Selva Política

*Proponen Sancionar Hasta con 10 Años de Prisión a Quien Hackee Sitios Digtales

*Quieren Diputados Internet Público en los Servicio que Ofrecen los Municipios

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) impulsa una iniciativa de reforma al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para que se sancione de tres a diez años de prisión y multa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización, a quien sin autorización acceda a un sistema de informática o datos protegidos por algún mecanismo de seguridad, con el fin de sustraer, modificar, destruir, copiar o alterar información.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, plantea endurecer las penas a quienes ejecuten ese delito, y establece que cuando sea cometido para causar un daño psicológico o material a la víctima, la pena será aumentada en una tercera parte.

El legislador argumenta que el phishing, el ransomware y las violaciones de la seguridad de los datos son ejemplos de las actuales ciberamenazas, donde los ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y mejor organizados, así como el modo en que adaptan sus ataques y cooperan entre sí.

En este sentido, indica que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los principales delitos cibernéticos son la extracción de datos sin consentimiento (hacking), ataques intencionados a sistemas operativos y software (cracking), forma de engaño para obtener información bancaria (phishing), mensajes digitales con ligas de internet falsas al correo digital (spamming) y extorsión digital (ciberterrorismo).

Considera que, si bien el Gobierno Federal ha realizado acciones encaminadas al combate de los delitos cibernéticos, para lo cual se han creado distintas policías cibernéticas, tanto federales como locales, el Poder Legislativo debe dotar de marcos legales eficientes en el combate de este ilícito.

El diputado subraya que, al endurecer las penas por los delitos cibernéticos, la delincuencia se encontrará ante un sistema que realmente castiga estas acciones y se abstendrá de realizarlas, ya que en la actualidad la penalidad es muy baja --de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa-- y pueden salir fácilmente bajo fianza o caución.

Enfatiza que un aumento significativo en las penalidades generará una baja significativa en estos delitos, ya que la delincuencia no verá estas actividades como un modo de generar ganancias y no salir perjudicada.En otro tema, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, impulsó una iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política, a fin de incluir internet público dentro de los servicios que tengan a su cargo los municipios.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, señala en sus considerandos que con la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 115 constitucional para prestar el servicio de internet en sitios públicos, en caso de participación de particulares el municipio deberá implementar el marco jurídico que le permita funcionar y hacer efectivo el derecho a la conectividad.

Esto sería válido únicamente durante el periodo correspondiente a cada administración municipal, en apego a la legislación vigente, agrega.

Además, expone que en dicha contraprestación el servicio público de internet deberá ser gratuito para las y los ciudadanos, y deberá establecerse un límite a las decisiones y actuaciones de los ayuntamientos al momento de suscribir convenios.

Menciona que los municipios están obligados a ejercer la prestación de servicios públicos, y que, al ser de orden público, no tendrán ánimos de lucro, y se facultará a ejecutarlo por sí mismo, en colaboración con otras instituciones de la administración pública o particulares en su caso.

Agrega que la conexión a internet es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2011, así como la Constitución Política establece en el artículo 6 que el Estado deberá garantizar el acceso a internet.

Sin embargo, en México, la mayoría de la población no cuenta con acceso a la red, dado que no está en sus posibilidades pagar las cuotas que establecen las empresas, o simplemente por falta de servicio en su comunidad.

Ante ello, el diputado Sandoval Flores enfatiza que el objetivo de la iniciativa es otorgar las facilidades a la ciudadanía para garantizar el derecho a la conectividad a internet, y así cerrar la brecha digital que existe en México.

Por otra parte, la diputada María de los Ángeles Ballesteros García (Morena) propuso que los planes y programa de estudio que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y particulares, incluyan “el fomento de la cultura de la legalidad y la prevención, combate y erradicación de los actos de corrupción”.

La iniciativa, que adiciona la fracción XVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de Educación, considera que el objetivo no solo es fortalecer la formación ética y ciudadana de las futuras generaciones, sino contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

Destaca en su exposición de motivos que México ocupa el lugar 126 de 180 países evaluados, con una calificación de 31 puntos sobre 100, lo que refleja que persisten prácticas corruptas en distintos ámbitos de la vida pública, principalmente en materia social, político y económico.

Señala que si bien la educación tiene el poder de moldear valores, actitudes y comportamientos, desde edades tempranas, enseñar principios éticos fomenta el respeto por las normas promoviendo una conciencia crítica frente a las prácticas corruptas.

