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Un párroco de lucha social 

EDITORIAL



Lamentable noticia con la que despertamos el día de ayer domingo 20 de octubre, tras saber la noticia del asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez. Pero ¿quién era Marcelo Pérez?, Marcelo Pérez era párroco de la iglesia Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, su labor como activista inició en el 2014 cuando realizó una peregrinación que recorrió 12 municipios  hasta llegar a la capital de Chiapas, en la que denunció el aumento de venta de drogas y grupos de criminales. Asimismo, es fundador del “Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio”, conformado por hombres y mujeres tseltales, tsotsiles y ch’oles de 13 municipios en la zona de los altos y selva en el estado de Chiapas. El sacerdote en su búsqueda por impulsar la resolución de hechos violentos propuso crear en 2021 una comisión de intermediación en la que participaría la Diócesis de San Cristóbal y las autoridades estatales y federales. No obstante, ese mismo año se giró una orden de aprehensión en contra de Marcelo luego de ser acusado por participar en la desaparición de 19 personas que presuntamente eran parte del grupo armado 'Los Herrera'. Lo cual fue calificado como una “campaña de desprestigio en su contra”. Tras los acontecimientos fue trasladado a su actual iglesia donde participó en una movilización de pacificación de Chiapas, en la cual aseguró que ya no aguantarían los hechos violentos. No se si mencionar que es algo que ya se temía, porque como sabemos el párroco ha sido ademas un luchador social quien marchó a favor de la paz y se pronunció contra el crimen organizado y precisamente estas acciones lo tenían en el ojo del huracán. También sabemos que el sacerdote Marcelo Pérez lo habían amenazado de muertes por todas las acciones de paz que él realizaba. El sacerdote conducía una furgoneta blanca y viajaba solo, según los medios locales, cuando el cristal del piloto recibió varios disparos que acabaron con su vida, ha confirmado el obispo de esta diócesis chiapaneca, Rodrigo Aguilar Martínez. Distintas autoridades y organismos se han pronunciado ante el homicidio del sacerdote, puesto que era una persona muy querida por la comunidad, cumplía con la labor de activista y siempre se pronunció públicamente en contra de la creciente violencia en la entidad. La Conferencia Episcopal de México ha condenado el ataque y exigido una investigación certera y transparente, así como la protección de los sacerdotes en el país y que “se redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad” en la región de Chiapas y en el país en general. Por su parte, la Compañía de Jesús, que ha sufrido recientes pérdidas en su congregación por la violencia, ha pedido que “no se minimicen estos hechos como casos aislados”, y ha pedido al Estado una respuesta “integral y urgente” para un problema “estructural”.

La víctima no llevaba seguridad y había denunciado públicamente las amenazas de muerte que recibía, incluso el precio que habían puesto por su cabeza. “He luchado en contra de las injusticias, luchamos por la paz, en Simojovel le pusieron precio a mi vida: 150.000, 400.000, un millón de pesos, pero vivimos bajo la protección de Dios, hay mucha violencia, pero seguimos construyendo la paz. Hemos acompañado a los desplazados, me ha tocado mediar para liberar a funcionarios públicos, seguiremos en la lucha de la opción por los pobres”. Las palabras pronunciadas por el religioso el 2 de agosto de este año han sido reproducidas en un mensaje por el periodista Isaín Mandujano, conocedor de la zona, quien ha señalado que las amenazas comenzaron años atrás y que eran de conocimiento de la Fiscalía porque el párroco les había informado. La violencia en Chiapas, un territorio antaño libre del crimen organizado, se ha ido recrudeciendo en los últimos tiempos hasta presentar episodios dramáticos que han obligado a éxodos entre la población. Acosados por las balas, las amenazas y los trabajos forzados para los criminales, los chiapanecos huyen a pie de sus pueblos. A finales de julio, la zona lindera con Guatemala sufrió una severa crisis humanitaria por esta razón, y decenas de personas pasaron al país vecino en busca de refugio. Desde 2020, el padre denunció amenazas de muerte en su contra, mediante llamadas telefónicas, y pidió protección ante esta situación. En reiteradas ocasiones indicó que no se le brindó la protección que solicitó de manera adecuada. Incluso en la marcha de la paz, que se realizó el 13 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, el sacerdote junto con otros servidores religiosos denunciaron que las amenazas continuaban. La verdad es que ahora ya es demasiado tarde para resguardar su vida del párroco pero no es tarde para hacer justicia y frenar la violencia en Chiapas.

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