• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA

  • Piden Diputados a Profepa y Semarnat, Vigilen y Protejan las Playas

  • Impulsan Iniciativas de Ley Para Garantizar Seguridad en Redes Sociales

La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (Morena) propuso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleven a cabo acciones para proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, y vigilen que el uso, aprovechamiento o explotación de las concesiones otorgadas en la administración pasada, no afecte ni altere el equilibrio ecológico.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales señaló que Quintana Roo es la entidad donde se otorgó el mayor número de concesiones durante 2018, con 56 títulos, de los cuales 35 fueron concedidos sólo a cinco inmobiliarias.

Mencionó que Nayarit se sitúa en segundo lugar. En 2007, el gobierno federal y el de esta entidad lanzaron la marca turística Riviera Nayarit. Desde entonces, a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), empezó la concesión y venta de predios con frente de playa expropiados a ejidatarios; un proceso en el que los municipios Bahía de Banderas y Compostela resultaron claves.

“Para los habitantes de la costa de Nayarit, debido a este desarrollo, las comunidades han caído presa del desalojo. Ante esto, se han manifestado, lo que ha derivado en que sean perseguidos, encarcelados e incluso torturados”, añadió.

Villalvazo Amaya relató que en enero de 2016, en Quintana Roo, ciudadanos y activistas denunciaron que, de madrugada, un grupo de trabajadores escoltado por policías comenzaron a realizar labores con maquinaria pesada para construir el proyecto inmobiliario llamado Malecón Tajamar.

A la zona arribó maquinaria escoltada por policías estatales. La excavación afectaba a un manglar y la vida de especies como el cangrejo azul, la rana leopardo, varias aves, iguanas rayadas, garzas, pelícanos café y cocodrilos Moreletti.

“La defensa de la zona escaló al grado de solicitar en la plataforma change.org, que se le retirara a México la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP13). Tajamar se volvió emblema de la lucha activista del medio ambiente; sin embargo, el reclamo no detuvo al gobierno para concesionar miles de metros de playas quintanarroenses”, añadió.

La diputada de Morena subrayó que en el caso de La Lancha -la única playa que queda con acceso al público en la comunidad de Punta de Mita, en Bahía de Banderas, Nayarit- pobladores han denunciado que, desde el 21 de noviembre de 2018, personal de seguridad privada acompañados de trabajadores, comenzaron a colocar una malla ciclónica y carteles de “cerrado”, en los accesos, argumentando estar facultados para hacerlo. Al ser increpados por los pobladores, algunos guardias rociaron con gas lacrimógeno a las personas y agredieron a otras físicamente.

“Todo esto fue provocado por la desarrolladora turística, quien pretende un proyecto de construcción de un complejo habitacional y turístico en la franja de playa que corresponde desde Punta de Mita hasta Destiladeras; existe una concesión que, de acuerdo con Semarnat, impide cualquier construcción que afecte el ecosistema”, añadió.

Ante todo ello, añadió, es fundamental llevar a cabo acciones con el fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación de las concesiones, no afecte ni altere el equilibrio ecológico.


Algo novedoso e interesante ha propuesto la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz (MC), secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien informó que impulsa dos iniciativas para garantizar la seguridad en las redes sociales, materia de abuso o acoso sexual y fraudes cibernéticos, respectivamente.

En un comunicado indicó que una iniciativa busca generar las condiciones para que la información del ciberespacio que contenga explícitamente un señalamiento de abuso sexual, acoso u hostigamiento, deba ser indagado e integrado al Ministerio Público (MP), para robustecer las investigaciones sobre denuncias presentadas.

Medina Ortíz consideró que es importante que se legisle en la materia para poder obtener pruebas que garanticen una investigación objetiva y parcial de “estos lamentables hechos”.

“Actualmente existe la problemática para integrar esta evidencia, lo cual se debe a que presuntamente se viola la privacidad de los usuarios del ciberespacio”, dijo.

La diputada de MC comentó que la otra iniciativa busca garantizar la seguridad cibernética, basada en la transparencia y el pleno respeto de los derechos humanos a través de tres modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los tres niveles de gobierno y actores sociales, cooperen en la seguridad cibernética en materia de derechos humanos.

Asimismo, pretende que el Secretariado Ejecutivo genere información pública sobre seguridad cibernética e información generada por los actores sociales y que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva la cultura de seguridad cibernética.

“En nuestro país se decidió generar la Estrategia de Seguridad hasta 2017, en consecuencia, el rezago es evidente y se refleja en actividades antisociales y de probables delitos a través del ciberespacio, que van desde intrusión en equipos hasta la parálisis de áreas de instituciones, pasando por fraudes a usuarios de banca electrónica o robo de identidad”, recordó.

Refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los fraudes cibernéticos incrementaron de 38 mil en 2011 a más de 639 mil en 2017.

La legisladora de MC destacó la importancia de garantizar un acceso seguro y confiable al ciberespacio para afrontar los fraudes.

“Somos conscientes de la falta de seguridad y del buen uso del ciberespacio, por ello impulsamos dichas iniciativas para garantizar una navegación que no exponga a los usuarios y que castigue a los que cometan delitos de acoso”, finalizó.


Rugidos


¿Vía Crucis?

Será interesante saber cuál será el comportamiento de la industria turística nacional en este primer periodo de asueto del actual gobierno federal, luego del ajuste de personal que se ha estado viviendo en las oficinas y secretarías de la administración pública federal.

Desempleo, bajos salarios e incertidumbre empresarial podrían propinar el primer gran golpe a una industria por demás importante para la economía nacional, por el número de paseantes, derrama económica e índice ocupacional en hoteles que se han registrado en este tradicional periodo de asueto de Semana Santa.

Las condiciones políticas, económicas y de seguridad pública en México, parecen no representar el mejor momento para asegurar el éxito de una temporada vacacional, la cual genere miles de empleos permanentes y temporales, se obtenga una derrama económica superior a la del mismo periodo del año pasado y se reduzca el número de personas fallecidas.

En espera de que le vaya bien a los mexicanos, arrancan los días de asueto.

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