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Selva Política

MIGUEL BARBA


  • Tipifican el Delito de Corrupción Deportiva; Habrá Pena de Hasta 6 Años de Prisión

  • Piden Universidades Públicas del País, Aumento a su Presupuesto Para el 2020

La Comisión de Justicia aprobó, con modificaciones, el proyecto de decreto que tipifica el delito de corrupción deportiva, con la adición del artículo 156 a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para imponer una pena de tres a seis años de prisión y multa de 500 a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se duplicarán para el directivo, administrador, empleado o colaborador de alguna institución deportiva, pública o privada, o empresa de juego con apuesta que, por sí mismo o por interpósita persona (simulación) cometa, ofrezca u otorgue cualquier beneficio a algún deportista profesional, integrante del cuerpo técnico, árbitro o juez.

Cita el proyecto de decreto que estos beneficios obtenidos serían a cambio de predeterminar, alterar o realizar actos que sean determinantes para modificar el proceso o resultado de una prueba, encuentro o competencia deportiva profesional.

Cuando en lugar de mediar la obtención de algún beneficio se coaccione física o moralmente al sujeto pasivo, las penas previstas se incrementarán a la mitad.

La instancia legislativa, presidida por la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), plantea en los considerandos del dictamen aprobado, la pertinencia de la iniciativa presentada por el diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras, con el objetivo de adicionar el artículo 399 Ter al Código Penal Federal, en materia de fraude deportivo.

Sin embargo, en el marco de incorporar una mejor técnica legislativa acorde con los principios del derecho penal y derivado del estudio del marco jurídico federal, “se advierte la existencia de una ley especial en la materia que contempla un apartado de delitos en la Ley General de Cultura Física y Deporte”, de aplicación en la República Mexicana.

Por lo tanto, es conveniente ubicar la nueva tipificación en el Capítulo VII del Título Quinto, denominado “De las Infracciones, Sanciones y Delitos”.

Dicha ley contiene un capítulo relacionado con la prevención de la violencia, por lo que el proponente hizo extensivo el objetivo del mismo con la finalidad de fijar sanciones para conductas ilegales deportivas. Por ello, la comisión indicó que esta normativa “es la idónea para establecer un nuevo tipo penal que combata la corrupción deportiva, a fin de tener una exacta aplicación de los principios y reglas que en ella se sustentan”.

La instancia legislativa consideró que las penas propuestas responden al principio de proporcionalidad, establecido en el primer párrafo del artículo 22 constitucional, que rige al derecho penal, que refiere que toda sanción deberá ser proporcional al delito y al bien jurídico afectado.


En otro tema, el secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal para el próximo año de 17 mil 230 millones de pesos para la educación superior.

Sostuvo que las instituciones de educación superior enfrentan una difícil situación, con problemas financieros críticos, derivado de un presupuesto insuficiente que ha recibido en los últimos años, “han hecho más con menos y requieren mayores recursos para lo que hoy se les pide”.

Los recursos adicionales, explicó, estarían destinados al subsidio ordinario para la operación de las universidades y diversos fondos extraordinarios, incluido el que permitirá avanzar en la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, establecida en la reciente reforma constitucional del artículo tercero, el cual requerirá un monto de siete mil 678 millones de pesos.

En una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valls Esponda, subrayó que se necesita un incremento en el subsidio ordinario de mil 969 millones de pesos y para la política salarial, que responde al incremento anual que se debe dar a los trabajadores, de acuerdo a la inflación, mil 443 millones de pesos más.

Asimismo, se requieren tres mil millones de pesos adicionales para el fondo de atención a problemas estructurales, el cual incluye las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la educación, y tres mil millones de pesos más para el resto de los programas.

“Es decir, requerimos un total de ampliación presupuestal para la educación superior de 17 mil 230 millones de pesos, incluyendo el Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad”, indicó.

El representante de la ANUIES advirtió que, de no incrementarse el presupuesto para el próximo año, el déficit acumulado de la educación superior podría alcanzar poco más de 45 mil millones de pesos.

Además, aseveró que la eventual ausencia del Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad demorará el logro de la meta, de alcanzar una tasa de cobertura de al menos 50 por ciento para el año 2024, la cual implica atender más de un millón de nuevos estudiantes en las instituciones de educación superior públicas.

Expuso que el efecto acumulado en las últimas dos décadas, revela que la evolución del presupuesto ha estado por debajo del crecimiento de la matricula pública en el país, lo que se ha traducido en una importante reducción en el subsidio por alumno y en una estrechez financiera de las instituciones para atender sus funciones sustantivas.

“Es decir, mientras que la matrícula ha crecido más de 122 por ciento del 2000 al 2019, el presupuesto federal lo ha hecho solamente en 75 por ciento, lo que ha tenido como consecuencia que la inversión por alumno decrezca en más del 21 por ciento”, precisó.

Agregó que a partir del 2012 a la fecha, el resultado fue más dramático, pues el crecimiento de la matrícula fue de 30.4 por ciento y el incremento presupuestal fue de tan solo 2.7 por ciento.

Valls Espondaapuntó queante las limitaciones del presupuesto ordinario, los fondos extraordinarios han cobrado mucha importancia, ya que permiten llevar a cabo proyectos para innovación educativa, la ampliación de la oferta educativa, formación de personal académico, mejora continua de la calidad y la atención a problemas estructurales, principalmente, jubilaciones y pensiones.

Sin embargo, reiteró, debido a la reducción de estos recursos, todas las instituciones de educación superior públicas, han experimentado una fuerte restricción en sus planes de desarrollo en detrimento de la formación profesional de miles de jóvenes e incluso han desacelerado el crecimiento de la matrícula.

Finalmente, confió en que el gobierno de la República y los diputados conciliarán armónicamente las necesidades educativas con las posibilidades presupuestales del país y apoyarán a las instituciones para que fortalezcan su planta académica y los medios para atender a una creciente población estudiantil, derivada de los imperativos constitucionales de gratuidad e ingreso universal.


Rugidos


Duelo

El lamentable suceso de los estudiantes de Ayotzinapa, registrado hace 5 años sigue doliendo en la conciencia de los mexicano es un hecho condenable que exige justicia plena y castigo para los responsables de este atentado.

Hoy a 5 años del acontecimiento la exigencia por una investigación mas profunda y real está más que sustentada.

Como sociedad, nuestro país no quedó conforme con el esfuerzo de una investigación que aunque pareció muy completa, no terminó por convencer a los familiares y comunidad en general.

El caso de los jóvenes estudiantes debe ser esclarecido y, sobre todo, no debe volver a repetirse nunca más.

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