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Selva Política

MIGUEL BARBA


  • Avala la Cámara de Diputados, Iniciativa Para Retirar Fuero al Presidente

  • Aprueban Diputados Crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

La Cámara de Diputados avaló, con cambios, la minuta del Senado de la República que reforma la Constitución Política, para establecer que el Presidente de la República podrá ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

Tras dos horas y media de discusión, el Pleno la aprobó por mayoría calificada (dos terceras partes del quórum), en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 19 en contra y cinco abstenciones, a las 16:00 horas.

El documento –que reforma los artículos 108 y 111 de la Carta Magna– fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional.

Los delitos referidos son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Actualmente, el artículo 108 indica que el Presidente de la República “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

El Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.


El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

La discusión inició a las 13:35 horas con la fundamentación del dictamen, en tribuna, a cargo de la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señaló que la minuta se modificó porque “los integrantes de esta Comisión advirtieron una discordancia entre el texto de la reforma al artículo 108 constitucional y el espíritu de la propuesta originalmente plasmada en la iniciativa del Ejecutivo”.

Destacó que la iniciativa del presidente de la República busca eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la federación, y no así la minuta del Senado.

Refirió que, actualmente, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero.

Finalmente, comentó que es necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional de la que gozan actualmente servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la comisión de delitos federales.


Otra aprobación importante ayer por parte de la Cámara de Diputados, el dictamen que expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se creó con la reforma laboral publicada el pasado 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

El Pleno lo aprobó en lo general con 410 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones; posteriormente en lo particular, con 400 votos en pro, nueve en contra y 16 abstenciones, luego de desechar una reserva presentada por la diputada Mónica Almeida López (PRD).

El documento se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Surgió de una iniciativa del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), el pasado 3 de octubre, dictaminada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La ley consta de 25 artículos divididos en cinco títulos (I. Disposiciones general, II. De las atribuciones del Centro, III. De la administración, organización y funcionamiento del Centro, IV. De la vigilancia, control y evaluación del Centro, V. Del patrimonio del centro), así como de cuatro preceptos transitorios.

El Centro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos del orden federal.

Será competente para registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados

El dictamen fue fundamentado, en tribuna, por el diputado Isaías González Cuevas (PRI), secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, luego de que la Mesa Directiva hizo la declaratoria de publicidad y el Pleno autorizó que se sometiera de inmediato a discusión y votación.

González Cuevas señaló que el Centro jugará un papel importante en la vida laboral para evitar que los conflictos se vayan a los juzgados, a los tribunales de trabajo.

“Este Centro contará con gente especializada para conciliar todos los conflictos, y de esa manera las trabajadoras y los trabajadores van a resolver los problemas que se presenten en la vida laboral”, apuntó.

“Es algo nuevo, importante, que va a evitar lo que hoy se vive todavía en las juntas locales y federales de Conciliación y Arbitraje, y que por eso tenemos un rezago de conflictos porque no hay un sistema moderno de resolver los conflictos laborales como lo va a ser el Centro de Registro Laboral que hoy estamos presentando”, abundó.

Este órgano de conciliación y registro laboral “también tendrá la encomienda de auxiliar a los trabajadores en el proceso de elección de su mesa directiva, de todas las mesas directivas sindicales”.


Rugidos


Transportistas

Miles de transportistas en el país se manifestaron ayer en las carreteras federales en  demanda de respuestas a sus demandas como es la de poner fin a los sobornos de parte de autoridades para seguir circulando, así como impedir ya la circulación de tráiler de doble remolque, generadores de múltiples accidentes.

Agrupados en su asociación nacional, ayer los transportistas mostraron civilidad y decidieron manifestarse sí, pero sin llevar a cabo bloqueos al tránsito de millones de automovilistas en autopistas del país. La capital del país no fue la excepción y, aunque un buen número de manifestantes se congregaron a las afueras de la Cámara de Diputados, no se asfixió a la Ciudad de México.

La exigencia para que se atiendan sus demandas, seguirá. Los transportistas han dicho que quieren a la ciudadanía de su parte, no en contra de ellos. Con medida civilizada como la aplicada, seguro lo conseguirán.

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