Un septiembre para la historia

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió jugarse su legado, y probablemente la estabilidad del gobierno de su sucesora, en el último mes de su administración. Septiembre será, probablemente, el mes más intenso de un intenso sexenio, al estar en juego las reformas constitucionales del llamado “plan C” y, con ello, el futuro del régimen político como lo conocemos. Andrés Manuel López Obrador decidió no ser el presidente que, luego de las elecciones, se desvanece hasta desaparecer. No siguió la vieja tradición del presidencialismo mexicano de dejar que el sucesor acapare los reflectores y tome poco a poco las riendas del poder. Él elevó la apuesta desde el 5 de febrero de 2024, cuatro meses antes de las elecciones, y puso como ejes de campaña una serie de reformas constitucionales, entre las que destacan la del Poder Judicial, la que militariza en definitiva la Guardia Nacional, la que desaparece el INAI y otros organismos autónomos, una serie de cambios en desarrollo social y pensiones de los trabajadores, y la reforma político-electoral que tanto intentó durante la segunda mitad de su sexenio. López Obrador puso agenda a las campañas presidenciales y le heredó esas reformas a su sucesora, no sólo como la agenda legislativa de sus primeros meses de gobierno, sino como eje central de su proyecto, al que él mismo le puso nombre y apellido: “continuidad con cambio”. Y fue exitoso, pues casi 36 millones de votos avalaron la agenda. Hoy, de las 18 iniciativas que envió López Obrador en febrero, sólo una ha caducado, la electoral, que Morena ya no consideró necesario apresurar luego del resultado del 2 de junio y la forma obsequiosa en la que las autoridades electorales (INE y Tribunal) resolvieron las controversias postelectorales. Todas las demás fueron dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales durante el mes de agosto, y comenzarán a procesarse en el pleno de la Cámara de Diputados. Por instrucciones del presidente López Obrador, y con la pública complacencia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, iniciaron de inmediato el proceso legislativo de la reforma más polémica, la judicial. Los 364 diputados con los que cuenta la mayoría oficialista pusieron en marcha su aplanadora en el día uno de la LXVI Legislatura, ignorando las protestas de jueces y magistrados, los llamados de ministras y ministros a revisar la reforma, los consejos de especialistas y académicos, los reclamos de la manifestación que este mismo domingo hicieron jóvenes estudiantes de Derecho, y el crujir de los mercados.

Así se prénsela López Obrador en la recta final de su sexenio: antes de irse, el lunes 30 de septiembre, quiere promulgar el decreto de reforma constitucional de la reforma con la que “el pueblo” elegirá a todos los integrantes del Poder Judicial. Aunque ayer una juez federal de la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, centro de México, otorgó este una suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Con esta decisión se busca impedir que se concrete la aprobación de la reforma judicial, que ya fue votada con aprobación en la Cámara de Diputados este mismo miércoles y que pasó al Senado mexicano, donde comenzará su discusión el domingo y se votará en el Pleno el próximo miércoles 11 de septiembre. La juez quinta de distrito en Morelos, Martha Magaña López, otorgó la suspensión en el mismo amparo en el que, el pasado sábado, había otorgado una medida provisional en la que prohibía a los diputados discutir el citado dictamen. Magaña López ordenó a los legisladores que no aprueben, en este caso en el Senado mexicano, la iniciativa ya votada en la Cámara de Diputados, y tampoco se envíe, si continuara el proceso legislativo, el proyecto de decreto a las legislaturas estatales para su aprobación. En el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado. La reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, fue aprobada este miércoles en lo general, mientras que en lo particular fue enviada al Senado. El dictamen con proyecto de decreto, ya había sido aprobado en lo general en la madrugada por la mayoría oficialista, avanzó con 357 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 130 en contra de la oposición, y posteriomente fue aprobado en lo particular. La iniciativa fue enviada al Senado, donde a Morena y sus aliados les falta un voto para tener la mayoría calificada.