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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Pensiones y Jubilaciones Deben Seguir Indexadas al Salario Mínimo: Diputados

*Insisten Diputados en Establecer el Ingreso Básico de Emergencia a Vulnerables

El diputado Hugo Adrián Félix Pichardo (Morena) presentó una iniciativa para que las pensiones o jubilaciones sigan indexadas al salario mínimo y no a la Unidad de Medida y Actualización.

Plantea que las instituciones de seguridad social y las autoridades correspondientes, en el cálculo de las pensiones, jubilaciones y todas las prestaciones de seguridad social, estarán obligadas a tomar el salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia.

Las reformas propuestas son al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Carta Magna.

En los considerandos de la iniciativa, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, se señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, publicada por el Inegi, en el país la población adulta de 30 a 59 años aumentó de 25.5 a 37.4 por ciento, y la de 60 años o más pasó de 6.2 a 11.3. Este último incremento es un indicio de que el país pasa por un proceso de envejecimiento demográfico.

Además, la encuesta menciona que en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más; de ellas, 1.7 millones viven solas; 4 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas (41.4 por ciento) son económicamente activas; 7 de cada 10 (69.4) personas de edad que viven solas presentan algún tipo de discapacidad o limitación.

Resalta que con esas cifras se puede decir que el núcleo poblacional de personas adultas mayores va a aumentar en las próximas décadas hasta convertirnos en una población mayoritariamente de 65 años y más.

Considera que uno de los principales retos es atender a este núcleo poblacional y más cuando la esperanza de vida ha ido en aumento; por ejemplo, una de las acciones “que debemos tener son pensiones que les alcance para llevar una vida digna después de haberse entregado al trabajo durante muchos años”.

Afirma que se está a tiempo de modificar la Constitución para contar con pensiones adecuadas a la población y no a los que señalan los grandes capitales, pues las prestaciones sociales son un derecho humano reconocido en el artículo 1º, párrafo primero, de la Carta Magna y no hay argumentos jurídicos para que las pensiones se calculen con base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), porque solo se actualizan a partir de la inflación y no a través del salario mínimo.

Expone que “de nada sirve celebrar el aumento al salario mínimo si los pensionados no disfrutan de ese triunfo histórico. Tenemos una gran deuda con millones de jubilados y pensionados; por eso, el objetivo es desvincular las jubilaciones y pensiones de la UMA, y con ello estaríamos pasando del discurso a los hechos”.

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Por otra parte, el grupo parlamentario del PRD promueve una iniciativa que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de establecer el Ingreso Básico de Emergencia, para apoyar a la población vulnerable.

La propuesta precisa que en caso de que se verifique una emergencia económica o de salud, que provoque una reducción equivalente o superior al 5 por ciento de los ingresos que refiere el calendario de la Ley de Ingresos, o se presente una contracción del PIB igual o superior al 4 por ciento, cuantificada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en sus informes periódicos del ejercicio fiscal, el Ejecutivo Federal podrá aplicar el Ingreso Básico de Emergencia.

Este será de manera temporal hasta por un trimestre, para apoyar a los grupos vulnerables tanto del sector formal como informal de la población, con cargo a la ampliación del déficit presupuestario aprobado con cargo a la ampliación del déficit presupuestario aprobado para el ejercicio fiscal en curso en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos.

Señala que a las personas que por motivo de una emergencia económica o de salud hayan sido dadas de baja del régimen obligatorio comprendido en la Ley del Seguro Social, se les otorgará el Ingreso Básico de Emergencia, equivalente a un salario mínimo general mensual vigente, hasta por un período de tres meses.

Menciona que a las personas que sin estar afiliadas al régimen obligatorio comprendido en la Ley del Seguro Social, o trabajando por cuenta propia, hayan sido afectadas sustancialmente en sus ingresos por la emergencia económica o de salud, se les otorgará el Ingreso Básico de Emergencia

Dicho ingreso será equivalente a la Línea de Bienestar para la canasta alimentaria y canasta no alimentaria urbana por persona emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, respecto al cierre del ejercicio presupuestal que haya precedido a la emergencia, hasta por un período de tres meses, de acuerdo a los lineamientos que al efecto se expidan.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, argumenta que la modificación cobra sentido en situaciones de emergencia económica o por razones sanitarias como las que actualmente estamos padeciendo por la pandemia provocada por el COVID-19, lo que ha ocasionado un severo deterioro en las familias mexicanas, ha engrosado alrededor de 10 millones de mexicanos a la pobreza y afectado a más de un millón de empresas

La iniciativa reforma y adiciona el párrafo cuarto y la fracción I del artículo 17, así como la fracción II Bis y el inciso d) de la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Y para iniciar la semana les informamos que el diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el Artículo 123 de la Constitución Política, y eliminar la prohibición de reinstalar a agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y municipios, removidos de sus cargos injustificadamente.

La reforma busca acotar en dicho párrafo que esos servidores podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.

En la actualidad, el precepto estipula textualmente sólo esa responsabilidad para la institución, “sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”, lo que se plantea eliminar en la iniciativa.

Considera que la disposición discrimina y afecta derechos y principios constitucionales, como el derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo, la garantía de igualdad ante la ley, el derecho a un recurso efectivo, la carrera policial y la profesionalización de las instituciones de seguridad pública; hace nugatorio lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y contraviene estándares internacionales en la materia.

“Es una forma de discriminación inaceptable para policías, peritos y ministerios públicos al negarles estabilidad en el empleo, pues tras ser acusados de alguna conducta indebida y ser absueltos por una autoridad jurisdiccional, no existe obligación de reinstalarlos”, señala.

Refiere que “en la práctica, y a la luz de la experiencia, la redacción señalada estigmatiza a policías y ministerios públicos, y afecta los esfuerzos por la dignificación de la función policial”.


Rugidos

Adiós, Candidatura


La publicación del diario NYT la mañana de ayer domingo, del informe sobre las muy probables causas que originaron el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México pegan directamente a Marcelo Ebrard, que por la orden de apresurar los trabajos para la terminación de la misma, habría originado el desenlace fatal.

El importante diario estadounidense cita y expone haber recopilado, cientos de fotografías del accidente y documentación oficial sobre la construcción de la obra, mismas que fueron presentadas a expertos ingenieros quienes vertieron su opinión sobre lo que pudo haber sido el factor determinante del accidente.

Asegura el diario estadounidense que la orden de apresurar la terminación de la obra junto con el deficiente trabajo de soldadura generaron con el paso del tiempo, el desgaste y colapso, donde perdieron la vida más de 20 personas. De ser cierto, el hoy canciller de México, tendría que dar a conocer su respuesta.

La que sí salió al paso de cualquier filtración sobre los resultados de las investigaciones que llevan a cabo, fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum quien tras acusar al NYT de que buscar confrontar a la Cuarta Transformación, negó que la información provenga del gobierno que encabeza.

Sea o no cierto lo que asegura el prestigiado diario, en la carrera por la candidatura presidencial de MORENA del 2024, Marcelo Ebrard acaba de tropezar…


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