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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Proponen Considerar Delito, el Incumplimiento de Pensión Alimentaria

*Hacer Valer Estado de Derecho, en Petición de Juicio de Expresidentes

La diputada Maribel Aguilera Chairez (Morena) impulsa una iniciativa para que el Código Penal Federal considere el delito de incumplimiento de pensión alimenticia para los hijos, tipificado ya en diversos códigos penales estatales, y que éste se persiga de oficio por el Ministerio Público.

En un comunicado, la legisladora federal por Durango dijo que su propuesta plantea modificar el artículo 337 del Código Penal Federal, a fin de establecer el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias.

“En el marco jurídico en materia de pensión de alimentos en México en el orden federal siguen sin considerarse mecanismos que mejoren los procesos que permitan garantizar este derecho. El código penal de distintas entidades federativas considera el incumplimiento de la obligación alimentaria; sin embargo, esa distinción no está incluida en el ordenamiento jurídico a nivel federal”, indicó en su iniciativa.

Aguilera Chairez apuntó que la reforma “permitirá tener un carácter disuasorio, pues tanto el acreedor como el obligado alimentario tendrán pleno conocimiento de que el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias corresponde a pena privativa de la libertad en el Código Penal Federal”.

Argumentó que para muchas mujeres es un martirio exigir el pago de una pensión alimenticia al padre de sus hijos, puesto que resulta un trámite complicado, tardado y muchas de las veces el obligado se esconde para evadir su responsabilidad, “si bien, existen mecanismos para demandar al deudor alimentario por la vía civil, muchas veces hacen uso de artimañas para no pagar, aunque de por medio exista una sentencia”.

“Es indispensable que en estos casos se aplique todo el esfuerzo de las autoridades para exigir al que incumpla con su obligación de alimentos, toda vez que su falta de cumplimiento atenta contra del interés superior de las niñas, niños y adolescentes”.

De aprobarse la iniciativa, “el Ministerio Público deberá actuar de oficio ante la denuncia del incumplimiento, siendo el deudor sujeto a ser privado de su libertad como pena para la reparación del daño. Si bien, también las madres pueden entrar en el supuesto de incumplimiento, las estadísticas demuestran que es mayor el índice de padres que se encuentran en esta situación”.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para revisión y en su caso aprobación.

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En otro tema, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, celebró que en el proyecto sobre la consulta solicitada por el Ejecutivo Federal para enjuiciar a los expresidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haga valer el Estado de derecho.

En la revisión de la constitucionalidad de la pregunta, materia de la consulta popular, solicitada por el presidente de la República, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, consideró que el objeto de este ejercicio es inconstitucional.

“El ministro sostiene en su argumentación que la pregunta desvirtúa la finalidad de la consulta popular, cuyo objeto es maximizar la participación ciudadana, en lo que el PRD coincide”, subrayó en un comunicado.

La líder parlamentaria recordó que ella se ha pronunciado en múltiples ocasiones en favor de respetar el Estado de derecho, los derechos de las víctimas y el debido proceso, por lo que considera que el proyecto abona en el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano.

Confió en que el Pleno de la SCJN lo respalde, porque la consulta, en efecto, no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Federal de Consulta Popular; además, viola los derechos humanos y el debido proceso.

“Lo que pretende el presidente, es evadir su responsabilidad y utilizar la consulta con fines ajenos a la justicia”.

“Hemos sostenido y reiteramos que, si el jefe del Ejecutivo tiene pruebas de que algún expresidente haya cometido un delito, debe presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones correspondientes; de lo contrario, está asumiendo una actitud cómplice, obstruyendo la justicia, fomentando la corrupción y la impunidad”, concluyó la perredista.

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Finalmente les informamos que el diputado Manuel Huerta Martínez (PT) propuso una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de que se aumente 1 peso con 49 centavos por cigarro enajenado o importado, con el objetivo de inhibir su consumo y de obtener mayores recursos para destinarlos a la atención de enfermedades derivadas del tabaquismo.

“Esta iniciativa la estamos planteando justo en medio de la pandemia que México y el mundo entero viven, ya que sabemos que quienes están bajo tratamiento anticáncer tienen su sistema inmunitario deprimido, y quienes tienen enfermedades cardiovasculares y/o neuropatías también tienen mayores probabilidades de desarrollar formas graves de Covid-19”, refirió en un comunicado.

El también secretario de la Comisión de Salud enfatizó que con esta propuesta se estarían recaudando alrededor de 15 mil 900 millones de pesos para todo el 2021, que deben destinarse a la prevención del tabaquismo, además de dirigir un porcentaje a la investigación epidemiológica.

Señaló que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el 8% de los afectados por el SARS-Cov-2, son fumadores y están asociados con un mayor daño por Covid-19; éstos tienen menores probabilidades de mejoría, 1.4 veces más probabilidades de tener síntomas graves y aproximadamente 2.4 veces con mayor probabilidad de ser intubado y admitido en terapia intensiva.

Huerta Martínez precisó que su iniciativa propone reformar la cuota específica señalada en el artículo 2, Fracción I, inciso C), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que se aumente 1 peso con 49 centavos por cigarro enajenado o importado, así como que su entrada en vigor sea inmediata.

“Esto implicaría que la cuota específica total por cajetilla aumentaría de $9.96 a $29.8 pesos por cajetilla de 20 cigarros. Esto nos permitiría ajustarnos a los estándares internacionales con un porcentaje del 75% de impuestos sobre el precio de venta al público, proporción recomendada”.

El legislador del PT destacó que con esta iniciativa buscarán incidir en la Ley de Ingresos que el Poder Legislativo aprobará en este octubre próximo.



Rugidos

Objetivo Torcido


La renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, ha venido a representar un serio y muy firme golpe al actual gobierno federal, debido a que su principal bandera y pronunciamiento ha sido la lucha contra la corrupción.

Y resulta que justo en esa institución se ha dado la más firme denuncia de corrupción y robo por parte de quien dirigía el Indep. Jaime Cárdenas, ex director general, aseguró que presentó las denuncias correspondientes para que se investigue todo lo que sucede al interior de esa “emblemática” dependencia.

Con ello, el “Talón de Aquiles” de la 4T ha recibido un fuerte golpe que minará no sólo su imagen, sino en buena medida el “objetivo” del actual gobierno federal de tratar de limpiar a la sociedad mexicana, en todos los niveles, de actos de corrupción.


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