• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA

  • Proponen Diputados Crear la Subsecretaría de Educación Indígena

  • Analizan Programa de Regularización de la Propiedad de Predios Rústicos 

El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) promueve un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a crear la Subsecretaría de Educación Indígena, a fin de que coordine políticas que permitan ofrecer enseñanza de calidad en todos los niveles, a comunidades nativas, bajo principios de equidad e inclusión, y para su participación exitosa frente a los retos que plantea el desarrollo global, nacional y regional.

Señaló que existen rezagos en materia de educación nativa, debido a que la cobertura es desigual entre las diferentes culturas y no se ha alcanzado una producción de materiales en las diversas lenguas que aún existen en nuestro país.

Asimismo, predomina el enfoque de la castellanización sin haberse superado del todo en las estrategias educativas la percepción y la autopercepción negativa de lo indígena.

Dijo que la historia de la educación originaria se remonta al México posrevolucionario cuando el Estado mexicano emprendió una política de promoción de la educación escolarizada en el medio rural.

Expuso que la enseñanza dirigida a esas comunidades buscaba incorporarlos a la unidad nacional y a que se asumieran como parte de un único proyecto en el que a lo más que podían aspirar era a dejar lo que se consideraba factores que los aislaban, como lo era su cultura, lengua e identidad.

“Las políticas anteriores fueron sustituidas por una política diferenciada en que la atención de la educación pública dirigida a pueblos y comunidades indígenas reconoció su identidad y la necesidad de dar una atención apropiada a sus necesidades”.

Sin embargo, indicó, los rezagos en materia educativa que enfrentan estos pueblos demandan la creación de una política incluyente e innovadora, en la que el enfoque intercultural (no sólo bicultural) y las culturas se comuniquen mutuamente de manera activa y creativa.

Advirtió que es necesario atender los atrasos ancestrales en materia de cobertura, permanencia, formación y capacitación de los docentes, elaboración de materiales, investigación educativa, innovación en métodos y prácticas ubicando en primer plano a la educación indígena y dejar de verla como modalidad compensatoria y asistencial.

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Pueblos Indígenas, señala que estas comunidades deben ser parte del desarrollo nacional y global, sin perder su identidad, cultura ni ser sumisos ante los profundos cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos.

“Es necesario poner a la educación indígena en el más importante nivel de atención de las políticas públicas y darle la atención que merece desde el sector educativo”, concluyó.


En otro tema, el diputado del PES, Miguel Acundo González impulsa un punto de acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en coordinación con las entidades federativas, lleve a cabo un programa nacional de regularización de la propiedad de predios rústicos y urbanos, porque las personas interesadas en regular, enfrentan procedimientos administrativos o jurídicos engorrosos, costosos y extremadamente tardados.

El también secretario de la Comisión de Vivienda señaló que la falta de documentos para comprobar la posesión legal de casas o terrenos urbanos, suburbanos o rústicos es un problema creciente en todo el país, porque muchas familias no cuentan con los comprobantes que acrediten la propiedad de los mismos y las imposibilita a acceder a programas sociales y créditos.

Dicha situación frena e imposibilita el desarrollo económico y social de quienes no pueden demostrar la propiedad de su casa, algún terreno o tierra de su pertenencia.

Por ello, es necesario elaborar un programa federal con cobertura nacional y de carácter administrativo para que cualquier persona que se ostente como propietario y tenga la posesión pacífica, continua y pública obtenga su título de propiedad e inscripción ante el respectivo Registro Público de la Propiedad de su casa, terreno o tierra.

Con esta medida se dará certeza jurídica a los beneficiarios y se favorecerá el desarrollo económico y social de comunidades enteras que carecen de dichos títulos, además contribuirá a ordenar el crecimiento de los centros de población y orientar el uso productivo de los terrenos rurales.

Acundo González apuntó que no contar con el título de propiedad del inmueble que se posee por una compra, herencia u ocupación lícita pone en riesgo constante perder el patrimonio familiar o personal de sus poseedores, situación que genera una problemática social compleja porque impide el desarrollo social de comunidades e incide en el aumento de los índices de pobreza del país.

Refirió que existen diversos programas federales y locales que buscan solucionar la problemática; sin embargo están mal operados o resultan complejos, engorrosos y las acciones son insuficientes. Además, los solicitantes enfrentan burocracia y falta de personal idóneo para atender la gran demanda de trámites de regularización.

“Es común saber de alguien que lleva años queriendo regularizar la posesión legal de su propiedad, pero por la asesoría profesional que requieren y los gastos que ello implica, desisten de continuar con el proceso”, sostuvo en su propuesta, turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.

En la actualidad, para regularizar la tenencia de un predio es necesario tener la asesoría especializada de dependencias federales, estatales o municipales para integrarse a algún programa en la materia, que implica realizar un trámite administrativo para la obtención de su título de propiedad; no obstante, no existen estrategias suficientes para atender a las personas interesadas en ordenar esta documentación.


De salida les informamos que la titular de Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, afirmó que los 10 decretos para eliminar la veda de las cuencas hidrológicas de reserva, que se firmaron en la pasada administración, están parados por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los decretos están parados por instrucciones de presidente y no se está ahorita dando ninguna concesión en estas zonas:(Grijalva-Usumacinta; Papaloapan; Pánuco; Costa Chica de Guerrero y Costa Grande; San Fernando Soto la Marina; Santiago; Actopan-Antigua; Costa de Jalisco; y Ameca en Nayarit y Jalisco)”.

El 5 de junio de 2018, en el marco del Día Mundial de Medio Ambiente, el ex presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos para eliminar la veda de las cuencas hidrológicas de reserva, los cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF).


Rugidos


Sueños

Ahora sí “se voló la barda” el Primer Mandatario, Andrés Manuel López Obrador, con la carta que envió al Rey de España y al Papa Francisco a quienes solicitó “se disculpen” por lo que representó La Conquista de la Gran Tenochtitlán.

El Presidente de México, reveló ayer que la misiva la envió el pasado 1 de marzo y, hasta el momento solo el Rey de España , Felipe VI dio respuesta a la misma, al negar “firmemente” que el gobierno de España se vaya a disculpar.

Animado por hacer de su gobierno, una administración pública federal diferente y que represente una cabal transformación social, López Obrador se ha empeñado en abrir heridas históricas que no conducen a ningún lado.

Señor Presidente, ¿No sería mejor ver para adelante?.

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