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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Logran Diputados de Todos los Partidos, Nueva Ley de Migración más Humana y Justa

*Aprueban Reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social y PVEM, emitieron sus posicionamientos respecto al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, y destacaron el diálogo y consenso de todas las fuerzas políticas.

La diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo, resaltó que el dictamen sumó esfuerzos y procuró consenso, al ser una de las reformas signadas por todas las fracciones políticas, toda vez que fomenta la aplicación de los derechos humanos y establece mejores condiciones migratorias y laborales, así como procedimientos más ágiles en la expedición de visas.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) indicó que las reformas permitirán actualizar la Ley de Migración, a fin de que responda al contexto actual de la movilidad internacional, por lo que expresó su voto a favor, pues son cambios que se realizaron en consenso de todos los grupos parlamentarios.

El diputado del PRI, Cruz Juvenal Roa Sánchez, subrayó que con la aprobación del dictamen se facilita el retorno seguro, digno y ordenado al territorio nacional y la reintegración de los migrantes mexicanos y sus familias mediante programas interinstitucionales, además de que plantea que la Secretaría podrá fijar o suprimir requisitos para que los extranjeros entren al país.

Del PT, el diputado Armando Javier Zertuche Zuani, señaló que la reforma propicia la movilidad segura y ordenada para todos los migrantes tanto a su entrada como a su salida y durante los periodos de tránsito y retorno. Expresó que su fracción parlamentaria se pronuncia a favor e invitó a trabajar en pro de quienes se ven forzados a abandonar sus hogares en busca de un mejor futuro.

La diputada de MC, María Libier González Anaya, apuntó que este dictamen es construcción del consenso político, por los que su voto es a favor, ya que se atiende una deuda histórica que el Gobierno y el Congreso tiene con los connacionales radicados en el extranjero y repatriados, así como con los hermanos de otros países que transitan por México o bien quienes deciden radicar en la nación.

Por Encuentro Social, el diputado Edgar Guzmán Valdéz, manifestó que su voto sería a favor, toda vez que con estas reformas se garantiza que el retorno de migrantes mexicanos sea seguro, digno y ordenado y facilita su reintegración; asimismo, es garante de la vida y la dignidad humana.

Al fijar su postura y vía plataforma digital, la diputada Zulma Espinosa Mata (PVEM) dijo que la reforma es indispensable en el marco de los tratados internacionales. “Ante la situación que vive el país es necesario respaldar propuestas que lleven a México a contar con una legislación acorde a nuestros tiempos para la protección de los derechos de las personas sin importar su nacionalidad”.

Al hablar a favor, la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) consideró que la reforma abonará al respeto a los derechos humanos de los migrantes y a la corresponsabilidad internacional. Es una reforma ambiciosa porque contribuirá a facilitar y garantizar la migración segura, ordenada y regulada.

El diputado José Mario Ozuna Medina (PT) afirmó que la reforma tendrá un efecto favorable sobre las economías de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, al ampliarse de siete a 21 días la estancia permitida; con esto, a las personas que viven en cruceros turísticos se les podrá autorizar una estancia hasta de 21 días en territorio nacional.

De Morena, el diputado Ulises García Soto mencionó que con el impulso de programas y acciones concretas se busca generar un polo de desarrollo sostenible en la zona sur que facilite el ingreso, permanencia y movilidad internacional de personas en el marco de los acuerdos internacionales.

De la misma bancada, el diputado Oscar Rafael Novella Macías expresó que acompañan el dictamen porque establece las bases para que los tres órdenes de gobierno articulen acciones para atender el retorno de las y los mexicanos, así como la integración y reintegración de migrantes; además favorecerá su incorporación en el mercado laboral.

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Ayer mismo la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 450 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Establece que corresponderá a la Federación “impulsar y promover” en las instancias competentes de las entidades federativas y los municipios la creación de institutos “municipales, multimunicipales, metropolitanos y estatales” de planeación, cuyo objetivo será contribuir a la planeación, ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

Además, señala que será competencia de la Federación prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, evitando zonas de riesgo, priorizando las zonas que faciliten la introducción de servicios básicos de infraestructura y su resiliencia.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, señaló que actualmente la ley establece la facultad de la Federación de proponer la creación de institutos de planeación, pero a la fecha ha sido insuficiente el andamiaje normativo para la constitución e implementación de los mismos.

Tal hecho, dijo, ha traído como consecuencia que a nivel federal, estatal y municipal, la creación y operación de los institutos de planeación carezca de una programación, coordinación y de una implementación estratégica, teniendo como resultado un desarrollo municipal sin orden de planeación, lo que esto termina por agravar la situación actual en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del país.

Las acciones emprendidas por los gobiernos en este momento, dijo, “distan mucho de ser una respuesta a esto y a otros desafíos, por lo que es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización, como un motor para impulsar el crecimiento económico, sostenido e inclusivo, así como la protección del medio ambiente, el desarrollo social y cultural”.

Con el dictamen, añadió, se busca que la Ley General contenga la implementación de institutos de planeación a nivel metropolitano, multimunicipal y municipal y, con ello, tener una coordinación eficaz, como parte de una estrategia global para la mejor planeación y desarrollo sostenible del país.

Además, se busca que los institutos de planeación formen parte activa del Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, de las estrategias nacionales de ordenamiento territorial y de los planes y programas municipales de desarrollo urbano.

La diputada subrayó que el dictamen es respetuoso de la autonomía de los municipios y del federalismo; por ello, se buscó dar certeza y garantizar los principios de los mandatos normativos que se contemplan en la legislación en la materia, a efecto de dar cumplimiento con la finalidad y los objetivos que implican la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable y sostenible.


Rugidos

¿ Alianzas ?


El proceso electoral del próximo año, donde estarán en juego cerca de mil 500 puestos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados Federal, había entusiasmado a las dirigencias de los partidos políticos a llevar a cabo alianzas con el fin de asegurar el triunfo en la próxima contienda.

Durante el último mes, los actores políticos y las dirigencias partidistas han hecho “cuentas alegres”, sumado y multiplicado las posibilidades que el voto en alianza podría darles. Sin embargo, parece ser que los cálculos no se han hecho correctamente.

Aun antes de iniciar el año electoral, todos los partidos políticos enfrentan ya la exigencia, división y advertencia de parte de sus bases para no ir en alianza con otras fuerzas vivas. Resulta que al impulsar esta figura, se reduce significativamente la posibilidad de que la militancia quede rezagada y sin alternativa para competir por un puesto de elección popular.


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