Por ello, desde el aula se pueden implementar actividades y contenidos que sensibilicen sobre la importancia de actuar con integridad, con simulaciones y juegos que representen toma de decisiones éticas, discusión de casos reales de corrupción y sus efectos en la sociedad, o talleres y campañas escolares que promuevan valores como la transparencia y la responsabilidad.

Deja claro que la corrupción socava la confianza ciudadana sobre las instituciones, debilita el Estado de derecho y perpetúa desigualdades sociales.

Refiere que datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023, del INEGI, revelan que el 83.1 por ciento de las personas considera que la corrupción es más frecuente en sus estados y 44.7 por ciento declaró ser testigo de actos de corrupción.

Agrega que ese mismo año, el costo total a consecuencia de la corrupción por pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue de 11 mil 910 millones 615 mil 651 pesos, lo que equivale a 3,368 pesos por persona afectada.

La diputada Ballesteros García subraya que ante el problema de corrupción a nivel global varios países han implementado estrategias educativas, con la finalidad de fomentar la transparencia y la ética desde las aulas, incorporando en sus planes de estudio temas relacionados con el combate a la corrupción.

Con base en ello, concluye que la educación es un pilar fundamental para combatir la corrupción que durante años se ha arraigado en el país y que se viene transmitiendo de generación en generación, cuyo fenómeno es consecuencia de múltiples factores históricos, sociales y culturales que moldearon la forma de hacer y ejerce el poder y las relaciones sociales.

De salida les informamos que diputadas integrantes del grupo parlamentario de MC plantearon reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial emita, promueva y fortalezca la implementación de protocolos, lineamientos y manuales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual en el transporte público y privado de pasajeros.

Lo anterior, indica, en coordinación con las autoridades competentes y las empresas prestadoras del servicio, con el fin de garantizar condiciones de movilidad seguras para las mujeres y demás personas usuarias.

Las reformas a los artículos 1, 7 y 11 de dicha norma legal también establece que, en materia de seguridad, las autoridades deberán observar la directriz de una movilidad libre de violencia que definen como la implementación de dichos protocolos, lineamientos y manuales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual en el transporte público y privado de pasajeros.

Asimismo, se propone señalar que la mencionada ley tendrá entre sus objetivos reconocer los servicios de movilidad privados, como una extensión de la red de transporte público.

El documento resalta que la movilidad en el país se ha convertido en célula de la violencia y es necesario comenzar a establecer alrededor de ella protocolos que protejan a las mujeres.

Afirma que, a diferencia de los hombres, cuyos desplazamientos suelen ser más lineales, limitándose en la mayoría de los casos a ir y venir del trabajo, la movilidad femenina es mucho más compleja y riesgosa, pues las mujeres más jóvenes son quienes tienen el mayor índice de violencia sexual en el transporte y los espacios públicos.

Las mujeres, agrega, suelen realizar trayectos múltiples y diversos debido a las responsabilidades de cuidado que tradicionalmente se les asignan, como atender a sus hijos, acompañar a sus padres, hacer compras o realizar otras tareas domésticas.

Quienes utilizan con mayor frecuencia el transporte público son las empleadas con un 41.1 por ciento; las estudiantes, 30.8 por ciento, y en tercer sitio quien se dedica a las labores del hogar con 13.6 por ciento.

Rugidos

“ Prohibido Prohibir “

La frase acuñada por el ex presidente de México, Andrés López Obrador, aquella que cita puntualmente:  “Prohibido prohibir”, ha tomado más que vigencia en la disputa y encrucijada en la que se encuentra el actual gobierno, respecto a los narcocorridos.

El corrido como género de la música mexicana se interpreta, promueve y repite en cada pueblo, ranchería, municipio y capital de cualquier entidad del país, el cual no tiene otro fin que contar las historias de quienes viven, disfrutan o mueren en hechos fortuitos.

El actual gobierno federal se ha empeñado en prohibir, respaldado por los gobiernos estatales de MORENA, esta legítima expresión musical que en la mayoría de los casos cuenta el destino final que viven los que se dedican a la desobediencia civil, a la delincuencia o al narcotráfico.

Desde los corridos de la revolución mexicana, hasta los de los capos del nuevo milenio, esta expresión musical ha existido, se ha fomentado y forma parte hoy en día de la música popular mexicana. Al prohibir esta expresión, cualquiera que sea su mensaje, sólo se impulsará aun más su promoción e interés de escucharlos dentro y fuera de casa.