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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Rechazan Diputados del PAN la Ley de Amnistía Presentada por el Ejecutivo

*Pueblos Indígenas, Reciben Apoyo Sobre la Ley General de Aguas Nacionales

Diputados del PAN expresaron su rechazó a la Ley de Amnistía presentada por el Ejecutivo, ya que implicará la liberación y perdón de delincuentes.

En rueda de prensa, hicieron un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador a fortalecer el sistema jurídico del país y el Estado de derecho.

"Presidente (Andrés Manuel López Obrador), fortalezca el Estado de Derecho, sancione a quien delinque, no deje los crímenes impunes sin importar qué tan allegados sean a usted. La ley que propone va a liberar delincuentes. Acción Nacional exige seguridad para México, pues con esta ley se va a dañar mucho más el tejido social", señalaron.

La diputada Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, sostuvo que la iniciativa de Ley no está construida en un ánimo de fortalecer el Sistema Jurídico, el Estado de Derecho; "al contrario, parece que lo cuestiona, más cuando nuestro propio marco jurídico constitucional ya prevé las garantías a los que están sujetos los mexicanos”.

"Esto es una salida fácil, pero además es una salida con tintes electorales, y creo que por ello no debería salir de la Cámara de Diputados: Esa es la postura que tiene Acción Nacional. Es una postura que sí privilegia el Estado de Derecho, que escucha a la gente que nos dio la confianza de estar aquí", enfatizó.

Recordó que en 2011 se recogió el principio pro persona garantizando de manera fehaciente, en el artículo primero constitucional, el respeto irrestricto de los derechos humanos y elevando a nivel constitucional los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Además, le mandata al Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Mencionó que lo anterior ya está reflejado en el marco jurídico secundario, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución.

"Entonces, por un lado, decimos queremos amnistía para beneficiar a unas personas, pero no otorgamos el fortalecimiento suficiente a las instituciones que están responsables de impartir justicia", apuntó.

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera dijo que con dicha ley, Morena pretende perdonar delincuentes, por ello hizo un llamado a la sociedad para que se involucre, movilice y alce la voz, "para no permitir este atropello a la seguridad no al perdón de delincuentes”.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas aseveró que la Ley de Amnistía es ambigua, porque "en vez de inhibir la comisión del delito, lo promueve, fomenta, aplaude y ofrece libertad a procesados, sentenciados y a quienes sean detenidos en el momento de delinquir”.

"Delitos como robo sin violencia, robo a casa habitación, sustracción de celulares, robo de tarjetas, cristalazos, delitos cibernéticos, robo de identidad y narcomenudistas terminan siendo beneficiados porque no se generará ningún antecedente; quedarán con un expediente totalmente limpio", dijo.

Mencionó que la ley no fortalece la reinserción social ni reduce los vicios en los procedimientos en los procesos judiciales y no es sensible con las víctimas que claman justicia.

"En síntesis, es otro capricho de López Obrador, ya que el Código de Procedimientos Penales Federal ya contiene las figuras que quiere plantear para distraer la atención de las ciudadanas y ciudadanos para hacer de esta ley un proceso en beneficio de algunos", expresó.

García Rojas aseguró que el gobierno federal no ha fortalecido a las instituciones de impartición de justicia, ya que han sido "víctimas de un austericidio constante en contra de su funcionalidad”.

"Más allá de traer respuesta a las necesidades del país, perjudica a los ciudadanos y atentan contra el buen funcionamiento del Estado", apuntó.

El diputado Absalón García Ochoa, integrante de la Comisión de Justicia, enfatizó que es un grave error el proyecto de dictamen de la iniciativa de ley presentada por el presidente de la República e impulsada por Morena, porque "pretende otorgar el perdón a la delincuencia y a quienes han cometido agravios a la sociedad”.

"En la Comisión estaremos votando en contra de esta iniciativa y desde acá alertamos a la sociedad, porque lo que se pretende realizar es liberar a un sinnúmero de personas que han afectado a la sociedad y en el PAN no lo vamos a permitir", manifestó.

El diputado Hernán Salinas Wolberg puntualizó que el Presidente pretende con la Ley de Amnistía "acrecentar su base electoral con delincuentes con miras al proceso electoral de 2021 no hay otra lógica jurídica, no hay una razón de Estado para sacar adelante esta ley”.


En otro tema los diputados Feliciano Flores Anguiano y Casimiro Zamora Váldez (Morena) respaldaron a representantes de los pueblos indígenas del país, que exigen que en la construcción de la nueva Ley General de Aguas Nacionales se atiendan y respeten sus demandas y sus tierras.

Asimismo, piden que como cuidadores ancestrales de este recurso, se les destine mínimo el 25 por ciento de las ganancias por explotación y aprovechamiento de los mantos acuíferos.

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Feliciano Flores Anguiano anunció que este martes se realiza el foro regional número 28 rumbo a la construcción de esta nueva legislación y se prevé culminar en febrero con un foro nacional, a fin de presentar la iniciativa en marzo próximo.

El diputado Casimiro Zamora Váldez sostuvo que este nuevo ordenamiento no puede dejar fuera a las comunidades indígenas, porque desde tiempos inmemoriales han tenido el dominio del agua y es tiempo de hacerles justicia.

“Estamos en tiempo y forma para incorporar sus inquietudes. Sabemos que las comunidades indígenas siempre estarán presentes en el uso de pozos y norias, esta Ley de Aguas Nacionales no puede pasar desapercibida con una limitación que algunas comunidades pudieran tener para el disfrute y uso del agua”.

No se puede construir una nueva ley en la que no se proyecten resultados, por ello se trabaja con todos los sectores del país, a fin de que nadie se sienta ni quede desplazado y que todos tengan acceso a este recurso natural.

María Antonieta Hernández, del Movimiento Indígena Nacional, señaló que es primordial que en esta nueva Ley General de Aguas Nacionales se atienda y respete a las comunidades indígenas del país y sus tierras y se dé apertura permanente a la participación de 68 pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución.

Entre sus demandas destaca la necesidad de que haya una planeación y seguimiento con base a la experiencia tradicional de las reforestaciones para el mantenimiento en las comunidades indígenas.

Asimismo, que como administradores del agua, las concesiones de los pozos de este recursos sean a nombre de los pueblos originarios, pues no sólo se benefician estas comunidades, sino las ciudades y la sociedad en general.

Abel Ramírez Hernández, de la comunidad mazahua, sostuvo que el tema del agua es asunto de todos, pero es momento de empoderar a los pueblos indígenas para tomar decisiones responsables y garantizar en conjunto con los tres órdenes de gobierno su abastecimiento, generar empleos en las regiones donde hay manantiales y fortalecer la reforestación.

Pidió que se destine el 25 por ciento de las ganancias por la explotación y aprovechamiento de los mantos acuíferos del país y que se reconozca la cosmovisión y contacto que tienen con la naturaleza.


Rugidos


Pa ´ bajo

El primer revés firme, sólido y casi contunde fue asestado a la llamada Ley Bonilla que busca que el actual gobernador de Baja California represente esa entidad, no 2 años para lo que fue votado, sino 6 años.

Con la ley en la mano, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitieron y sustentaron su determinación, la cual advierte desde el punto de vista jurídico que asesta un revés a las aspiraciones de don Jaime Bonilla.

El informe y el argumento jurídico se lo hicieron llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual deberá analizar el caso y tomar la determinación respecto al futuro político del hoy gobernador.

No tardará mucho para que el máximo órgano de impartición de justicia, la SCJN, le haga saber a don Jaime Bonilla que gobernará solo dos años.

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