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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Contrario a la Ley, el Acuerdo Oficial Para Frenar Inversiones Para generar Energía Limpia

*Hacienda y Sener Deben Informar el Estado que Guarda la Construcción de la Refinería

La diputada Julieta Macías Rábago (MC), secretaria de la Mesa Directiva, afirmó que el acuerdo del Gobierno Federal que frena las inversiones para generar energía eléctrica limpia es contrario a la Ley de Transición Energética, a la Constitución y a los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, a través de un videomensaje en redes sociales, advirtió que dicha disposición “aumentará el costo de la energía eléctrica; el costo del recibo será siete veces más alto”.

El pasado viernes, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Macías Rábago calificó esta decisión como “un grave retroceso” en el país “porque frena de golpe a las energías renovables, limpias, para privilegiar energías contaminantes, como el combustóleo, que tiene una alta carga de azufre peligroso para la salud humana y el ambiente”

Señaló que es contrario a la Constitución, porque monopoliza la generación de energía eléctrica en las centrales “obsoletas y contaminantes” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el artículo 28 prohíbe las prácticas monopólicas.

También pasa por alto el artículo 25 de la Carta Magna que, dijo, “establece que se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía en beneficio de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

“Incumple, además, con la Ley de Transición Energética que lo obliga (al Gobierno Federal) a regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad”, comentó.

La diputada federal por la Ciudad de México añadió que la disposición de la Sener “rompe con la obligación de México de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, entre ellos, la generación de energía accesible y no contaminante”.

Apuntó que 19 países de la Unión Europea y Canadá ven sus inversiones en riesgo en 44 proyectos de energía limpia, con un costo de casi 7 mil millones de dólares, y, según cifras del sector, esto pone en riesgo 78 mil empleos.

“Al Gobierno parece no importarle el alto costo que esto representará, sumado a lo que ya perdimos por la cancelación del aeropuerto (de Texcoco), el mal manejo de Pemex, el malísimo negocio de la refinería Dos Bocas (en Tabasco) o los 140 mil millones de pesos que costará el Tren Maya, con afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas a la fauna al medio ambiente, son zonas arqueológicas y comunidades enteras”, subrayó.

“Con otras acciones este gobierno ha detenido el crecimiento económico, se han perdido miles de empleo, y México tiene una pésima calificación crediticia”, agregó.

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En otro tema, ayer la diputada federal por Tabasco, Soraya Pérez Munguía (PRI), pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las secretarías de Energía (Sener), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer pública la información del avance físico y costo financiero para la construcción de la Refinería Dos Bocas, en Tabasco.

“Que transparenten y hagan del conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, derivado de los requisitos establecidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”, subrayó en un comunicado.

“La obra presenta irregularidades, es un proyecto controvertido y opaco y dicho por expertos, tendrá más costos que beneficios. Incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad propuso su cancelación ya que, de acuerdo con sus estudios, la inversión sólo tiene 2% de probabilidad de éxito”.

La legisladora consideró importante conocer qué avances hay con los requerimientos impuestos por la ASEA, que regula y supervisa la seguridad industrial y protege el medio ambiente de las actividades del sector hidrocarburos, que son:

No interrumpir o desviar cualquier cauce de agua a fin de mantener a salvo el flujo hidrológico de la zona; monitorear la calidad del agua; mantener a salvo los manglares; emprender acciones de reforestación en la laguna de Mecoacán; aplicar un programa de rescate y reubicación de flora y fauna y presentar un programa de monitoreo de variables de vulnerabilidad al cambio climático.

La SHCP debe informar respecto al ejercicio del gasto utilizado en los meses de enero, febrero y marzo de 2020, así como, el total acumulado desde el inicio de la construcción de la Refinería Dos Bocas.

La diputada recordó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a Pemex información sobre la construcción de la refinería, sin embargo, “han sobrado las excusas y cuando se presenta está incompleta”.

“Entre las irregularidades registradas, se encuentran la censura de ciertos contenidos, como el monto total de la inversión, extensión del predio donde se instalará e impactos negativos que derivarán de la construcción de la refinería, a pesar de que la ASEA liberó la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto”, señaló.

Pérez Munguía aseveró que hay desorden en cuanto a costos; “en un inicio el Presidente de la República asignó un presupuesto de 8 mil millones de dólares, pero el gasto va en aumento, pues un informe de la SHCP, referente al cuarto trimestre de 2019, indica que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignaron al proyecto Dos Bocas 50 mil millones de pesos y hubo un subejercicio de 49 mil 999 millones de pesos, en el periodo en cuestión, mientras que en el Presupuesto de Egresos 2020, se consignan a dicho proyecto, 41 mil 256 millones de pesos”.

“Otra irregularidad acumulada, en enero pasado, cuando la ASEA multó con 13 millones 900 mil pesos a la empresa SCCA por el desmonte ilegal de vegetación en el predio donde se construye la refinería y de la cual no se tiene mayor información”, añadió

La diputada priista reiteró que el Gobierno Federal debe poner fin a la opacidad en la construcción del proyecto de infraestructura energética.

Rugidos


Cacería de Brujas

Empeñado en convertirse en el facilitador de las instrucciones oficiales, el partido político MORENA busca aprovechar la atención pública que se le da a la batalla contra la pandemia del coronavirus, para anunciar en lo que podría convertirse al INEGI, a través de las reformas constitucionales correspondientes.

El presidente de ese naciente partido político, Alfonso Ramírez Cuellar, “se voló la barda” al dar a conocer a través de un comunicado que MORENA propondrá dotar de facultades constitucionales al INEGI para que mida la concentración de riqueza en todos los ciudadanos en México.

Concretamente, el comunicado advierte: “El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”.

Califique usted, amigo lector, lo que MORENA a través de sus diputados y senadores quiere llegar hacer.

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