• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA


*Entró en Vigor la Ley que sanciona la Violencia Política Contra la Mujer

*Presenta Morena, Nuevamente, Iniciativa Para Reducir Recursos a Partidos

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que modifica ocho leyes para combatir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El decreto, que fue aprobado por el Congreso de la Unión, el pasado 18 de marzo, entra en vigor a partir de este martes 14 de abril.

Se reforman las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales, de Responsabilidades Administrativas y las leyes Orgánica de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación.

Se incluye como modalidad la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual se definió como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

Asimismo, su acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de candidaturas y precandidaturas o que ya sean funcionarias u ocupen cargos públicos.

Además, quien cometa violencia política contra las mujeres será aquella persona que pretenda menoscarbar los derechos de las mujeres o discriminarlas por alguna situación y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes.

También por precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

Estipula que el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales (Oples), los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, con la asignación del 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.

El decreto establece sanciones y la reparación del daño, dependiendo de la gravedad de la situación; asimismo, la obligatoriedad de los partidos políticos de promover los derechos de las mujeres, respetar la paridad de género y capacitar a su militancia.

Entre las sanciones destaca reducir el financiamiento hasta en 50 por ciento a partidos políticos, cancelar su registro, cancelar prerrogativas al agresor y en casos más graves se considera una pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.

Establece también que para aspirar a ser un legislador o legisladora no se deberá estar acusado de haber ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género.

En su régimen transitorio proyecta que las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de las reformas, se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

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Quienes no quita el dedo del renglón es el Grupo Parlamentario de Morena presentó una nueva iniciativa para reducir al 50 por ciento el financiamiento público para los partidos políticos nacionales, y poder reorientar esos recursos a programas de salud y reactivación económica para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La nueva propuesta surge en el contexto de una emergencia sanitaria desatada por la pandemia global del Covid-19, que requiere un reacomodo del gasto público y direccionar los recursos a las áreas que demandan una mayor prioridad para la contención y tratamiento de la emergencia, afirmó la bancada en un comunicado.

“Morena plantea reducir el monto de recursos públicos otorgados a los partidos políticos, el cual se ha multiplicado en diez veces desde la consolidación del actual régimen de financiamiento público en 1996, al pasar de 386 millones de pesos en 1997 a 3 mil 941 millones de pesos en 2017”, señaló.

El Grupo Parlamentario, coordinado por el diputado Mario Delgado, consideró urgente que las fuerzas políticas pasen de los buenos deseos a las acciones y reivindiquen para la población los recursos públicos que les pertenecen.

“Creemos fervientemente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No puede haber partidos que dilapidan recursos públicos en un contexto político electoral regido por el dinero, frente a una situación nacional que demanda cada vez más recursos, hoy, para atender la emergencia y superar pronto sus secuelas, más adelante, para superar la amplísima brecha de desigualdad que sume a la gran mayoría de las familias en México en situaciones de pobreza y pobreza extrema”, expuso.

En ese sentido, y sin trastocar los principios de proporcionalidad, se propone la reducción de un 50% de los recursos (al disminuir el factor de 65% a 32.5% en el cálculo establecido en el artículo 41 constitucional), para así liberar una cantidad significativa de recursos públicos, la cual tan solo para el año 2020 sería de 2 mil 619 millones de pesos.

La bancada detalló que la nueva iniciativa establece un segundo artículo transitorio por el que los recursos liberados por esta reforma se destinarán a los programas de salud y de reactivación económica respondiendo a la emergencia generada por la pandemia.

“Esta propuesta para reducir el financiamiento de los partidos políticos se ciñe a los compromisos de austeridad y gasto responsable que se requieren para la construcción de la nueva vida pública del país”, concluyó.



Rugidos


Incertidumbre

Los días pasan y mientras las autoridades federales aseguran que está por llegar el golpe más firme de la pandemia en contra de la población mexicana, el pueblo bueno y sabio parece no terminar por tomarse en serio las medidas que podrían romper la cadena de contagio comunitario.

Pese a las advertencias, se sigue viendo muchas personas, algunas en grupos en entidades del país, sobre todo en localidades donde los usos y costumbres, hacen a un lado las recomendaciones sanitarias para aminorar el golpe que se asegura nos dará la pandemia del coronavirus.

Las estadísticas y cálculos hechos con anterioridad sobre los tiempos y número de personas que podrían caer enfermos por la letal enfermedad, parece no llegar. Millones de mexicanos empiezan a mostrar signos de agotamiento y fastidio al estar recluidos en casa y saber que faltan un mes para corroborar si, efectivamente el Covid-19 nos alcanzó o, en el mejor de los casos logró ser controlado casi del todo.

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