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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Piden Diputados se Garantice Atención a los Damnificados de la Línea 12

*Presentan Reformas a la Ley General de Salud; Proponen Mayor Capacitación

Las y los integrantes del Grupo Anticorrupción de la bancada del PAN, coordinado por la diputada Marcela Torres Peimbert, exigieron medidas que garanticen la salud y derechos humanos de las personas lesionadas y familiares de quienes perdieron la vida en el derrumbe de la Línea 12 del Metro, en la Ciudad de México, el pasado 3 de mayo.

En un comunicado, informaron que presentaron un punto de acuerdo, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exigir dichas medidas.

“Ante ese lamentable suceso, los integrantes del Grupo Anticorrupción nos solidarizamos con los familiares de los deudos y con las personas heridas en esta tragedia, y solicitamos se les trate como lo que son, víctimas; y con ello, que se repare el daño causado a cada una de ellas”.

El colapso, afirmaron, pudo evitarse porque hubo advertencias en diferentes momentos; “consideramos que las 26 personas fallecidas fueron arbitrariamente privadas de la vida, y los lesionados sufrieron un grave menoscabo a su salud”.

“Ello, debido a errores en la construcción e inacción en su mantenimiento por parte de autoridades y empresarios que construyeron mal y a sobreprecios la Línea 12 del Metro; así como restricciones presupuestales de hoy y la incompetencia de sus actuales dirigentes, como es el caso de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum", abundaron.

Las y los legisladores panistas sostuvieron que “está claro que la falta de transparencia y probidad en materia de obras públicas ponen en riesgo la vida de las personas más pobres".

La diputada Torres Peimbert aseveró que "la incompetencia está cobrando vidas, se deben fincar las responsabilidades correspondientes a quienes estén incumpliendo con su trabajo; las omisiones son responsabilidad de alguien, hoy ha costado la vida de muchas personas, lo que constituye un delito. Y es que lo que sucedió en la Línea 12 no fue un accidente, fue corrupción y negligencia”.

Las y los diputados dijeron que “es altamente preocupante que empresas que construyeron y fueron proveedoras de la Línea 12 del Metro, también participan en otras obras del Gobierno de esta ‘Cuarta Transformación’, como el Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, por lo que pedimos se investigue el estatus de dichas obras antes de seguir operando".

El Grupo Anticorrupción está integrado por Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Sobrado, Josefina Salazar, Ismael Sánchez, Patricia Terrazas Baca, Jorge Arturo Espadas Galván, Gloria Romero, María Eugenia Espinosa, Ernesto Ruffo y María de los Ángeles Ayala Díaz. El punto de acuerdo también está firmado por Alejandra García Morlan.

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Por cierto, ayer el diputado José Eduardo Esquer Escobar (MC) presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, a fin de que la atención médica sea íntegral y profesional, por lo que el personal médico tendrá que ser capacitado para atender las necesidades de todos los individuos, y de manera específica las de personas con alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.

Asimismo, propone que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas promuevan que en los lugares en que se presten servicios públicos, haya personal médico capacitado para atender las diversas necesidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.

La propuesta de reforma a los artículos 2 y 180 de la citada ley, remitida a la Comisión de Salud, señala que a muchos mexicanos que padecen alguna discapacidad se les dificulta comunicarse, moverse, aprender, cuidarse y vivir de forma independiente, lo que provoca que en su día a día se enfrenten a discriminación y otros problemas que inhiben su desarrollo.

Indica que los obstáculos que enfrentan, son la falta de servicios e infraestructura que les facilite actividades, nulo acceso a la información, educación y a empleos, lo que reduce sus oportunidades económicas; además, este sector suele ser víctima de actos violentos y humillaciones.

Resalta que en el sector salud hay múltiples deficiencias en materia de inclusión de personas con discapacidad, al no contar con la infraestructura adecuada ni personal suficientemente capacitado para atender las necesidades.

Ejemplifica que en muy pocas ocasiones se puede encontrar personal que se comunique a través de un lenguaje de señas o que tenga conocimiento del sistema braille, lo que dificulta que las personas sordomudas o que padezcan ceguera puedan solicitar atención médica o pedir ayuda de manera eficiente.

Menciona que, en México, según datos del Censo 2020 del Inegi, 20 millones 838 mil 108 personas cuentan con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 16.5 por ciento de la población. En materia de género, existen 11 millones 111 mil 237 mujeres con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 53 por ciento del total, mientras que el 47 por ciento restante, es decir 9 millones 726 mil 871 son hombres.

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De salida les reportamos que la diputada Nohemí Alemán Hernández (Morena) impulsa una iniciativa para dotar de un marco jurídico que impulse el acceso a servicios financieros dirigidos a personas con alguna discapacidad.

Indicó que su propuesta busca reformar los artículos 7, 10 y 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de fomentar y promover el acceso a financiamientos para las micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes), en igualdad de oportunidad para hombres, mujeres, incluidas personas con discapacidades.

Alemán Hernández consideró que se deben enfocar los esfuerzos a nivel regional, estatal y municipal, con el objeto de garantizar la igualdad de acceso tanto para hombres, mujeres y personas con algún tipo de discapacidad, así como promover esquemas que faciliten el financiamiento público y privado con especial énfasis para mujeres y personas con alguna discapacidad.

Rugidos

Voto y Violencia


Las campañas electorales en México se siguen tiñendo de rojo. Las amenazas y asesinatos perpetrados se dan a conocer casi a diario y ello ha generado una percepción de altísima inseguridad que pone en riesgo no solo a quienes compiten sino a la ciudadanía en general.

El clima de violencia deriva ya en el alto riesgo de salir a la calle a promover el voto, y vivir un episodio de inseguridad que puede arrebatar la vida de quienes aun creen que los procesos electorales son la única vía de participación ciudadana en la disputa por el poder.

Los electores y ciudadanos en general coinciden en que, ante esta situación de zozobra y temor, los tres niveles de gobierno han fallado en su obligación de brindar seguridad y protección a los habitantes de nuestro país.

Las autoridades han reconocido que no han podido detener la ola de inseguridad y violencia. La ley del revólver gobierna lamentablemente en nuestro país y parece ser que estará presente por un buen tiempo.

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