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Selva Política

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • 27 abr 2020
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


*Piden Diputados Asegurar Económicamente a Familias de Personal de Salud

*Focos de Contaminación Covid-19, Estaciones Migratorias, Alerta Legisladores

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Frinné Azuara Yarzábal llamó al Gobierno Federal a desarrollar una estrategia para asegurar económicamente a las familias del personal de salud que no cuenta con prestaciones laborales ni económicas, en caso de fallecimiento derivado de su participación en la batalla contra el Covid-19.

“Es urgente atender las condiciones laborales en el sector público de salud pues, al menos, 87 mil trabajadores están contratados bajo el régimen de honorarios, sin gozar de prestaciones de ley como la seguridad social y el fondo de pensiones, entre otras”, subrayó en un comunicado, la también secretaria de la Comisión de Salud.

Señaló que este personal tiene contacto de manera directa con los pacientes infectados, lo que los pone en riesgo de transmisión si no cuentan con el equipo de protección necesario y adecuado.

“Estamos en la fase de incremento exponencial de contagios y una alta demanda de servicios hospitalarios, pero desafortunadamente, enfrentamos la falta de equipos de protección para los trabajadores de la salud y preocupa que estén expuestos a un riesgo inminente de contaminación y en el peor de los casos a perder la vida”, argumentó.

Refirió que en el sector público de salud laboran miles de trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 69 mil 896 médicos(as) generales y familiares; 94 mil 603 médicos(as) especialistas; 10 mil odontólogos(as); 26 mil 066 residentes; 144 mil 784 enfermeras(os) generales; 36 mil 602 enfermeras(os) especialistas; 104 mil 853 auxiliares de enfermería, entre otros como laboratoristas, personal de intendencia, de mantenimiento, camilleros, paramédicos y choferes de ambulancia.

Comentó que una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y publicada, a principios de abril, indicó que ocho de cada 10 no tienen mascarillas N95, las recomendadas para personal médico; más de la mitad no tenía gafas protectoras y alrededor del 30% no tenía máscaras de acrílico.

“De acuerdo con estimaciones del Programa Universitario de Investigación en Salud, México enfrenta la emergencia con alrededor de 3 mil camas de terapia intensiva equipadas con respiradores artificiales, pero para una población de 120 millones de habitantes es necesario contar con al menos 20 mil camas de terapia intensiva para asistir a enfermos que van a requerir oxígeno, cifra que permitiría atender a las 17 mil 500 personas que van a necesitar hospitalización si se contagian del coronavirus”, finalizó.

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En otro tema, ayer la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, afirmó que las disposiciones sanitarias para evitar los contagios de Covid-19 no se cumplen en las estaciones y estancias provisionales migratorias del país, lo que ha generado protestas de migrantes por sus condiciones de encierro.

Por ello, en un comunicado, urgió a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Salud (Ssa) a realizar las acciones necesarias para vigilar que los servicios de sanidad en los lugares destinados al tránsito internacional de personas se encuentren en condiciones óptimas para salvaguardar los derechos humanos de las y los migrantes, durante la emergencia sanitaria.

Destacó la importancia de que el Instituto Nacional de Migración haga público un informe sobre los hechos suscitados el 31 de marzo en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, en donde migrantes se manifestaron para reclamar mejores condiciones de salud para las personas detenidas en las estaciones migratorias y desafortunadamente una persona perdió la vida.

Sauri Riancho recordó que el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Matelus, denunció que la comunidad haitiana en México es una de las más perjudicadas con las medidas de confinamiento y que el 11 de abril había informado que existen numerosas personas migrantes enfermas, en estado de gravedad, en la Estación Migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas.

“Atender la salud de los migrantes y desplazados es un esfuerzo que requiere dos componentes: el primero y más importante es la prevención; el segundo es asegurar que se puedan ofrecer los servicios de salud que sean necesarios, en caso de que algunos de ellos resulten contagiados por el Covid-19”, subrayó.

“Se trata de un tema de derechos humanos y de respeto al Estado de derecho nacional e internacional y de apego a los más sencillos e indispensables valores humanos y de respeto a la vida”, finalizó.

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Finalmente ayer, la diputada Marcela Velasco González (PRI) señaló la necesidad de crear un acuerdo nacional por la seguridad alimentaria, para garantizar el abasto y suministro de alimentos y productos básicos durante y después de la emergencia sanitaria.

“La producción de alimentos de México enfrenta desde hace muchos años un desafío que pone en alto riesgo la seguridad alimentaria, entendida ésta como la disponibilidad y acceso de alimentos en todo momento.

“Por ello es necesario un cierre de filas con los sectores productivos del país, cadenas departamentales y centrales de abasto, mediante un acuerdo nacional por la seguridad alimentaria”, manifestó en un comunicado.

Indicó que “no habrá otro momento oportuno para evitar que la pobreza y el hambre se conviertan en la verdadera ‘pandemia’ del país; la crisis económica latente no se resolverá repartiendo los ingresos fiscales a los más pobres, porque estos ingresos, principalmente los provenientes del ISR y el IVA, tendrán caídas significativas y no habrá de dónde obtener más recursos”.

“Tampoco servirá de mucho que las familias más pobres del país reciban apoyos económicos para que su consumo no se vea afectado, si no hay un equilibrio entre el poder de compra de éstos con la urgente necesidad de apoyar al sector productivo del país para que no deje de haber abasto de bienes”, abundó.

La diputada priista apuntó que la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 ha traído consigo, no solamente un problema de salud a los países en los que ha causado enfermedad y muerte, sino que ha afectado a diversos sectores, entre ellos el de alimentos y productos básicos.

En este sentido, destacó que “no se puede dejar de advertir que la sustentabilidad alimentaria futura inmediata está en riesgo y que la pandemia que hoy nos aqueja está poniendo en jaque la garantía de alimentos en el mundo para los siguientes meses”.


Rugidos


Urgen más Insumos

Los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate contra la pandemia del coronavirus, siguen demandando más y mejores insumos que les permita estar “blindados” frente a éste mortal virus.

Cada día, en alguna parte del territorio nacional, grupos de trabajadores de cualquiera de las instituciones encargadas de atender a los enfermos de esta pandemia, salen a la calle a demandar a las autoridades de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE se les dote de más equipo de protección que no termina por llegar con la prontitud que demanda la emergencia.

Ayer mismo llegó al país el sexto avión, procedente de China con decenas de miles de insumos –guantes, batas, lentes, cubrebocas- que ahora se requiere la logística puntual que permita trasladarlos a los centros hospitalarios, donde el personal lo exigen para salvaguardarse en esta noble tarea de atender a quien lo demanda.

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