Valorar medidas de seguridad en México

Recientemente el gobierno de El Salvador anunció que abril de 2023 fue el mes más seguro en la historia del país. El comunicado señala que durante 24 días se registraron cero homicidios y que 9 de cada 10 homicidios que ocurrieron ya fueron resueltos. Esto puede generar la falsa percepción de que su estrategia de seguridad es un ejemplo para el resto de los países de la región, especialmente si recordamos que hasta hace algunos años El Salvador era uno de los países más violentos de América Latina y que apenas en 2019 registró el día más violento en 20 años. Las acciones de seguridad implementadas en El Salvador son resultado del régimen de excepción que se impuso luego de que se diera a conocer (y se rompiera) un pacto entre el gobierno y grupos criminales.

En este contexto de suspensión de derechos y de publicación de decretos para reformar el sistema de justicia del país, se inauguró el “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, un complejo con capacidad para albergar cerca de 40 mil personas. Sin embargo, detrás del desmantelamiento de pandillas en realidad hay una aplicación discrecional del régimen de excepción, detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso. Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas contempla la posibilidad de establecer la suspensión de derechos en casos de emergencia, la excepción debe ser temporal y no debe estar fundada en motivos de discriminación. Contrario a estas obligaciones internacionales se han documentado detenciones basadas en la apariencia, así como casos de tortura, desaparición y muerte de personas bajo custodia del estado. Estas violaciones a los derechos humanos ponen en evidencia que en El Salvador no hay programas de prevención y que no hay una ruta clara en su estrategia de seguridad para dar fin al régimen de excepción. Pero el problema no sólo es de El Salvador.

Entre 2010 y 2020 la población penitenciaria en América Latina se incrementó en un 76 % debido al aumento en arrestos, condenas asociadas a delitos no violentos relacionados con drogas (como posesión), e incremento en la duración de las penas. Latinoamérica no sólo ha apostado por el punitivismo, sino que lo ha hecho mediante sistemas de justicia tan frágiles que dependen de la flagrancia, las confesiones (usualmente obtenidas en condiciones ilegales), obstáculos a la defensa efectiva y corrupción, resultando en tasas altas de encarcelamiento. México no se queda atrás en el uso excesivo de la prisión. En 2020, en promedio 300 personas al día fueron encarceladas y el 85 % de las personas que ingresaron a los centros penitenciarios no tenían una sentencia. Además, se han denunciado las condiciones de hacinamiento de la población penitenciaria en diferentes ocasiones y se ha documentado la forma desproporcionada en que el Covid-19 afectó a esta población, así como las deficiencias para garantizarles atención médica. A pesar de las condiciones penitenciarias del país, en el reciente análisis sobre percepciones de impunidad que hicimos en Impunidad Cero evidenciamos la profunda aprobación entre los mexicanos de las sanciones punitivas.

El 86 % de las personas entrevistadas en la Encuesta Ómnibus Nacional Académico (ONA) 2022 1 estuvieron totalmente o algo de acuerdo con la frase “todos los delitos deben ser sancionados con cárcel” y 76 % con que todas las personas acusadas de un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron. Esta puede ser una de las principales razones por las que las y los representantes optan por legislar soluciones basadas en tipificar nuevos delitos, intensificar el uso de la prisión preventiva oficiosa o aumentar las penas ya existentes, lo que se le conoce como populismo punitivo.

La aprobación generalizada de las sanciones punitivas recae en una visión de justicia punitivista o retributiva. Bajo esta perspectiva, se considera que las personas que realizan actos ilícitos merecen sufrir un castigo proporcional. Es decir, se centra en el castigo al ofensor como herramienta para disuadir. Sin embargo, aunque tendemos a pensar todo lo contrario, la cárcel no es sinónimo de justicia, en realidad perpetúa las desigualdades y las medidas punitivas tienen un gran riesgo de terminar en violaciones a derechos humanos que no solucionan de fondo la situación de violencia e impunidad del país. Por eso, tenemos que repensar la justicia. La justicia restaurativa permite un enfoque alternativo de justicia, centrado en reparar el daño a las víctimas y a la comunidad. Incluso, bajo esta concepción de justicia, nuestro sistema de justicia penal considera otras soluciones alternativas a los conflictos, como la reparación del daño o la mediación, medidas que han probado ser efectivas para acercar la justicia a las víctimas y despresurizar el sistema de justicia.