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  • AFP

Selva Política

MIGUEL BARBA


*Deben ser Personal Docente, los Profesionales en Lenguas Indígenas y Extranjeras

*Proponen Diputados dar Asistencia Social Especial a Personas Adultas Mayores

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) impulsa reformas a los artículos 7° y 17 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el objetivo de incluir a las y los profesionales en lenguas indígenas y extranjeras como personal docente.

Adiciona la fracción VI del artículo 17 para que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación establezca los criterios y programas para su desarrollo profesional, considerando la formación, capacitación, actualización, medios de apoyo para el cumplimiento del perfil académico. Los programas de desarrollo se impartirán de conformidad con los criterios que determine la comisión y la autoridad educativa.

En las disposiciones transitorias plantea que los derechos laborales de estas y estos maestros, incluyendo los contratados a través del Programa Nacional de Inglés (Proni), se incorporen al Sistema para la carrera de las maestras y maestros y que la Secretaría de Educación Pública reconozca su antigüedad y derechos laborales enmarcados en la Constitución.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación para dictamen, con opinión de la de Pueblos Indígenas, busca reconocer los derechos lingüísticos, integrando explícitamente al sistema educativo nacional a las maestras y maestros en lenguas indígenas y extranjeras.

Refiere que hablar de bilingüismo y plurilingüismo significa que un país usa más de una lengua cotidianamente, que representan un instrumento de comunicación y un atributo de la identidad cultural y la realización del potencial individual y colectivo.

La legisladora destaca la importancia de fortalecer el entorno educativo de la población indígena que tiene mayor riesgo de no ir a la escuela, no concluir su formación básica obligatoria o no lograr los niveles de aprendizaje esperados, y reconocer e impulsar a maestras y maestros que hacen realidad el derecho a la educación.

Añade que las y los profesores de inglés dependen del Proni y su profesionalización, incorporación y actualización debe ser institucionalizada. Por ello es que propone que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación coadyuve con el establecimiento de criterios y programas para su desarrollo profesional.

Explica que, a partir de 2019, más de ocho mil docentes del Proni subsisten en condiciones laborales distintas a las descritas en la Constitución y las leyes generales; no son reconocidos como maestras y maestros, sino como “asesores externos especializados”, sin seguridad social, aguinaldo, pago de vacaciones, antigüedad y no son considerados dentro del Sistema de Carrera, además de que los recursos del programa han ido en detrimento desde 2018.

“Un sistema educativo actual no se puede concebir sin que sea igualitario, equitativo y con pleno respeto a las y los docentes que trabajan por la educación y, si bien las leyes secundarias pretendieron cubrir el mandato constitucional, algunos derechos se quedaron en una aspiración”, puntualiza.

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El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) propuso reformar los artículos 5° y 6° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que sean sujetas de programas de asistencia social en caso de pérdida de la salud.

Además, que puedan acceder a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral en donde también se les brinde un lugar seguro para dormir, alimento, ropa limpia, atención médica e higiene, y que el Estado les garantice condiciones óptimas de participación y trabajo.

En el documento, enviado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, se señala que garantizarles asistencia social por pérdida de salud y no solamente por discapacidad, así como atención integral, son pasos mínimos pero necesarios en el resguardo de este grupo de edad que ya no representa una minoría poblacional, frente a la situación de abandono, asilamiento y rezago.

Refiere que el desplazamiento de la población joven y adulta económicamente activa, hacia una población adulta y adulta mayor es inminente, y de no ser tomado en cuenta tendrá consecuencias económicas y de pobreza “aún peores que las ya existentes”.

Destaca que al garantizarles una fuente de ingreso propio podrían experimentar un proceso de dignificación y autonomía, con la posibilidad de contar con un recurso que no dependa de sus familiares o de programas sociales.

Precisa que el país atraviesa una transición demográfica, en la que la pirámide poblacional se invirtió, lo cual implica un trabajo de refinamiento legislativo constante para afrontar el manejo de las políticas públicas del futuro.

Considera que el panorama de envejecimiento nacional e internacional requiere un enfoque integral de tipo gerontológico y de derechos humanos que les atienda en los rubros biológico, psicológico y social para promover su capacidad funcional.

Señala que, en México, el derecho al trabajo, a la salud y accesibilidad de servicios con esa visión son ausentes, aunque Conapo estima que en 2050, alrededor del 28 por ciento de la población tendrá más de 50 años y menos personas económicamente activas.

Según el Coneval, en 2018 la cifra de pobreza en este grupo de edad fue de 41 por ciento, es decir, alrededor de cuatro millones de personas, de los cuales siete por ciento estaban en condiciones de pobreza extrema.

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En este sentido, ayer la diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT) señaló que durante la pandemia han aumentado los niveles de estrés individual y colectivo, ya que muchas personas enfrentan pérdidas de familiares y seres queridos, salud, vivienda, bienes y empleo.

Por ello, propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de que, en caso de emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, cuando las circunstancias lo exijan, establezcan programas de medidas terapéuticas de carácter psicológico y social que eviten daños a la salud de la población.

Además, precisar que la persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá el “derecho a recibir atención inmediata cuando sea solicitada por causa de la declaración de emergencia sanitaria”.

La legisladora consideró que en este contexto por la emergencia sanitaria, el sistema de salud debe responder a las nuevas realidades epidemiológicas, demográficas, económicas, sociales, políticas y culturales del país, ya que influyen directamente en la configuración y manejo de los servicios de salud.

Mencionó que este entorno ha traído consigo manifestaciones emocionales como angustia, ansiedad, cansancio, crisis de pánico, depresión, desconfianza, discriminación, frustración, impotencia, incertidumbre, indefensión, inseguridad, insomnio, irritabilidad, nerviosismo y tristeza.

Rugidos

¿Poder Judicial?


El nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no traerá nada bueno para la tranquilidad que demanda y exige el país el cual enfrenta los retos de superar no solo la pandemia y el desempleo, sino además la creciente pobreza que ha comenzado a golpear la conciencia colectiva.

Durante los últimos días, el presidente de México, Andrés López Obrador no se ha medido en sus señalamientos en contra de los jueces y magistrado del Poder Judicial, luego de que uno de ellos suspendió la vigencia y puesta en marcha de la nueva Ley de la Industria Eléctrica

En respuesta inmediata, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar dio acuse de recibo a la solicitud presidencial de investigar por qué se emitió esta suspensión provisional que frena momentáneamente la entrada en vigor de la reforma eléctrica propuesta por el propio López Obrado.

La actuación de los jueces y magistrados, se dijo, va más allá que una suspensión provisional.



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