• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA


*Piden Diputados Informar Sobre Pandemia a Través de Lenguas Indígenas

*Rechazan Diputados la Limitación del Derecho a la Libre Circulación en el País

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) exhortó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a promover, junto con las secretarías de Cultura, de Gobernación, de Educación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, traducciones del español a lenguas indígenas de los comunicados oficiales que el gobierno federal dé a conocer sobre la pandemia por COVID-19.

En un punto de acuerdo, el diputado por Chiapas también solicitó a las secretarías de Cultura y de Educación, en coordinación con el INPI, implementar una política específica de información para el sector indígena durante y después de la contingencia sanitaria.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur precisó que luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, los medios de comunicación masiva se convirtieron en la principal herramienta a fin de mantener informadas a las diversas poblaciones del mundo.

Precisó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), hay 68 hablas regionales que identifican a 7 millones y medio de personas. No sólo son vínculos de comunicación, sino que también funcionan como sistemas de conocimiento, amplios y complejos, que se han desarrollado a lo largo de los años.

Explicó que las entidades donde se concentra la mayor población indígena son: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo.

Chiapas tiene 14 zonas indígenas, lo que la convierte en la entidad con mayor cantidad de población originaria, acotó el diputado.

“En México nos encontramos ante una problemática de difusión de la información para aquellos sectores que no dominan la lengua (español) que la mayoría de la población habla desde tempranas edades”, comentó.

Bonifaz Moedano, legislador por Chiapas, estimó que las lenguas son fundamentales para la identidad de los pueblos originarios, la conservación de sus culturas, concepciones e ideas, así como la expresión de su libre determinación.

Destacó la importancia del flujo de información hacia la población indígena, el uso de los canales a través de los cuales se comunican las acciones oficiales en materia económica, sanitaria, sobre todo durante una catástrofe, emergencia nacional o cualquier hecho imprevisto, social o natural.

Agregó que la situación de las lenguas originarias refleja el estatus de sus hablantes. En muchas regiones del mundo están al borde de la desaparición y “hay países que niegan la existencia de las poblaciones indígenas en su territorio. Sus lenguas se ven relegadas a la condición de dialectos y están desvalorizadas en relación con los idiomas nacionales”, concluyó.

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Por otra parte y derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, algunos gobiernos estatales y municipales limitan de manera arbitraria el derecho a la libre circulación de las personas, acción que es anticonstitucional, denunció el diputado Benjamín Robles Montoya (PT).

“Solamente el Presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos de las personas. Lo decretado de manera unilateral por gobernadores y presidentes municipales es anticonstitucional”, aseveró el legislador.

Lo anterior al presentar un punto de acuerdo que exhorta a las administraciones locales y ayuntamientos que han aplicado medidas restrictivas, como toques de queda y multas al tránsito de los ciudadanos en la vía pública, a cancelar de manera inmediata dichas acciones y sustituirlas por otras de carácter disuasivo que no violen los derechos humanos.

Llamó a la Secretaría de Gobernación intervenir y establecer un diálogo con administraciones que aplican estas medidas, para que den marcha atrás “a tan evidente violación constitucional que, no nada más daña los derechos de la población, también invade directamente esferas que son competencia directa del Ejecutivo Federal”.

Robles Montoya destacó que el Presidente ha actuado con prudencia y oportunidad frente a la pandemia, sin cancelar de tajo la actividad económica del país, por lo que se han paliado de manera eficiente los efectos de la crisis económica mundial, además de ser claro en todo momento de que no habrá restricciones de ningún tipo hacia la ciudadanía.

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Por otra parte, ayer la bancada del PRD anunció que no avalará ninguna iniciativa que otorgue atribuciones excesivas al Ejecutivo Federal para vulnerar y debilitar las facultades del Poder Legislativo, porque rompería la división de poderes y atentaría contra una de las bases fundamentales de la democracia, aseveró la bancada. Calificó de “ilegal pretensión autoritaria” el Decreto de Austeridad y la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del presidente Andrés Manuel López Obrador enviada a la Cámara de Diputados, para presuntamente enfrentar la crisis agudizada por la pandemia del Covid-19.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró que el decreto e iniciativa presidenciales potencian los peligros por los que ya pasa el país, por lo que urgió a plantear otras acciones.

Tras un diálogo virtual que sostuvo la bancada con el economista Mario Alberto Di Constanzo Armenta, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recordó que la pandemia del Covid-19 sólo agudizó una crisis que ya afectaba al país debido a los errores de la actual administración, pero que podría desembocar en una crisis social si el Poder Legislativo, en el marco de la legalidad, no hace algo al respecto.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo denunció una “insaciable voracidad” del Presidente de la República por manejar los recursos públicos a su arbitrio, pero sobre todo una obstinación por someter al Poder Legislativo, en general, y a la Cámara de Diputados, en particular. Aclaró que ni su iniciativa, ni el Decreto de Austeridad beneficiarán realmente a la población y que incluso les podría perjudicar porque, al ahorrarse montos pírricos supuestamente con el recorte a gastos de operación, se afectarían áreas sustantivas de gobierno, como la prestación de bienes y servicios tan esenciales para millones de personas, por ejemplo, el acceso a la leche a bajo precio.

"Además de buscar la usurpación de funciones del Poder Legislativo en cuanto a la definición del presupuesto, ahora el Ejecutivo socava derechos fundamentales de los trabajadores al servicio del Estado, pero no sólo de los altos niveles, sino también de los más bajos, como los jefes de departamento", puntualizó.

Rugidos


Leña al Fuego

Uno pensaría que enfrentar como país una pandemia como la que ha generado el coronavirus, deberá generar cierta unidad nacional, cooperación entre los sectores productivos y, entendimiento entre la clase política, pero todo parece indicar que no es así.

En nuestro país se percibe la división, el enfrentamiento e incluso el encono, atizado este sentimiento por el actuar de la clase política, la posición de los hombres del dinero y el reclamo de una sociedad que no termina por darse por vencida.

Mientras que miles de mexicanos enfrentan en hospitales al coronavirus y otro importante número se sabe contagiado, políticos, empresarios y grupos sociales vuelven a la agresión verbal para recordarnos que nos gusta y disfrutamos el estancamiento, entendimiento y la confrontación.

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