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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Registro de Violencia Contra Mujeres Entre la Población Rural, Proponen Diputados

*Proponen Prisión Para Quien Sustraiga y Utilice Información de Seguridad Nacional

La diputada Sara Rocha Medina (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la información sociodemográfica por población rural y urbana, en la publicación semestral que ya se hace sobre los casos de violencia contra las mujeres.

Lo anterior, con el fin de integrarla al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual forma parte del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La iniciativa señala que este Banco Nacional carece de estadísticas sobre población rural y urbana, lo que deriva en muchos de los casos, en una revictimización y falta de mecanismos pertinentes para garantizar justicia, el debido proceso y la reparación del daño.

Agrega que según el sitio oficial de dicho Banco, sólo se consideran variables como tipo de violencia, modalidad, victimarios, orígenes de protección o delincuencia organizada, pero faltan aspectos sociodemográficos o por población rural y urbana, hecho que restringe o invisibiliza estos fenómenos en el campo, núcleos agrarios y pequeñas localidades.

“Pese a constituir una herramienta que permite al Gobierno Federal conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia y las personas agresoras para delinear políticas a nivel federal, estatal y municipal para su eliminación, no está completa, ya que de contar con un perfil de población se tendría un mayor contexto de los agresores y su relación con el aspecto rural”, subraya.

“Si no se incorporan estos elementos, difícilmente cumplirá su objetivo de creación, vinculado a elaborar estadísticas y diagnósticos de violencia con miras a conocer sistemáticamente las características y patrones de este fenómeno, para enfrentar la violencia contra las mujeres”, señala el documento.

Subraya que al carecer de información precisa, se desconoce la gravedad real del problema e impide la atención por parte de las autoridades correspondientes, pero a la vez, de manera indirecta hace posible que estos acontecimientos se sigan dando junto con otros como la falta de acceso a la titularidad de predios.

Asimismo, la poca participación en los órganos de toma de decisiones comunitarias y la carencia de medios para el ejercicio de derechos básicos como salud reproductiva, vivienda, educación y capacitación para la vida y el trabajo.

En la iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, la legisladora asegura que sólo mediante el conocimiento de los delitos, su magnitud y origen sociodemográfico se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute en el medio rural.

De ahí, agrega, la relevancia de la presente propuesta en favor de las víctimas y de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores el medio urbano y rural.

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El diputado de Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles, presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, para imponer de dos a ocho años de prisión al que sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice información o documentación de seguridad nacional.

La propuesta que analiza la Comisión de Justicia, adiciona al Código Penal el capítulo VIIII Bis: “De la Sustracción de Información o Documentación de Seguridad Nacional”.

En la iniciativa, el legislador precisa que tanto la Constitución como la legislación secundaria establecen el principio de máxima publicidad de la información pública, con excepción de la de “seguridad nacional”.

En tal sentido, resulta indispensable proteger la información relacionada con la seguridad del país y sancionar su divulgación, que sería contraria a derecho, señala.

“Se propone sancionar penalmente la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de información o documentación de seguridad nacional, por poner en peligro los procedimientos y las instituciones de seguridad nacional”, destaca.

Comenta que para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente el país.

Asimismo, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Por lo anterior el diputado considera necesario proteger la información relacionada con la seguridad de México y, por ende, sancionar con prisión su divulgación y a quien la utilice en contra de la nación.

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De salida les informamos que ayer la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, participó en la Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2020, en donde reconoció a las y los ganadores de la XIII edición del premio, quienes, dijo, habrán de contribuir a la formación de las y los legisladores, dado su compromiso con los temas relevantes de las finanzas públicas de México

Resaltó que un recorrido por los temas de los trabajos ganadores en los últimos 13 años muestra problemas, preocupaciones y vías de solución a diversos aspectos que preocupan y ocupan hasta la fecha a las y los tomadores de decisiones sobre las finanzas públicas en México.

Sobre los premios de este año, la diputada presidenta destacó que el primer lugar corresponde a un tema cuyo estudio es generalmente de carácter cualitativo “La corrupción en el uso de fondos públicos”, en este caso de los fondos federalizados para la infraestructura y asistencia social en los municipios y su vinculación con la pobreza municipal.

Sobre el trabajo ganador del segundo lugar “Paridad de género en el sector público y calidad del gasto público”, comentó que establece magnitudes sobre una estimación de carácter cualitativo hasta ahora, “me refiero a que la presencia femenina en el sector público favorece una mayor transparencia presupuestaria, además de cuantificar los efectos de la mirada de las mujeres y de su capacidad de decisión sobre los temas relacionados con educación, salud e ingresos”.

Rugidos

Vacunas


Ante la pandemia mundial que enfrentamos, no hay respuesta más certera y cercana que la vacuna contra el coronavirus, sobre todo luego de la aparición de nuevas “cepas” de este virus que sigue arrebatando la vida a miles de personas diariamente.

La humanidad se ha refugiado, sin mucho éxito, en medidas ligeras que si bien es cierto ayudan, no son determinantes para detener el mal que azota al nuevo milenio. Cubrebocas, gel en las manos, aseo permanente de las mismas, sana distancia entre las personas y sanitización de áreas y lugares donde se reúnen grupos, no logran frenar al virus.

En el planeta en el cual vivimos, somos unos 8 mil millones de personas, número que se antoja imposible de atender de manera rápida con una vacuna para ponerlas a salvo. La industria farmacéutica mundial carece de una respuesta productiva inmediata, mientras que todo parece indicar que ante ello, cientos de miles de personas más morirán.


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