Venezuela: represión y violaciones a derechos humanos

La mejor noticia de derechos humanos del mes de septiembre en Venezuela ha sido la liberación de un centenar de menores de edad, acción celebrada por las autoridades venezolanas como una muestra de su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estos jóvenes no se encuentran en libertad plena ni recibieron las debidas órdenes de resguardo, protección o de reparación. Todas y todos están afectados por medidas cautelares en su contra, que incluyen la prohibición de salida del país, la presentación periódica en tribunales y el temor permanente de resultar detenidos nuevamente en cualquier momento. Los hechos relacionados con la tragedia de estos jóvenes nos ayudan a comprender la escala de destrucción de derechos y libertades que se registra en Venezuela. Fueron capturados como muchas otras personas, en los operativos de los órganos de seguridad desde el 29 de julio, en respuesta a las protestas para exigir resultados electorales transparentes. La represión a esas protestas desplegó a un gran número de efectivos sin identificación que efectuaron ataques armados a zonas residenciales y cometieron diferentes tipos de abusos, actuando en combinación con la policía nacional. Lo que siguió en cuanto a represión a protestas y persecución, dejó sin efecto las salvaguardas y las garantías constitucionales. El gobierno abrió una aplicación celular para recibir denuncias y ubicar a líderes opositores en las comunidades; funcionarios y civiles armados revisaron los celulares de personas en las calles para identificar a quienes replicaron mensajes disidentes; se realizaron detenciones tipo redadas en zonas populares, y se aplicó la temida operación Tun Tun, con allanamientos sin órdenes a viviendas de cualquiera que resultara señalado por denuncias anónimas. En este momento las autoridades reportan más de dos mil terroristas detenidos, para referirse a quienes protestaron. Aunque las organizaciones de derechos humanos han logrado identificar solo mil 780 de estos presos por motivos políticos, que no han tenido juicios justos. Entre estas personas detenidas de forma arbitraria han reportado a personas adultas mayores y personas con discapacidad; es frecuente ver llamados angustiados de familiares pidiendo acceso a información sobre ellos, denunciando su desaparición o su traslado a penales lejanos, en los que no podrán brindarles apoyo para su alimentación y acompañamiento. Los jóvenes menores de edad excarcelados por las autoridades de Venezuela habían sido juzgados por tribunales especiales, en audiencias colectivas en línea, sin defensa privada o de su elección, sin permitirles contacto previo con familiares y sin la protección ante los malos tratos y torturas. Fueron recluidos en peligrosas cárceles para adultos. A algunos se les uniformó y se les obligó a memorizar consignas pro gobierno. Este castigo colectivo hacia la sociedad civil también se extiende, como una imparable estrategia de terror, a campañas de estigmatización, amenazas, anulaciones de pasaportes y otras medidas. Varias personas han resultado retenidas en el aeropuerto al tratar de viajar fuera del país, prohibiendo su salida y siendo sometidas a largos interrogatorios. A varios jóvenes del proyecto Diversxs por derechos LGBTIQ+ les han anulado sus pasaportes y al menos a uno de estos jóvenes líderes le sometieron a una detención breve, con traslado a la unidad de contra inteligencia cuando trataba de asistir al Comité contra la Discriminación Racial de la ONU al que estaba invitado. Tan pronto pasaron los comicios, el 2 de agosto de 2024, Amnistía Internacional Venezuela emitió una Acción Urgente para salvaguardar los derechos humanos de las cientos de personas detenidas, así como a una defensa justa y al debido proceso. Desde Amnistía Internacional invitamos a las personas lectoras a socializar y firmar la Acción Urgente y a expresar su solidaridad con la defensa de los derechos humanos de los y las venezolanas. Las ONG comunitarias, humanitarias y de derechos humanos se encuentran bajo una intensa presión. El Parlamento venezolano aprobó el 15 de agosto de 2024 la denominada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, identificada como ley anti ONG. Ésta es un mecanismo de persecución con artículos ambiguos que incluyen sanciones desproporcionadas, con los que se pretende declararlas ilegales, poniendo así en riesgo su operación. El cierre del espacio cívico no es exclusivo de Venezuela, afecta a diversos países de las Américas y ha llegado a un punto de inflexión debido a las medidas legales que lo han reducido de manera severa, limitando con ello la participación ciudadana, de colectivas, ONG y periodistas, entre otros, en asuntos que competen a sus comunidades. Este es un tema de gran preocupación para Amnistía Internacional que lo planteó ya, mediante una Carta abierta dirigida a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de su 54° sesión ordinaria en junio de este año. En diferentes países hemos visto como el derecho de asociación es fundamental para que las personas participen activamente en asuntos que son del interés personal o comunitario. Y cuando las instancias formales no dan respuesta a sus demandas queda como alternativa el derecho a la protesta pacífica, como herramienta fundamental para el reclamo de derechos.