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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Buscarán reformar la Ley de Seguridad Nacional, Ante Ataques Cibernéticos

*Urgen a Entes Púb licos, Interconectarse a la Plataforma Digital Nacional

La Comisión de Seguridad Pública analizará una iniciativa de la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) para reformar la Ley de Seguridad Nacional, con el propósito de combatir los ataques cibernéticos y que sean considerados como amenazas a la seguridad nacional.

A través de su iniciativa, la legisladora señaló que las consecuencias de los ataques cibernéticos no sólo generan pérdidas económicas, sino el robo de información privilegiada o de alta importancia en instituciones bancarias, empresas productivas del Estado o de tecnología, así como datos de ciudadanos en general.

Subrayó que los ciberataques pueden ocasionar una multiplicidad de daños en los distintos eslabones de la cadena productiva; por ello, la importancia de proteger la información o sistemas de datos, por medio de la prevención, detección y respuesta a una o varias agresiones.

Refirió que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST, por sus siglas en inglés) define el riesgo cibernético como la posible pérdida financiera, interrupción operativa o daño, debido a la falla de tecnologías digitales empleadas en funciones informativas u operativas introducidas a un sistema por medios electrónicos sin acceso autorizado, para el uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción de los sistemas.

Resaltó que el crecimiento de la red de datos de manera global y la creación de nuevos avances tecnológicos “nos obliga a tomar acciones que salvaguarden la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que compartimos en internet”.

En México, destacó, se han presenciado incidentes de ciberataques que le han costado grandes cantidades de dinero a nuestro país. Prueba de ello es el incidente registrado el 17 de abril del año 2018 al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual es un mecanismo de liquidación en tiempo real desarrollado por el Banco de México (Banxico) que permite a las instituciones realizar envíos y transferencias de fondos en moneda nacional.

El monto sustraído a través del ciberataque al sistema no fue fácil de calcular, ya que no todas las instituciones afectadas publicaron cifras al respecto, precisó.

Hernández Pérez refirió que el más reciente fue el dirigido contra Petróleos Mexicanos (Pemex), donde los ejecutores esperaban recibir 4.9 millones de dólares a cambio de restaurar los archivos de la petrolera.

Mencionó que la directora regional de la empresa de ciberseguridad Darktrace, Laura Jiménez, advirtió que “aunque el daño generado por el ataque contra Pemex parezca ser mínimo, debería tomarse como una llamada de alerta, y que las amenazas cibernéticas a la infraestructura son una de los mayores peligros a la seguridad nacional de México”.

Por ello, propuso adicionar los artículos 5 y 6 a la Ley de Seguridad Nacional para establecer que son amenazas a la seguridad nacional los “actos ilícitos perpetuados en el ciberespacio que atenten contra la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y la infraestructura crítica del Estado, y los perpetuados en el ciberespacio que atenten contra la estabilidad, soberanía y la paz del Estado”.


Por otra parte, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena) urgió a los organismos públicos federales y estatales que tengan a su cargo sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información, a realizar acciones puntuales para interconectarlos a la Plataforma Digital Nacional.

Mediante un comunicado, indicó que presentó un punto de acuerdo con ese objetivo, el cual también fue suscrito por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y el senador Primo Dothé Mata, legisladores de Morena, y fue remitida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Primera Comisión para su análisis y, en su caso, aprobación.

Andrade Zavala explicó que su propuesta plantea que los Poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, dependencias, y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; municipios, alcaldías de la Ciudad de México y dependencias realicen las gestiones necesarias para cumplir con lo que mandata la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo mismo para la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno.

“La Cuarta Transformación tiene un compromiso en el combate a la corrupción; se está luchando día a día con la intención de erradicar este mal”, manifestó.

Andrade Zavala explicó que las Leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción y la General de Responsabilidades Administrativas prevén el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional que permita cumplir a los sujetos obligados con los procedimientos, obligaciones y disposiciones.

Comentó que la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra integrada por la información que a ella se incorpore, por parte de las autoridades que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y deberá contar, al menos, con los siguientes datos electrónicos: el de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.

Además, con Sistemas de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; Nacional de Servidores públicos y particulares sancionados; de información y comunicación y del Nacional de Fiscalización; de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y de Información Pública de Contrataciones.

“Contar con una base de datos a nivel nacional, que esté interconectada con todas las entidades gubernamentales de las tres esferas gubernamentales, implicará combatir la corrupción desde diferentes ámbitos con una herramienta eficaz”, aseveró.

Sin embargo, el diputado mencionó que al día de hoy el estado de México es la única entidad federativa que ha interconectado sus bases de datos a la Plataforma Digital Nacional, a pesar de que la ley fue publicada desde 2016.

“Los gobiernos de las pasadas administraciones no consideraron darle la debida importancia al andamiaje de un sistema que permita detectar a quienes cometieron actos de corrupción y que ya han sido sancionados, para tomarlo en consideración para sus contrataciones”, señaló.

Andrade Zavala consideró que es necesario armonizar a los entes públicos federales y estatales, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, a través de la Plataforma Digital Nacional, a fin de que tengan una herramienta que les permita optimizar y acceder a la información necesaria en el ejercicio de sus atribuciones.

“Toda esta información será de vital importancia tenerla a la brevedad en operación y disponible, puesto que así este Sistema Nacional Anticorrupción se convertirá en una verdadera herramienta eficiente en el combate de la corrupción”, concluyó.


Rugidos


Turbulencias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de plano que “se voló la barda” ayer, luego de asegurar con mucha seriedad, momentos antes de concluir su conferencia mañanera que venderá el avión a través de la Lotería Nacional.

López Obrador planteó a los reporteros vender 6 millones de “cachitos” en 500 pesos cada uno. Los reporteros, confundidos y extrañados, mirándose unos a otros, coincidían en pensar que lo que decía, era broma.

Hasta que el mandatario mexicano insistió seriamente que esa posibilidad de venta la analiza ya, los comunicadores supieron que decía la verdad. Ni duda cabe que hay turbulencias en torno a la venta de avión presidencial TP-01.

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