• Redacción

Selva Política

MIGUEL BARBA


  • Proponen Diputados Utilizar Como Ambulancias Aéreas, Flota Presidencial

  • Habrá Atención y Respuesta Legal a los Delitos Digitales, Aseguran Diputados

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), planteó que los aviones y helicópteros que formen parte de la flota presidencial no sean vendidos y se usen como ambulancias aéreas a disposición de los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Indicó que el servicio de ambulancias aéreas es prestado esencialmente por empresas privadas; pocas son las instancias de gobierno, federales y estatales, que tienen helicópteros o aviones que sean usados de manera permanente para este fin y que, por ende, estén acondicionados.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Salud, precisó que Baja California Sur y Veracruz son algunas de las entidades que tienen de forma permanente este tipo de aeronaves.

Los gobiernos del estado de México y de la Ciudad de México facilitan con frecuencia helicópteros de sus instancias de seguridad pública para que apoyen a la población en el traslado de pacientes en casos de accidentes o traslado de órganos para donación.

Sin embargo, no están adaptados como ambulancias porque son utilizados en labores de patrullaje de seguridad pública, afirmó la legisladora Sánchez Galván.

Puntualizó que durante la aplicación de los planes de salvamento de secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y en casos extraordinarios la Policía Federal, se han hecho “puentes aéreos” para apoyar a la población afectada por huracanes, inundaciones, sismos, entre otros fenómenos, llevando además acciones de evacuación de enfermos o heridos por vía aérea; no obstante, las naves utilizadas no tienen el equipamiento propio de una ambulancia.

Los elevados costos de contratación de los servicios de ambulancias aéreas privadas las hacen inaccesibles para la mayoría de la población y sobrepasa los presupuestos de las instituciones de salud públicas que, además, están imposibilitadas de cubrir dichos pagos.

“Esta situación se agrava ante la fragmentación y centralización de los servicios de salud especializados que caracterizan a la red hospitalaria nacional, en la que, en algunas entidades federativas, e incluso regiones del país, no existen hospitales especializados para ciertos padecimientos o no tienen la infraestructura necesaria”, agregó.

Ejemplo de lo anterior, afirmó, “fue la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que los servicios de emergencia que acudieron a auxiliar a los heridos se vieron en la necesidad de trasladarlos, en su mayoría, a diferentes nosocomios situados en el estado de México y la Ciudad de México, y lo hicieron en aeronaves que no estaban debidamente equipadas para atenderlos durante el traslado”.

La diputada Miroslava Sánchez consideró apremiante dotar a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud de aeronaves debidamente equipadas para brindar el servicio de ambulancias aéreas. Aquí es donde se pueden emplear las naves que se tiene proyectado desincorporar y vender.

Resaltó que el ahorro para el Sistema Nacional de Salud será, significativo, toda vez que no compraría naves; solamente se requiere equipar a las que se pretenden vender, afirmó por último la presidenta de la Comisión de Salud.


En otro tema, la Comisión de Seguridad Pública analiza la iniciativa del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, en la que plantea reformar el artículo 32 de la Ley de Seguridad Nacional, y especificar las medidas de protección de las instancias gubernamentales, con el objetivo de enfrentar delitos digitales.

El legislador panista sostuvo que la reforma tiene el propósito de establecer en la ley el concepto “contrainteligencia”, el cual se entenderá como toda aquella actividad dirigida a la detección, localización y protección contra acciones de inteligencia, espionaje y sabotaje realizadas o planificadas por gobiernos, individuos u organizaciones extranjeras, o por el crimen organizado, con pretensiones de vulnerar la seguridad nacional.

Añadió que la importancia de su propuesta radica en que ilícitos como robo de identidad, expansión y creación de redes delictivas trasnacionales, ampliación de los cárteles de droga, filtraciones de correos, documentos y declaraciones institucionales han ido en aumento, por lo que es primordial que el Estado atienda cualquier acción que pueda vulnerar la Seguridad Nacional.

Subrayó que, ante el escenario de recurrentes filtraciones de información y la posibilidad de que ésta sea empleada para perjudicar el orden social y bienestar de los mexicanos, se requiere de una definición clara de contrainteligencia, con la intención de diseñar una operación eficiente con pleno apego a las garantías individuales y los derechos humanos.

Explicó que la legislación ya contempla una definición acerca de la labor de inteligencia de agentes ajenos y perjudiciales, pero el concepto de contrainteligencia aún tiene ambigüedades, lo cual se presta para interpretaciones abiertas por parte de las autoridades, lo que habilita un potencial abuso de poder.

Además, refirió que de acuerdo con información de la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos de América, la definición de “contrainteligencia” debe atender premisas básicas: la generación de inteligencia estratégica para tomar ventaja ante posibles ataques digitales y tener un sistema nacional que integre y coordine los diversos programas, recursos y actividades para la obtención de objetivos comunes de las instancias involucradas, en este ámbito de seguridad.

Finalmente, el diputado Rosas Quintanilla consideró que con la adopción de este concepto se les da un carácter más integral a las agencias de inteligencia nacionales y un marco legal pertinente ante la existencia de múltiples factores de riesgo que atentan contra la preservación de la seguridad del país.


Ya de salida le informo aquí que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que planteará un periodo extraordinario de sesiones para el próximo jueves o viernes (23 y 24 de mayo) a fin de aprobar las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional que envíe el Senado de la República.

“Voy a buscar a los coordinadores parlamentarios para proponerles que el miércoles en la Comisión Permanente alcancemos el acuerdo y convoquemos a un periodo extraordinario el jueves o viernes a más tardar para el tema de las leyes secundarias de Guardia Nacional, así como la minuta en materia de paridad”, indicó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), añadió que en este mismo periodo extraordinario se abordará la minuta que aprobó el Senado en materia de paridad de género, la cual ya es analizada por las comisiones respectivas en San Lázaro.


Rugidos


In-cer-ti-dum-bre

El gobierno federal está atrapado en sus innumerables promesas hechas durante campaña por el hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y las demandas y exigencias que los distintos sectores sociales comienzan a repicar un día sí y el siguiente también.

La respuesta al problema del gobierno Lopezobradoristas, el cual parece estar empeñado en meterle freno al país es sencilla. Muy al estilo del Ciudadano Presidente, se necesita y requiere apenas de un “memorándum”. Efectivamente, una instrucción breve por escrito y firmada por el Primer Mandatario como los que suele publicar y dar a conocer cuando la situación no lo favorece.

Más allá de que los despidos de trabajadores de confianza en toda la estructura gubernamental –se asegura que suman ya los 450 mil padres de familia despedidos-, de la falta de medicamentos para atender la salud de cientos de miles de enfermos en el país o, en el peor de los casos de las decenas de hospitales y clínicas que están cerradas por falta de recursos para dotarlas de insumos e infraestructura, lo que urge es que el Presidente López Obrador ordene aplicar el presupuesto federal aprobado desde el pasado mes de diciembre por el Poder Legislativo.

¿Acaso guarda y retiene ese presupuesto para desviarlo a actividades partidistas?

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