• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA

  • Anuncian Panistas que se Sumarán al Frente a Favor de la Sociedad Civil

  • Urge Establecer Programas de Seguridad en en Universidades Públicas

La bancada del PAN se sumará al Frente a Favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil, creado por diputados de diversas bancadas, pues “el gobierno y sociedad deben trabajar de la mano”, afirmó su coordinador, Juan Carlos Romero Hicks.

El legislador se manifestó en favor de este frente, pues “cada reforma constitucional, Ley General y leyes más visibles que afectan a la parte principal de la proporción de una sociedad, tienen que procesarse en Parlamento Abierto”.

“Hoy estamos apoyando a la sociedad civil, queremos hacerlo con dignidad y representarlo de manera auténtica; que las diferentes presiones de diputadas y diputados podemos cumplir”, aseveró Romero Hicks.

En el mismo sentido, la promovente del citado frente, la diputada Ana Paola López Birlain (PAN), advirtió que “si no trabajamos de la mano Gobierno y sociedad, ningún cambio se va a poder materializar”.

Sostuvo que “necesitamos un gobierno sensible que escuche y que realmente empiece a actuar y no que de manera asistencialista trate de resolver los problemas de este país”.

“Nos solidarizamos y decirles que no están solos; vamos a trabajar y levantar la voz las veces que sea necesario y vamos a traer acciones concretas por el bienestar de nuestro país”, concluyó.

Por su parte, representantes de la Sociedad Civil hicieron un llamado al Gobierno Federal y a la ciudadanía “a que se sumen a los proyectos de la sociedad civil”.

“Porque con nosotros, por cada peso que se invierta, lo multiplicamos y se generan cuatro, pero por cada peso que no se invierta en nosotros, es un gasto que el gobierno tiene que absorber”, concluyeron.

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En otro tema, la diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) urgió a los gobiernos federal, estatales y locales, así como a los rectores de universidades públicas y privadas a que realicen una coordinación y planeación de seguridad que garantice la integridad física de los estudiantes dentro y fuera de los planteles.

En un comunicado, la secretaría de la Comisión de Educación expresó su preocupación por los incidentes de inseguridad y asesinatos de estudiantes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Oriente, como el caso de Aideé, alumna asesinada de un disparo, el pasado lunes.

Alcalá Padilla agregó que un caso similar ocurrió el 11 de abril en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en el que una joven de 22 años fue asesinada con al menos ocho disparos, por lo que “se encuentran en alerta roja los planteles educativos y las autoridades en el rubro de seguridad pública”.

Apuntó que no debe dejarse de lado la línea de investigación de los asesinatos de jóvenes en sus centros de estudio.

“Esto es reflejo de una descomposición social. Anteriormente sólo se veía estos terribles casos en otros países, ahora ya nos alcanzó y es lamentable que en los lugares que considerábamos más seguros después de nuestras casas, ahora ya asesinen a nuestros jóvenes”, expresó.

La diputada perredista lamentó que el gobierno federal sea “incapaz” no sólo de controlar la inseguridad pública, sino de las causas que lo generan, “con su inhabilidad e impunidad deja un mensaje claro a los delincuentes que en México se puede asesinar sin que pase nada”.

Comentó que a cinco meses de iniciado el actual gobierno debe darse cuenta que “su eslogan de ‘más abrazos y menos balazos’ no le funciona, por lo que debe tener mayor certeza y claridad en el plan de seguridad pública para dar castigos ejemplares a los delincuentes”.

“Los arcos de seguridad en algunos planteles educativos únicamente son paliativos, lo que no resuelve el problema de fondo, pero sí restan tranquilidad a los adolescentes y los hacen sentir como si estuvieran en cárceles”, concluyó.


Ya de salida les informamos que la diputada Mónica Almeida López (PRD), integrante de la Comisión de Energía, planteó que se requiere impulsar el derecho al mínimo vital para rediseñar esquemas tarifarios y de subsidios que permitan mayor rentabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En un comunicado, indicó que este derecho fundamental está ligado estrechamente a la dignidad humana, pues constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas como la energía.

“Es ahí el punto de partida para establecer un consumo mínimo garantizado para los mexicanos rediseñando los esquemas tarifarios y de subsidios que permitan una mayor rentabilidad de la CFE”, añadió.

Almeida López explicó que la CFE enfrenta diversas adversidades para mantener su rentabilidad financiera como empresa, “uno de los mayores problemas es el robo de energía, ya que en seis meses perdió25 mil millones de pesos y más de 100 mil millones de pesos anuales por las pérdidas en técnicas de transmisión y distribución de energía”.

Comentó que actualmente se encuentra tipificado el delito de robo de energía, sin embargo, “no ha sido suficiente para hacer frente a esta problemática que impacta directamente a la empresa, en el presupuesto federal, desarrollo económico del país y sobre todo en la población”.

La legisladora perredista consideró que las autoridades requieren hacer diversas adecuaciones de subsidios y tarifas para evitar desequilibrios macroeconómicos, ante el robo de energía.

Asimismo, añadió que se debe contar con tecnología de vanguardia de tendencia internacional en la materia que permita al país ser más competitivo “destacando la importancia de invertir en el desarrollo de energías renovables y sostenibles, con el fin de cubrir la demanda energética actual y reducir los costos como una solución de impacto directo en el robo de energía”.

“Este delito ya no representaría una actividad onerosa en comparación con los riesgos existentes y las sanciones penales que se integren en la comisión de este delito”, dijo.

Almeida López consideró que se deben integrar esquemas tarifarios y de subsidios que sean rentables para las empresas productivas, “pero que también éstas atiendan a las condiciones particulares de los municipios, contemplando factores de sensación térmica y los indicadores socioeconómicos de sus habitantes”.

“Expertos nacionales e internacionales demostraron que el país cuenta con las condiciones necesarias para explotar las energías renovables, invertir en su investigación y desarrollo, para lo cual debe contar con marcos legales que fomenten e impulsen este tipo de energías, a fin de dar una solución económica y viable en el costo de abastecimiento y suministro de energía eléctrica”, finalizó.


Rugidos


Ajustes a la Baja

El gobierno federal ha anunciado que su programa de austeridad le ha permitido recaudar una importante cantidad de recursos económicos, lo que incluso le obliga a reasignar partidas a extras a los programas sociales contemplados.

Lo bueno y lo malo de ello es que en principio hay más presupuesto para atender las justas demandas de los sectores más vulnerables, aunque lo lamentable es que ello se logra principalmente por la serie de despidos de personal que sigue anunciando.

La tijera con la que el gobierno lleva a cabo el recorte de trabajadores, fundamentalmente de confianza parece no ser pareja, toda vez que el gobierno debe voltear a ver otras áreas de donde podría ahorrar recursos y no solo en el cese de personal.

Parece ser que no se está midiendo el fuerte impacto que podría alcanzar, dejar en la calle a miles y miles de padres y madres de familia.

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