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  • AFP

Selva Política

MIGUEL BARBA


*Utiliza Gobierno Federal Programas Sociales Para Promover la Consulta: PRI

*Acatar Criterios en Materia de Matrimonio Igualitario, Piden a Congresos Locales

El diputado Héctor Yunes Landa, vocero del Grupo Parlamentario del PRI, acusó al Gobierno Federal de distribuir, a través de la Secretaría del Bienestar, de manera ilegal, panfletos entre los beneficiarios de programas sociales para promover la consulta pública que permitirá el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas por funcionarios del pasado.

En un comunicado, a nombre de la bancada dijo que el gobierno pretende manipular la opinión de las y los ciudadanos al incluir en estos panfletos las figuras de expresidentes de México, cuando en realidad la consulta abre la posibilidad de investigar también a muchos funcionarios morenistas, entre ellos, quienes construyeron y provocaron la tragedia de la Línea 12 del Metro. “Ellos son actores políticos del pasado cuyas decisiones provocaron la muerte de muchas personas”, explicó.

Agregó que las referencias y las afirmaciones sobre el enjuiciamiento de los expresidentes son declaraciones tergiversadas que buscan manipular a la ciudadanía.

“La promoción que hace el gobierno de la consulta es ilegal. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, el INE tendrá a su cargo, exclusivamente, la difusión de la consulta popular”.

En otras palabras, señaló, ninguna autoridad federal, local y municipal podrá promocionar el mecanismo de democracia directa, por lo que el INE debe sancionar a quienes infrinjan este principio y garantizar que se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en el sentido de que la consulta popular del próximo 1 de agosto no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, por tanto, el gobierno gastará cientos de millones de pesos sólo para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que se aplique la ley, lo que no merece consulta alguna, insistió.

Indicó que las y los legisladores priistas coincidieron en que la consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales, porque los de procuración de justicia no se consultan, además de que se tiene que realizar lo que manda la ley, con independencia de la opinión pública.

Precisó que la pregunta que será materia de la consulta popular del próximo 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Debido a que se trata de una campaña de propaganda política, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados hizo un llamado al Gobierno Federal para que suspenda la difusión y distribución de estos panfletos entre los beneficiarios de los programas sociales, y que sea el INE quien organice, difunda y sancione este ejercicio de democracia participativa.

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En otro tema, ayer la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, exhortó a diferentes congresos locales a acatar los criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de matrimonio igualitario.

En específico se lo solicitó a los congresos de Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Querétaro y Zacatecas, y les pidió reformar sus marcos jurídicos para cumplir los principios de no discriminación y progresividad en derechos humanos.

Con este propósito, la legisladora presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo, en el cual exhortó a las Cámaras del Congreso de la Unión a no ser omisas a nivel federal en el reconocimiento y reglamentación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por medio de un comunicado recordó que, desde 2009, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconoció en su Código Civil local los matrimonios entre personas del mismo sexo y poco después avaló la adopción monoparental, siendo un parteaguas para todo el país.

Por su parte, la SCJN resolvió en 2010 y 2015 que es inconstitucional definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer sólo para fines de procreación, pues tal unión cumple otras funciones sociales, por lo que aquella definición es discriminatoria de las personas en función de su orientación sexual y, por tanto, es promotora de la desigualdad entre ellas.

Como consecuencia de todo lo anterior, los congresos de varios estados, como Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California y Sinaloa, reformaron sus Códigos Civiles en el mismo sentido que la Ciudad de México, apuntó

Otros como Aguascalientes, Chiapas, Jalisco y Nuevo León reconocen el matrimonio igualitario, mientras que en algunos municipios de Querétaro y Zacatecas las personas se pueden casar sin la necesidad de tramitar un amparo.

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De salida les informamos que la coordinadora de las y los diputados de MC, Fabiola Loya Hernández, afirmó que su bancada ha impulsado, a lo largo de la LXIV Legislatura, una agenda que representa los intereses y causas de la ciudadanía.

Lo anterior, en el marco de la 21 Sesión del Consejo Nacional de MC, donde presentó un balance de sus resultados legislativos.

“En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano impulsamos una agenda legislativa propia diferenciada del resto de las fuerzas políticas, avocándonos a representar las causas de la ciudadanía y llevándolas al Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados”, externó en un comunicado.

Loya Hernández aseguró que MC buscó marcar la diferencia en el quehacer parlamentario, de la mano de sociedad civil, así como gobiernos estatales y municipales, posicionándose como un contrapeso legislativo que hiciera valer los derechos y libertades de las mexicanas y mexicanos, "frente a las propuestas y decisiones de una mayoría legislativa enfocada a cumplir una agenda unilateral dictada desde Palacio Nacional".

Rugidos

Paz y Amor


El presidente Andrés López Obrador adelantó ayer, durante su conferencia mañanera la política que su gobierno seguirá para enfrentar a los carteles de la droga, a la delincuencia organizada y a la inseguridad pública que azota todos los días al país y arrebata un número importante de vidas.

Para el mandatario, “aunque se burlen”, así lo dijo y manifestó en más de una ocasión, seguiré con la propuesta de “abrazos, no balazos”. Sostuvo que es pacifista y que no quiere que muera nadie más en nuestro país a causa del combate a la delincuencia.

Con ello nos debe quedar en claro que poco o nada se hará para detener la inseguridad y muertes que crecen en gran proporción de uno a otro mes. Empantanado en su idea de que los delincuentes recompondrán su actitud y comportamiento frente a la sociedad, López Obrador llegará al final de su sexenio peor que como inició.

Muchos de los analistas han comenzado a dar lectura a esa posición del mandatario, respecto al grave problema de la inseguridad y aseguran que con el tácito permiso para delinquir, sin que las fuerzas del orden accionen sus armas, nuestro país va en camino a ser una nación sin ley ni controles sobre este delicado problema.

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