Selva Política

MIGUEL BARBA

*Proponen Diputados que sean Obligatorias las Comparecencias de Funcionarios

*Analizan Legisladores Incluir el Covid en la Tabla de Enfermedades de Trabajo

Diputadas y diputados del PRI plantearon reformas al artículo 69 de la Constitución Política, para hacer obligatorias las comparecencias y la rendición de informes de las y los titulares de las secretarías de Estado, de las entidades paraestatales y de las empresas productivas del Estado, ante el Congreso de la Unión.

En el documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisan que las y los servidores públicos mencionados, bajo ninguna circunstancia podrán excusarse de acudir ante las cámaras a rendir cuentas del estado que guardan sus respectivos ramos en la administración pública del país.

En los considerandos de la iniciativa, argumentan que en la LXIV Legislatura se analizaron tres informes de gobierno: uno correspondiente a la administración pasada y dos de la actual.

Relatan que ante la LXIV Legislatura y con motivo del análisis de los informes de gobierno de la administración pública federal, nunca acudieron a rendir cuentas los titulares de las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social y de Turismo.

Además, en lo que va de la presente administración, la Secretaría de Energía es la única que no ha comparecido ante la Cámara de Diputados a rendir cuentas del estado que guarda el ramo que encabeza, a pesar de que se le ha citado en dos ocasiones con motivo del análisis de ambos informes de gobierno.

Mencionan que para el Segundo Informe de Gobierno, se solicitó la comparecencia de 14 secretarías de Estado, de las cuales sólo 9 cumplieron con este deber constitucional, es decir, “menos de la mitad de las 19 secretarías dieron cuenta a esta soberanía de sus respectivos ramos administrativos”.

Por ello, consideran prioritario establecer la obligación de comparecer ante el Congreso una vez que son requeridos por alguna de sus cámaras, con el propósito de evitar que evadan la responsabilidad del ejercicio democrático de la rendición de cuentas en el análisis de los informes presidenciales.

Subrayan que un avance del constitucionalismo ha sido la rendición de cuentas y la configuración del sistema de pesos y contrapesos. El Ejecutivo tiene la obligación constitucional de presentar anualmente un Informe de Gobierno en el que comunica al Congreso de la Unión y a la sociedad en general el estado que guarda la administración pública del país. Acto seguido, cada una de las cámaras realizará por separado su análisis del informe, debiendo comparecer los miembros del gabinete que citen las cámaras.

Este ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas, añaden, tiene su origen en la Constitución de 1824, en donde se estableció la obligación del Presidente de presentar su informe de manera oral, el mismo día en que iniciaba el periodo ordinario del Congreso.

La propuesta está suscrita por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán y Claudia Pastor Badilla y el diputado René Juárez Cisneros.

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En otro tema, ayer diputadas y diputados del grupo parlamentario del PT impulsan una iniciativa que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para incluir al SARS-CoV-2 en las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo.

En la iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, refieren que millones de mexicanos deben salir a trabajar, exponiéndose a la enfermedad. El objetivo, subraya, es “cuidar a las y los trabajadores que se encuentren expuestos ante este virus, otorgando al que resulte contagiada o contagiado, incapacidad laboral”.

Indican que ante la pandemia ocasionada por el COVID-19 el Gobierno Federal implementó el Plan de Preparación y Respuesta, y la puesta en marcha de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con medidas como distanciamiento social, lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, uso de cubrebocas, saludo a distancia y recuperación efectiva.

Se suspendieron actividades no esenciales, se limitaron al máximo las actividades del sector público y privado, se interrumpieron las clases en los diversos niveles educativos y se cerraron museos, cines, teatros, restaurantes y bares; se implementó el Semáforo de Riesgo Epidemiológico y el monitoreo para regular el uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19.

Así, en diciembre del 2020, México se convirtió en el primer país latinoamericano y uno de los primeros 10 en contar con una vacuna contra el COVID-19 y en enero de este año se dio a conocer el esquema de aplicación, agregan.

Al 26 de junio de 2021 se habían aplicado 43 millones 369 mil 96 vacunas contra COVID-19, con la población de adultos mayores totalmente inmunizada y las poblaciones de entre 60 y 30 años en ese proceso, al igual que el personal de salud y académico.

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Por cierto, ayer los diputados abordaron el derecho a la protección de la salud, el cual sostuvieron es un derecho universal y su acceso debe ser sin discriminación de ningún tipo. De acuerdo con la Ley vigente, todas las personas tienen derecho a la atención médica en sus tres niveles de atención y a todos los medicamentos e insumos asociados necesarios para sus tratamientos. De manera que los medicamentos, además de estar disponibles y ser accesibles, deben cumplir con los criterios de calidad, seguridad y eficacia.

Una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud, es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se proporcione un tratamiento adecuado y completo que incluya los medicamentos necesarios para el restablecimiento de la salud.

La Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, dentro de las facultades conferidas en nuestro marco normativo, hacemos del conocimiento de nuestros mandantes que el día de hoy se aprobó por parte del Pleno de la Comisión con 22 votos a favor por parte de las y los diputados integrantes el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Salud respecto de iniciativas con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 464 ter de la Ley General de Salud, en materia de sanciones a prácticas ilícitas con medicamentos, mismo que garantizará con el aumento de penas que sus conductas no queden impunes. De igual forma nos complace informar que en sesiones pasadas se expidió por parte de esta Dictaminadora la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia.

Las y los legisladores estamos comprometidos con el abasto de medicamentos de calidad para las y los niños con cáncer, reconocemos que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud trabaja por garantizar el abasto en estos medicamentos, así como la atención que han brindado en esta materia a través de reuniones semanales con la comisión de madres y padres de familia de niñas y niños con cáncer, con el propósito de informarles de manera clara, oportuna y transparente sobre avances en la compra y distribución de los medicamentos dentro del Sistema Nacional de Salud.

Rugidos

Campanas a Vuelo

Abierto, claro y total fue el respaldo que la actual jefa de gobierno de la capital del país, recibió de los militantes y simpatizantes de MORENA en el camino rumbo a la candidatura presidencial del 2024, el pasado jueves en el Auditorio Nacional en lo que se ha leído como un “destape” adelantado.

Ayer viernes la funcionaria agradeció a sus simpatizantes el apoyo brindado, pero les recordó que en estos momentos y meses por venir su atención estará puesta en atender los problemas y demandas que presentan los habitantes de la Ciudad de México.

De cualquier forma, el hecho registrado ha dejado en claro quien desde este momento está en el ánimo del partido del presidente Andrés López Obrador, es la actual Jefa de Gobierno de la capital del país.

Faltan más de tres años para la contienda, pero desde este momento ha quedado más que claro quien va adelante en las preferencias.