Selva Política

MIGUEL BARBA

*Piden las Comunidades Indígenas y Afromexicanas ser Escuchadas sus Demandas

*Podría ser Delito la Difusión de Material que Difundan Funcionarios: Diputados

Los participantes en el foro para la dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, consideraron que las regiones originarias deben ser consultadas respecto a todo aquello que las afecte, como el paso de autopistas, construcción de ductos y desechos de los residuos tóxicos de empresas privadas.

Al clausurar el noveno foro, llevado a cabo en Huatusco, Veracruz, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, apuntó que la ley general será la directriz que regule las consultas a las comunidades indígenas y afromexicanas, a fin de que éstas sean escuchadas, mediante su participación libre, previa e informada.

Aseguró que la intención es que después de los diez foros en diversas entidades del país y el parlamento abierto que se llevará a cabo el próximo martes 30 de marzo, se recopilarán las opiniones y sugerencias de especialistas, académicos, funcionarios públicos, instituciones, asociaciones, a fin de robustecer el proyecto de ley y garantizar que atienda las necesidades de los indígenas y afromexicanos.

“El documento se irá modificando de acuerdo con las propuestas planteadas por cada uno de los representantes de las comunidades indígenas y demás participantes”, dijo.

Durante las conclusiones de las mesas de análisis del foro, los representantes indígenas de la región veracruzana consideraron que las asambleas comunitarias, los consejos de ancianos y los comisariados ejidales deben participar en las consultas.

Asimismo, pidieron que en el proceso de información de las consultas se dé la certeza de que todos los pueblos conocerán la convocatoria de participación y los motivos que la derivan y una vez concluida se difundan los resultados.

Apuntaron que es fundamental que este ordenamiento promueva una perspectiva de equidad de género, es decir, que las mujeres tengan la misma oportunidad de ser consultadas.

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En otro tema, el diputado Fernando Torres Graciano (PAN) planteó establecer como delito de ejercicio ilícito de servicio público la difusión de imágenes, audios o videos almacenados en aparatos electrónicos o en cualquier otro medio, soporte o formato de información tecnológico, que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Las reformas propuestas son al Código Penal Federal y a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

También precisa que al servidor público que, en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación o “marginación”, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, “ya sea de manera física o a través de la utilización de imágenes, audios o videos almacenados en aparatos electrónicos o en cualquier otro medio, soporte o formato de información tecnológico”, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días multa.

En la iniciativa, remitida a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, se destaca que la información que llega a ser filtrada por los servidores públicos puede afectar las investigaciones, dando como resultado procesos mal ejecutados que permiten en algunos casos que los imputados salgan libres de toda repercusión y castigo.

Hace referencia a casos donde los servidores públicos encargados de la investigación filtraron fotos y videos, sobre un feminicidio y de cómo elementos de la Policía Bancaria e Industrial golpeaban a tres acusados del robo a un negocio.

Añade que hay casos en donde los propios elementos de la policía no solo violan los derechos humanos, sino también afectan el debido proceso por grabar a los detenidos e imputados de algún hecho ilícito, lo cual perjudica a un proceso claro y transparente, y da la posibilidad al presunto imputado de salir impune por la mala actuación de los elementos de seguridad.

Puntualiza que algunos de los servidores públicos que deberían trabajar para beneficio de la sociedad y la impartición de justicia, han realizado acciones que no solo violan los derechos humanos de las víctimas, sino que pueden llegar a degradar la integridad de los afectados y sus familiares.

Por ello, considera necesario detener esta sustracción de evidencia física, digital o documental por parte de los servidores públicos que victimizan, revictimizan, degradan y humillan a las víctimas y familiares de estos hechos.

Además, evitar que los funcionarios públicos que están a resguardo de la evidencia hagan un mal uso de esta información que puede ser esencial para la propia investigación y que, por no seguir una adecuada cadena de justicia pueda verse afectada, lo cual podría resultar en una violación, no solo para el imputado, sino para aquella persona que busca justicia.

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De salida les informamos que la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) presentó una iniciativa para prohibir a los patrones exigir u obligar a las y los trabajadores a firmar algún documento en blanco, condicionándolo para su contratación, o en cualquier momento de la relación laboral, así como cualquier otro medio que implique renuncia de derechos o imponga obligaciones al trabajador.

Con reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, queda prohibido a los patrones negarse a proporcionarles un ejemplar de las condiciones de trabajo que se hayan firmado.

La propuesta de reforma equipara la firma de dichos documentos a la falsificación de documentos privados y establece que se impondrá sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de ciento ochenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El documento, remitido a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Justicia, menciona que en caso de que la o el trabajador sea obligado a la firma de algún documento de este tipo podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las autoridades en la materia para denunciar el hecho.

En la exposición de motivos se resalta la necesidad de combatir esta práctica reprobable que cometen los patrones en perjuicio de las y los trabajadores, así como salvaguardar, proteger y brindar certeza jurídica.

Rugidos

Semana Santa

La que inicia será, sin duda una Semana Santa peculiar y muy especial. Distinta a la que vivimos hace un año, cuando en medio de una anunciada pandemia apenas iniciaba el aprendizaje de entenderla, sortearla y buscar contenerla.

Hoy debido a la emergencia sanitaria que no termina por ceder, México registra más de 200 mil personas fallecidas y decenas de miles de contagiados, además de millones de personas bajo la incertidumbre y exigencia de que las autoridades aceleren el programa nacional de vacunación.

Debido a ello, viviremos una Semana Santa enmarcada en el ruego y la súplica de que este prolongado momento ya termine. La visita a la playa debe esperar; las reuniones familiares quedan para un mejor momento, el encuentro con los amigos se aleja sin saber cuándo podremos volver estrechar su mano.

Antes de tener la esperanza de un mejor momento, está latente la amenaza de una la tercera oleada que deseamos no se presente.