del Poder Judicial en México, dejará mucho que desear en estos tiempos de transformación que, por lo menos en este tema, no termina por ganar el orden,  la transparencia y el aseo en un paso que busca ganar credibilidad.

Elegir jueces, magistrados y ministros no supera la percepción de ser una ocurrencia de los políticos que gobiernan en México y, sabedores de vender ideas, planes y programas lanzan disparates en busca de que los acepte la sociedad, pese a saber que llevarlos a cabo será imposible.

De entrada cabe refrescar la pregunta que se hizo una y otra vez, cuando se planteó la posibilidad de llevar a cabo elecciones en el Poder Judicial de México: ¿ Qué no había otro camino para limpiar, democratizar y transparentar el quehacer de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en México”.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, padre de este proceso democratizador que buscar nuestro país, lanzó ayer un fuerte señalamiento al respecto. “Sí logro entender la boleta electoral del Poder Judicial, votaré. Si no, declinaré.”