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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Presenta Bancada de Morena, Iniciativa Para despenalizar el Aborto

*Pide Inmujeres no Criminalizar el Aborto; Urgen Políticas Públicas

Diputadas de Morena presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación y garantizar la interrupción legal del embarazo en todo el país.

La propuesta también contempla castigos a quienes hagan abortar a una mujer sin su consentimiento, y respetará la objeción de conciencia del personal médico que no quiera otorgar dichos servicios; sin embargo, las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado para brindar estos procedimientos, expusieron en conferencia de prensa, acompañadas de un grupo de feministas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, expuso que se realizaron 22 foros regionales denominados “Por la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos como un ejercicio de Parlamento Abierto” y las conclusiones se aglutinaron en esta iniciativa de ley la cual será inscrita en el transcurso de este lunes o mañana martes.

Enfatizó que el tema de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tiene que ver con derechos humanos, salud y justicia social.

Quienes más se han visto afectadas son las mujeres en situación de pobreza, así como las niñas y adolescentes, ya que ha habido años y años de omisión por parte del Estado mexicano en temas como el embrazo infantil, agregó.

Aseveró que los legisladores deben resolver problemáticas sociales que se han regateado en anteriores gobiernos, y que “cualquier otra concepción, desde el punto de vista muy personal, se queda en otro plano”.

La diputada Sandra Paola González Castañeda detalló que en la iniciativa que presentan se reforman los artículos 329, 330, 331, 332, y se derogan los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal.

Con la modificación al artículo 329 se cambia que la definición de “aborto” sea “la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación”, en vez de “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Los cambios a los artículos 330 y 331 se contemplan penas de tres a ocho años de prisión a quienes hicieran abortar a una mujer sin su consentimiento, dependiendo las condiciones.

En cuanto a la Ley General de Salud se adiciona la fracción 5 Bis del artículo 3, así como un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, la adición al capítulo 6 Bis y el artículo 71 Bis.

La adición al artículo 3 contemplaría la interrupción legal del embarazo. Mientras que el artículo 71 Bis, señala que la Secretaría de Salud reconocerá y garantizará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo.

En el artículo 10 Bis, establecería que el personal médico y de enfermería podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley.

No obstante, las instituciones públicas deberán contar en todo momento, con personal no objetor de conciencia para garantizar los procedimientos médicos.

En los transitorios se derogarían todas las disposiciones que se opongan a tal decreto y se exhortaría a los Congresos locales para armonizar sus legislaciones penales al contenido del presente decreto.

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Ayer sobre el tema del aborto en México, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylberman, llamó a generar políticas públicas que protejan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; necesario, un cambio cultural e institucional que no criminalice el aborto, agregó.

“Levantaremos la voz tantas veces como sea necesario, hasta que se comprenda que las mujeres tienen derecho de no frenar sus sueños y proyectos a causa de un embarazo y una maternidad, cuando ésta no es deseada”, manifestó al participar en el foro “Progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

El evento organizado por legisladoras de Morena recogió las propuestas de diversos foros regionales para integrar a una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud relativa al aborto.

Gasman Zylberman saludó este proceso de consulta y consideró que “las modificaciones a la ley de salud representarían un paso para contar con un marco jurídico idóneo integral y progresivo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Señaló que, según estadísticas de la Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, siete de cada 10 mujeres que decidieron abortar tenían entre 18 y 29 años, un periodo de la vida en que pueden impulsar su vida académica y laboral.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2016 diariamente 32 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. O sea, más de 10 mil menores ejercen la maternidad a causa de la violencia sexual o por falta de información y compromiso de las instituciones de salud en cuestión de educación sexual, agregó.

La funcionaria aseveró que el Estado mexicano, por su naturaleza laica, tiene la obligación y el compromiso de garantizar que los derechos sexuales y reproductivos se ejerzan con libertad y sin discriminación.

Llamó a avanzar hacia una política integral de Estado que abarque educación sexual. “Es necesario un cambio cultural e institucional que no criminalice a las mujeres por interrumpir su embarazo, ya sea por decisión en el ejercicio de su libertad o por haber sido víctima de violación”.

“Esta transformación sólo será posible de la mano de los tres órdenes de gobierno, por lo que hago un llamado para que cada cual, desde su trinchera, no frene el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva”.

La titular de Inmujeres celebró el “avance histórico” que tuvo el Congreso de Oaxaca al despenalizar el aborto; no obstante, reconoció que “todavía falta mucho más”.

Sostuvo que es necesario avanzar en la armonización legislativa y generar políticas públicas en esta materia conforme a los más alta es más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Rugidos



Marchas

Las marchas de protestas sociales, sustentadas éstas justamente en el derecho a la expresión, vigente en nuestro país parecen estar siendo dirigidas por el camino equivocado, el de la violencia atizada sin razón alguno.

Ante un nuevo régimen de gobierno, hoy en día, quienes deciden llevar a cabo alguna marcha debieran sentirse con total libertad de hacer saber la causa que los orilló a manifestarse  hasta encontrar una respuesta justa a su exigencia.

Llevar a cabo esta exigencia afectando a todo y a todos a su paso, la manifestación es mal entendida y rechazada por el resto de los sectores de la sociedad. Eso ha sucedido en las dos últimas expresiones sociales que se han dado en la capital del país.

Mañana 2 de octubre, quienes han decidido participar en esta marcha que sigue condenando la agresión, deben entender que la violencia no debe ser el distintivo de la misma.

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