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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Proponen Diputados que se Otorgue Pensión del Estado a Personas de 65 Años

*Piden Aumentar Penas por el Delito de Robo Patrimonial con Violencia

Los legisladores panistas no se quedan atrás en esto de buscar que la justicia social llegue a un mayor número de personas. Resulta que la diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) propuso reformar el artículo 4º constitucional, con el objetivo de reducir de 68 años a 65 la edad para que los adultos mayores puedan recibir la pensión que otorga el Estado.

Plantea que las personas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley.

En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cuatro años de edad. En la actualidad se entrega a partir de los 65 años.

La iniciativa, que analiza la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que con esta reforma se garantizaría el acceso a todas y todos los adultos mayores, y se cubriría a un mayor número de personas que por la pandemia han perdido su principal fuente de ingreso y, por su edad, es difícil conseguir un nuevo empleo.

Expone que la crisis económica generada por el Covid-19 empieza a traducirse en disminución de los ingresos en la población. Aunque en algunos sectores la pérdida de empleo puede ser temporal, en la mayoría será definitiva, afectando de manera importante a la prolongación de la crisis y a la recuperación económica.

Estima que tales afectaciones serán mayores en grupos vulnerables, como las personas adultas mayores, y peor aún para personas de dicho grupo que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema.

Las estimaciones realizadas por expertos son preocupantes y quienes serán los más afectados son los grupos vulnerables, como las personas de la tercera edad. Es más alarmante aún para los adultos de la tercera edad, pues si no cuentan con seguridad social, como la mayoría de la población, resulta que la pérdida de su empleo a los 65 años sería catastrófica, destaca.

Refiere que en México la edad de retiro es a los 65 años. A esa edad, hombres y mujeres pueden pensionarse, según la Ley de Ahorro para el Retiro de 1997.

Sin embargo, considera, debido a que la mayoría de los mexicanos se encuentran en la informalidad, sobre todo la generación que empezó a laborar en los años sesenta y setenta, es indispensable que el Estado mexicano garantice que la pensión no contributiva llegue no a los 68 como marca el citado artículo, sino a los 65, para cubrir a toda la población, haya trabajado en la formalidad o no.

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Y en esto de la justicia amplia y expedita también trabajan los diputados de MORENA. El diputado David Bautista Rivera (Morena) planteó reformas a los artículos 372 y 373 del Código Penal Federal, a fin de aumentar las penas por el delito de robo patrimonial cuando se ejecute con violencia.

El documento, que analiza la Comisión de Justicia, precisa que si el robo al patrimonio se ejecuta con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán de uno a diez años de prisión y de cien a mil días de multa, en lugar de seis meses a cinco años de prisión como actualmente se establece.

Además, menciona que cuando se cometa violencia física y moral, en el robo simple, se agregarán de dos a once años de prisión y de doscientos a mil días de multa.

Argumenta que el robo patrimonial es un delito que no sólo significa una pérdida patrimonial, sino que pone en riesgo la información personal, familiar y laboral contenida en el mismo, incluso puede ser utilizado para la comisión de otros delitos como el secuestro, robo de identidad o extorsión.

Resalta que cuando se realiza este tipo de robos con violencia se utilizan armas; la peligrosidad de los delincuentes daña gravemente a la sociedad, mediante la intimidación física, lesiones, o inclusive la muerte, actos que afectan la vida de inocentes ciudadanos que circunstancialmente están en el lugar del atraco.

Añade que más de la mitad de estos ilícitos los realizan reincidentes y cada día es más frecuente la integración de bandas de delincuentes. “Esto debe ser severamente sancionado, a fin de obtener su segregación de la sociedad, dado los daños que ocasionan a los ciudadanos”.

Menciona que la pandemia por el Covid-19 tiene consecuencias socioeconómicas alarmantes. Una economía formal contraída, inevitablemente afecta el bienestar y la seguridad de todos, “por lo que el robo patrimonial con violencia puede ir en aumento los próximos meses. Por ello, es necesario frenar este tipo de delitos que ponen en riesgo la integridad de la sociedad”, precisa.

Refiere que, a pesar de la contingencia sanitaria, la violencia no da tregua; “para México es una epidemia que se padece desde hace varios sexenios”.

En abril de 2020, cuando se ordenó el paro de casi todas las labores y se suspendieron las clases, la cifra de denuncias por todos los delitos cayó a los 119 mil 809, la incidencia mensual más baja en 16 años, pero a partir de mayo el crecimiento mensual ha sido sostenido, y para septiembre las denuncias por todos los delitos cerraron en 161 mil 157 casos, señala.

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Ya de salida informamos a usted, amable lector que el diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) impulsa reformas al Código Civil Federal, para que en la asignación de la guarda y custodia de las hijas o hijos se atienda al principio del interés superior del menor, y plasmar su derecho a que se les tome en cuenta sobre la decisión de quién la ejercerá.

Plantea establecer en el artículo 282, fracción VI, párrafo segundo que, en todos los casos, el juez competente deberá analizar que la asignación de la guarda y custodia atienda al principio del interés superior del menor, tomando en cuenta no sólo el menor perjuicio que pudiera generársele, sino el mayor beneficio posible.

Además, tratándose de menores de 7 años, para garantizar su normal desarrollo biológico, se buscará que el menor quede bajo el cuidado de la madre, al menos que se demuestre que esta decisión contraviene el referido principio.

Añade que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en el proceso de designación de la guarda y custodia, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, refiere que actualmente el último párrafo de la fracción VI del artículo 282 contiene una disposición diferenciada al estipular, sin proporcionar mayores elementos, que los niños menores de 7 años deberán quedar a cargo de la madre, sin que resulten relevantes los deseos del padre, del menor, ni la valorización de las circunstancias del caso.

Rugidos

Elecciones Calientes


Los partidos políticos, desde las coaliciones que han concretado, comenzaron a meter el acelerador en la designación de candidatos que los representarán en la contienda del próximo 6 de junio, donde debido al número de puestos de elección popular que estarán en juego, está siendo considerada la jornada cívica electoral más grande en la historia del país.

Los procesos de selección y competencia dentro de cada instituto político a calentado los ánimos de muchos militantes y uno que otro simpatizante, debido a lo cual algunos han emigrado de un partido a otro, sin el menor recato. Ellos, los “chapulines” buscan y quieren a como dé lugar la oportunidad de participar como candidatos.

La crispación en el ambiente ha prendido los focos rojos en partidos como MORENA y el PRI, donde grupos, tribus o militantes vienen exigiendo la destitución de sus dirigencias, por no responder a los intereses de sus militancias.

Los enfrentamientos se acentuarán cuando se designen formalmente a los candidatos y más aún, cuando arranquen las campañas.


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