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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Proponen Castigo a Quienes Cobren Intereses Superiores a los del Mercado.

*Diputados Preparan Modificaciones a la Ley Para una Vida Libre de Violencia

La diputada Hildelisa González Morales, del PT, propuso reformas al artículo 387 del Código Penal Federal, con el propósito de imponer castigo a quienes se aprovechen de la necesidad económica de la gente mediante el cobro de intereses superiores a los del mercado.

La iniciativa busca eliminar, de la fracción VIII del citado artículo, la palabra “usuarias”, por considerar que distorsiona el sentido del término usura, y adicionar las palabras “pagarés o cualquier otra figura” en la cual se establezcan cobros por intereses superiores a los del mercado.

La modificación precisa que al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas por medio de contratos, convenios, incluyendo la figura de “pagarés, o cualquier otra figura” en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado, se le aplicarán las mismas penas que al delito de fraude.

Dichas penas, establecidas con anterioridad, van de 3 días a 6 meses de prisión o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario; de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor excediera de 10, pero no de 500 veces el salario, y prisión de tres a doce años y multa hasta 120 veces el salario si el valor de lo defraudado fuere mayor a 500 veces el salario.

En la iniciativa se explica que un porcentaje importante de la población mexicana ha utilizado en algún momento los servicios que prestan las instituciones financieras, figuras que en la generalidad de los casos se encuentran registradas y bajo la supervisión de las autoridades financieras de nuestro país; sin embargo, también existen algunas que no están operando con regularidad.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Primera Sala, determinó que está prohibido el cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré, sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorias.

La SCJN considera que los intereses ordinarios constituyen el rédito que produce o debe producir el dinero prestado, es decir el precio pagado por el uso del dinero; mientras que los intereses moratorios consisten en la sanción que debe imponerse por la entrega tardía del dinero según lo pactado en el contrato.

La Sala determinó que la usura puede ser configurada por el cobro excesivo o desproporcionado tanto en los intereses ordinarios como en los intereses moratorias, pues aunque los intereses moratorias, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada.

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En otro tema, ayer con el propósito de coadyuvar a la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia de género e implementar medidas específicas dirigidas a mujeres con discapacidad, la diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia.

Mediante una iniciativa, planteó adicionar la fracción VII al artículo 41, para establecer entre las facultades y obligaciones de la Federación asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad en formatos de comunicación accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.

Además, agrega un párrafo al artículo 52 a dicho ordenamiento, a fin de estipular que las mujeres con discapacidad serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por defensores de oficio que tengan conocimiento en las diversas discapacidades y, en su caso, por intérpretes de la lengua de señas mexicana.

En el documento, enviado a la Comisión de Igualdad de Género, se señala que con estas reformas se asegura que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, tendrán la orientación y defensa adecuada, mediante comunicaciones y lenguaje accesible, considerando los diferentes tipos de discapacidades que puedan padecer, tanto sensoriales, intelectuales, psicosociales y físicas.

Además, garantiza que obtendrán en formatos de fácil comprensión y accesibles, la información necesaria para conocer sus derechos y prevenir, denunciar y conocer las formas de obtener apoyo ante casos de violencia.

Indica que la violencia hacia las mujeres es uno de los problemas más graves y persistentes. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh), seis de cada 10 mexicanas de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo y entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día.

Añade que las mujeres con discapacidad sufren discriminación múltiple y son más propensas a la violencia doméstica, emocional, sexual, física y económica, entre otras. Las víctimas de algún tipo de violencia que denuncian, enfrentan graves obstáculos de acceso a la justicia.

Señala que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no incluye una referencia específica a mujeres con discapacidad, ni a la difusión y promoción de sus derechos en formatos accesibles; tampoco aborda la atención específica para ofrecerles acceso a la justicia, incluyendo, la comunicación y lenguaje accesible para su atención cuando son víctimas de violencia.

Desataca que las normas internacionales de derechos humanos exigen que las acciones contra la violencia hacia las mujeres deben tener un enfoque multidimensional para asegurar los derechos de las mujeres con discapacidad. México ha firmado y ratificado estos instrumentos, por lo que debe proteger y promover los derechos y la dignidad de estas mujeres a fin de salvaguardar su derecho a una vida libre de violencia.

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De salida les informamos que la diputada María del Rosario Guzmán Avilés (PAN), propuso reformas al artículo 9 inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro para precisar que a quien detenga en calidad de rehén a una persona “por medio de violencia física o por cualquier medio de coerción o intimidación”, se le impondrá pena de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días multa.

En la exposición de motivos, se menciona que el propósito de la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, es considerar como una agravante el secuestro virtual.

Indica que con el desarrollo de las tecnologías, la delincuencia organizada ha encontrado nuevas formas de amedrentar y cometer delitos contra las personas que viajan o vacacionan y el patrimonio de familiares, además de causar otras secuelas como la parte psicológica.

Considera importante dar herramientas que permitan castigar esta práctica que ha venido desarrollándose durante los últimos años, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.


Rugidos

Ley Electoral


En el primer día de la contienda electoral abierta, el Presidente Andrés López Obrador no se contuvo de hablar y referirse a los actores políticos que ya comienzan a verse.

Luego de que el INE prohibió al mandatario mexicano no referirse tampoco a las obras públicas que su gobierno construye, López Obrador, con la experiencia que le asiste aprovechó su conferencia mañanera para buscar posicionar a su partido MORENA en el arranque de la contienda cívica más gran del país.

Y el mandatario volvió a comprometerse a respetar la ley electoral, a no referirse ni atacar a ningún partido político y, mucho menos a ningún candidato. Pero, adelantó, si hay corruptelas, si buscan comprar el voto donando bolsas de alimentos, denunciará.

Van quedando atrás la invitación a aceptar el frijol con gorgojo que lo posicionó a él como candidato.



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