• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA


  • Piden Diputados a AMLO, ser Autocrítico y Corregir Desaciertos

  • Se Debe dar Seguimiento a la Aplicación de Recursos Para Frenar Violencia

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que las reflexiones de los distintos actores políticos sobre los primeros 100 días de gobierno del Ejecutivo federal deben servir para que éste sea autocrítico y recobre el rumbo donde hay desaciertos.

“Deberían de servir estas reflexiones, que se hacen a 100 días de gobierno, para que este gobierno sea autocrítico. El escuchar las demás opiniones que se tienen, lo que nosotros hemos señalado, donde nos parece que hay desaciertos, debiera servir para que pueda recobrar el rumbo por el bien de los mexicanos y mexicanas”, dijo en declaraciones a la prensa.

Señaló que la cancelación de aeropuerto de Texcoco, en el Estado de México, además de dejar grandes pérdidas económicas y de fuentes de trabajo, de alrededor de 131 mil millones de pesos y 45 mil empleos, creó incertidumbre económica y financiera, “lo cual me parece preocupante”.

“En el tema de derechos humanos, ha dejado mucho que desear. Vemos cómo ha vulnerado los derechos de mujeres, niñas y niños con el asunto de las estancias infantiles, lo seguimos viendo con el asunto de los refugios y, aun más, con la consulta sobre los derechos de la mujer, lo cual es un atentado a la lucha de las mujeres”, comentó.

Juárez Piña consideró que el gobierno federal ha tomado decisiones sin contar con estrategias y alternativas para enfrentar problemáticas, como lo fue en el caso del combate al robo de combustibles, conocido como huachicoleo.

“Coincidimos en la lucha que emprendió (el Ejecutivo) contra el huachicoleo, pero todos vimos que careció de una estrategia que, al final de cuentas, dejó pérdidas económicas en algunos estados y hubo un desabasto por semanas”, refirió.

Después, dijo, vino la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 135 personas fallecidas y “todavía no podemos saber si hay un responsable de esas muertes, si hubo negligencia, falta de atención o prevención por parte de la autoridad”, agregó.

“Me parece que hay desatinos, y me parece que se podrían corregir. Las organizaciones de la sociedad civil han hecho un trabajo por años que puede ayudar a robustecer las propuestas en distintos temas”, comentó.

Juárez Piña recriminó que el Ejecutivo también pretenda vulnerar a organismos públicos que gozan de autonomía constitucional, e incidir en los Poderes Legislativo y Judicial, que son contrapesos.

“Parece que este gobierno le tiene miedo a los contrapesos. Insiste en tener injerencia directa en el Poder Legislativo y en el Judicial, y me parece que no habla de un buen gobierno”, finalizó.


En otro tema, ayer la directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez, afirmó que es necesario que la Cámara de Diputados vigile y supervise los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres, ya que la mayoría se destinan al gasto corriente de algunas dependencias y no a las acciones directas para su prevención y atención.

Indicó que en 2018 se destinaron a estos refugios aproximadamente 350 millones de pesos, de los cuales únicamente 130 millones fueron destinados para los administrados por las organizaciones de la sociedad civil, 30 millones para los operados por el gobierno; “ahí tenemos más de 150 millones que en realidad no sabemos a qué se están destinando” o si terminan gastándose en papelería” y otros productos que se consideran gasto corriente.

La también abogada feminista pidió que se haga una mayor supervisión para el año 2019, y que este presupuesto se traduzca en acciones directas para la atención y la prevención.

En el marco de las Audiencias Públicas: Feminicidios, Emergencia Nacional Impunidad Institucional, que convocó la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), Salas Ramírez destacó que el Estado mexicano no ha asumido plenamente su obligación de atender, prevenir e investigar la violencia contra las mujeres, que actualmente es una emergencia nacional.

Urgió la necesidad de crear un padrón de huérfanos para los hijos de las víctimas de feminicidio, pues se desconoce el número de víctimas indirectas; así como un mecanismo unificado para la búsqueda de mujeres y niñas.

Además, expuso que los familiares de estas mujeres coinciden que al momento de denunciar recibieron un trato irrespetuoso, negligente, omiso, y, en ocasiones, un actuar doloso por parte de las autoridades.

“Esta Cámara (de Diputados) debería de llamarles a cuentas a gobernadores, a procuradores, a fiscales, al Poder Judicial. Tiene que servir esta instancia legislativa como un contrapeso de estas autoridades que no están ejerciendo bien el presupuesto, que actúan de manera dolosa, de manera omisa y negligente”.

Afirmó que el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez sentó un precedente para toda América Latina en el tema del feminicidio, y aportó elementos importantes que sirvieron precisamente para llevarlo al Código Penal.

“Hoy podemos decir que son 32 entidades federativas las que reconocen el tipo penal de feminicidio; sin embargo, tenemos muchos problemas en su aplicación, la mayor parte de los códigos no están armonizados”.

Señaló que “hasta el 2015 únicamente en 10 entidades federativas habían emitido sentencias por feminicidio. Es decir, tenemos el delito pero en la mayor parte del país los jueces, los fiscales no están utilizando el tipo penal”.

El caso del Campo Algodonero le recordó al gobierno mexicano que “la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado, es una violación a los derechos humanos, que no se ha asumido plenamente.

“No se trata de casos aislados, episodios esporádicos de violencia; sino de una situación estructural, de un fenómeno social y cultural, enraizado en las costumbres y mentalidades. Esas situaciones de violencia son fundadas en una cultura de discriminación basada por género”.


En este sentido, la Subcomisión para la Atención de Feminicidio y Violencia Contra la Mujer, de la Comisión de Justicia, realizará un marcaje a las autoridades para que cumplan con sus responsabilidades en materia de violencia de género, ante la impunidad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, afirmó su coordinadora Lorena Villavicencio Ayala (Morena).

Adelantó que exhortarán, mediante un punto de acuerdo, a los municipios y estados, donde se ha declarado alerta de género, a que informen cuáles son las medidas de prevención y seguridad que se aplican.

En declaraciones a la prensa, en el marco de las Audiencias Públicas: Feminicidios. Emergencia Nacional Impunidad Institucional, dijo que desde la subcomisión que coordina realizarán “un marcaje a estas autoridades para que cumplan con sus responsabilidades”.


Rugidos


Tropezones

Dentro de lo que cabe, el arranque de la presente administración pública federal que encabeza Andrés Manuel  López Obrador, ha tenido un buen inicio y lo tropezones están dentro del margen de error de cualquier nuevo gobierno.

Aunque un poco desangelado y con sillas vacías en uno de los patios de Palacio Nacional, donde ayer el Presidente resumió lo hecho por su gobierno en estos primeros 100 días, el repaso de los señalamientos y acciones estuvieron salpicadas por ocurrencias que finalmente aplaudieron los ahí reunidos.

Y cual ceremonia presidencialista, empresarios, gobernadores, algunos senadores y pocos, muy pocos diputados asistieron a escuchar al mandatario, el cual hiló unos cinco aplausos de los quienes estuvieron ahí.

Dice un refrán popular que el poder cambia a las personas y López Obrador pareció ayer comenzar a sentir ese halo sobrado de todopoderoso. Quizá por ello lanzó al final de su mensaje que “primer muerto que traicionar”. Veremos.

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