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Selva Política

MIGUEL BARBA


  • Requiere el Caso Sinaloa, Respuesta Clara y de Gran Alcance: Diputados

  • Pide Bancada del PAN, Comparezca Titular de Seguridad Pública Federal

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) consideró que frente a los reclamos legítimos en el tema de la seguridad, por recientes hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, es preciso una respuesta clara y de gran alcance, como en la que trabaja el gobierno mexicano con autoridades estadounidenses, a fin de frenar el tráfico de armas a territorio mexicano.

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados consideró que el cambio de paradigma en materia de drogas, criminalidad y seguridad pública debe cambiar porque han sido años de políticas fracasadas; dijo que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador “va por el camino correcto en ese rubro”.

Los acontecimientos en Culiacán, el pasado 17 de octubre, dejaron al descubierto “el inmenso y poderoso mercado de las armas representa un verdadero reto, pues más del 80 por ciento del armamento que tienen los grupos criminales de México provienen de Estados Unidos”, puntualizó en un comunicado.

Dijo que “para nadie es un secreto que el trasiego ilegal de armas de fuego desde territorio estadounidense es una de las causas profundas de la violencia delincuencial y de la capacidad de fuego con que cuentan las organizaciones criminales en México”.

La legisladora hizo un llamado al gobierno norteamericano a frenar este tráfico, que ponga controles y medidas para la venta de armamento de grueso calibre y de asalto al por mayor. “Debe revisar también los mecanismos para evitar que el paso ilegal de armas a México se mantenga como un negocio rentable y lucrativo”.

Recordó que de 2006 a 2011, el fallido operativo “Rápido y Furioso” que introdujo ilegalmente más de 2 mil 500 armas a territorio nacional, terminaron en manos del crimen organizado.

“El gobierno mexicano ha reconocido frente a la sociedad las fallas de una operación que mantiene encendido el debate público. Frente a los reclamos legítimos es preciso una respuesta clara y de gran alcance, como la que ya se trabaja en el tema de las armas”, acotó Padierna Luna.

“La Cuarta Transformación representa el mandato del cambio en materia de seguridad y que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va por el camino correcto en ese rubro”, destacó.

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Sobre el tema, diputados del PAN, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, pidieron que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño informe sobre los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa.

En conferencia de prensa, informaron que con ese fin presentaron una solicitud (a la Junta de Coordinación Política) para que se adelantara la comparecencia del secretario de seguridad, este miércoles 23 de octubre, sin embargo, la propuesta fue rechazada, porque ya estaba agendada para el 31 de octubre.

“Entonces, no habría ningún interés por parte de la mayoría y sus aliados en adelantarla”, añadieron.

El diputado Jorge Espadas Galván expuso que los hechos ocurridos en Culiacán no tienen precedentes para las ciudadanas y ciudadanos “que merecen conocer ya, cuáles fueron las circunstancias, qué fue lo que realmente ocurrió y a qué se debió la fallida estrategia de las fuerzas de seguridad”.

Adelantó que en la Jucopo acordaron que mañana martes se debata con amplitud el tema como parte de la agenda política, en el Pleno de la Cámara de Diputados, “nosotros nos sumamos para que las y los mexicanos estén debidamente informados”.

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera consideró que la liberación de Ovidio Guzmán, presunto integrante del crimen organizado, “deja muy claro que estamos ante un acuerdo de paz de facto entre el gobierno y la delincuencia organizada”.

“Es por eso que, de manera muy puntual, hoy se solicitó adelantar la comparecencia del secretario, Durazo Montaño, porque las respuestas ya no pueden esperar; cada día es más trágico que el anterior…por la ineptitud con la que se están tomando las decisiones, la nula o muy mala estrategia que está desempeñando el gobierno federal en materia de combate a la delincuencia organizada”, expresó.

Macías Olvera refirió que el artículo 150 del Código Penal Federal establece que “no se puede negociar ni entregar a un presunto delincuente al crimen organizado”.

“Ya quedó claro que al gobierno federal no le interesa el Estado de derecho, en Acción Nacional vamos a luchar puntualmente para que se esclarezca y sobre todo, haya consecuencias de lo que sucedió el jueves pasado y no se vuelva a repetir”, dijo.

La diputada Adriana Dávila Fernández explicó que lo que se está discutiendo “no es porque tengan un rechazo al presidente de la República como persona, sino por sus decisiones institucionales que, de una u otra forma, están afectando el desarrollo de este país y esa paz que no se ha construido”.

Comentó que lo que sucedió el pasado jueves, 17 de octubre, fue que se entregó al Estado mexicano y arrodilló ante el crimen organizado, “lamentamos y creemos que este ejemplo puede aplicarse en muchos otros lugares de la República mexicana en donde el narco encontró un camino para chantajear y lastimar al gobierno”.

“Sería muy valiente que el Presidente aceptara las equivocaciones que tuvo en la estrategia del pasado jueves, (de lo contrario) nos parecería que estaría incurriendo en una omisión gravísima”, agregó.

Dávila Fernández consideró fundamental que el secretario de la SSCP, Alfonso Durazo, dé la cara para que explique con certeza qué fue exactamente lo que paso en Culiacán, ya que “vemos un retroceso enorme en el combate a la delincuencia organizada”.

“Nosotros exigimos que haya una explicación clara y que no se evada una responsabilidad, queremos que con la misma fuerza y contundencia con las que combate a sus adversarios políticos electorales, la presidencia de la República combata a estos carteles de las drogas que están lastimando a la sociedad. Esperamos que tenga consecuencias por estas acciones equivocadas”, finalizó.


Rugidos


Salud Para Todos

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer lo que será su Plan Nacional de Salud, el cual contempla la creación del Instituto de Salud para el Bienestar que vendrá a sustituir al Seguro Popular, el cual estaba plenamente identificado por parte de los sectores sociales menos favorecidos en el país.

La medida gubernamental contempla además la basificación de 87 mil profesionales de la salud y una inversión de 34 mil millones de pesos para ser invertidos en la deteriorada infraestructura que registran clínicas, hospitales e institutos de salud en México.

Lo mejor que podría pasar a los mexicanos que enfrentan una gran ausencia en atención a la salud, es que llámense como lo quieran, las nuevas instituciones y acciones que pondrán en marcha, permitan atender el principal reclamo social que un país en vías de desarrollo como México exige: servicios eficientes de salud.

Habrá que esperar los resultados.

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