Selva Política

MIGUEL BARBA

*Iniciativa Para Castigar con 10 Años de Cárcel a Quien Agreda a Personal de Salud

*Rechazan Diputados del PAN, Preliberación de Reos de Tercera Edad por Covid19

La diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Morena) presentó una iniciativa para castigar hasta con 10 años de cárcel a las personas que agredan al personal que labora en el Sistema Nacional de Salud, especialmente en el marco de la emergencia sanitaría por la pandemia del Covid-19.

Con este cometido, propuso modificar el artículo 140 Bis al Código Penal Federal, para imponer una “pena de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quien afecte la integridad física, mental o emocional del personal que labore en el Sistema Nacional de Salud o dañe sus instalaciones, sean éstas públicas o privadas”.

Por medio de un comunicado, la diputada explicó que esta propuesta no busca fabricar culpables, sino “proteger y dar seguridad al personal que labora en el Sistema Nacional de Salud, y fomentar el respeto recíproco entre usuarios de los servicios médicos y el personal que labora en las instituciones de salud públicas o privadas”.

Expresó que durante un periodo de profunda crisis emocional por causa de una pandemia o desastre natural, es común observar conglomerados humanos que, por la presión y desesperación, atacan a personal médico.

La diputada puntualizó que de ninguna manera estas circunstancias representan justificación alguna para poner en riesgo la seguridad y vida de las personas que laboran en la procuración de la salud.

“Médicos, enfermeras y personal de limpieza combaten desde sus propias trincheras el nuevo virus, sin importar los largos turnos de trabajo, las heridas físicas que les dejan las mascarillas, el tipo de equipo de protección con el que cuentan, su ubicación geográfica e incluso agresiones y amenazas por estar expuestos”, manifestó.

Cada profesional de la salud, subrayó, cumple su labor: preparando equipos de detección, surtiendo medicamento, brindando diagnósticos, facilitando la estadía en el hospital al paciente o salvando la vida en las salas de cuidados intensivos.

Urgió a establecer una pena especial para este tipo de agresiones, ya que pueden repetirse en otras ocasiones de emergencia nacional.

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Por otra parte, la bancada del PAN rechazó el planteamiento del Gobierno de la Ciudad de México de dar una preliberación a algunos reos, con el argumento de evitar la propagación del Covid-19, lo que vulneraría los derechos de las víctimas.

Lo anterior, respecto de las medidas de prevención de esta enfermedad que anunció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde comentó que se podría realizar una preliberación en algunos casos, como de mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

El Grupo Parlamentario envió un oficio dirigido al magistrado Rafael Guerra Álvarez, advirtiendo de las consecuencias jurídicas graves para el Gobierno de la Ciudad, si está acción se realiza.

La bancada detalló que el documento fue firmado por el diputado federal Luis Mendoza Acevedo y los diputados locales Federico Döring Casar, Héctor Barrera Marmolejo y Christian von Roehrich.

“Quienes suscribimos la presente, manifestamos nuestra inquietud respecto de la trascendencia de la decisión que se habrá de tomar, pues no es un asunto menor y va en contra del Código Penal”, precisaron.

El PAN detalló que una preliberación implica violar los derechos humanos de las víctimas, un aspecto olvidado por la administración de la capital.

Mendoza Acevedo exhortó al magistrado Guerra Álvarez a reconsiderar la propuesta de liberar a personas sentenciadas como lo busca hacer la Jefa de Gobierno, ya que no es un mecanismo de prevención de contagios contra el Covid-19.

“Se puede impulsar el refuerzo de los controles de visitas y de personal, un constante monitoreo de los síntomas de dicha enfermedad e identificar probables enfermos, pero dejarlos salir es un riesgo social”, advirtió.

Pidió que se realicen audiencias con las víctimas, en las que puedan manifestar su posición respecto del beneficio de la libertad condicionada de la persona que sería liberada.

Además, garantizar el respeto irrestricto de los derechos de las víctimas, garantizando la reparación del daño, a través de un acuerdo en el que se puntualicen las acciones específicas para tal reparación, concluyó.

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Por otra parte, ayer las diputadas del PRI Laura Barrera Bortoul y Mariana Rodríguez Mier y Terán alertaron que desde que se implementaron las medidas de confinamiento para prevenir el contagio del coronavirus (Covid-19), se ha incrementado la violencia contra las mujeres y los grupos vulnerables.

En un comunicado, exhortaron al Poder Judicial a habilitar juzgados familiares para recibir exclusivamente demandas en casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, comparecencias en materia de alimentos cuando se trate de actos prejudiciales relativos a la separación provisional de cónyuges, separación cautelar de personas, así como la guarda y custodia provisional de menores de edad y demandas de juicios de alimentos.

También casos relativos al régimen de visitas y convivencias, en situaciones que por urgencia sea necesario, en pro del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y en aras de evitar un peligro derivado de violencia familiar.

Las diputadas priistas refirieron que en México de enero a marzo de 2020, del total de llamadas al 911, 4.15 por ciento fueron para denunciar violencia familiar; 1.39, violencia de pareja; y 1.61 por ciento, violencia contra la mujer.

Además, según datos de la Red Nacional de Refugios, las llamadas por violencia de género aumentaron un 60 por ciento y las peticiones de asilo un 30 por ciento, lo que revela que se vulneran los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las limita del goce y disfrute de los mismos.

Rugidos

¿Tercera Fase?

Vaya que generó expectación la “cadena nacional” solicitada a los medios de comunicación electrónicos por la Presidencia de la República, a fin de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer la entrada en vigor de la Fase Tres en la lucha contra la pandemia del Coronavirus.

La hora con 30 minutos en las que estaciones de radio y televisión se mantuvieron “encadenadas”, permitió al subsecretario de Salud, Hugo López –Gatell lanzar un “choro mareador” para terminar por decir que en cinco entidades del país –CDMX, Jalisco, BC, NL y QR- la contingencia sanitaria seguirá hasta el 30 de mayo.

El doctor López-Gatell ha perdido la capacidad de síntesis y la elocuencia, toda vez que le costó mucho trabajo citar que en 900 municipios del país, la contingencia será levantada debido a los pocos casos de contagio que se registran ahí.

Los enredos del subsecretario de Salud podrían significar el agotamiento mental del funcionario.