• Redacción

Vicente Fox, Felipe Calderón y Ulises Ruiz son denunciados


Lo que quizás nadie esperaba, o al menos no ahora; pero sin titubear el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert, presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con sede en Holanda, información acusatoria sobre los hechos de represión acontecidos en 2006 y 2007 en la ciudad de Oaxaca, en el marco de las protestas del magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

“En México se agotaron las instancias legales”, señala el defensor del pueblo de Oaxaca en entrevista telefónica con Apro desde La Haya. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –añade– se pronunció asegurando que hubo violaciones graves a derechos humanos, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca constituyeron la Comisión de la Verdad para investigar los hechos”, llegando a la misma conclusión y sin que en ningún caso hubiera castigo para los culpables. El ombudsman oaxaqueño puntualizó que esta es la primera demanda que hace una instancia oficial ante la CPI para llevar a juicio a gobernantes mexicanos acusados de supuestos crímenes de lesa humanidad. La denuncia se sustenta en el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves en contra de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y el dictamen de la Comisión de la Verdad que investigó estos hechos.

¿A qué hechos refiere la demanda? En 2006, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una serie de protestas para exigir la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz. A las protestas se sumaron otros sindicatos y sectores inconformes con la administración del priista, lo que dio origen a la APPO. En junio de ese año iniciaron los actos de represión, cuando el gobierno del estado ordenó que se desalojara el Zócalo de la capital oaxaqueña donde los manifestantes instalaron un plantón. Después, y hasta agosto de 2007, el gobierno de Ulises Ruiz, con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, puso en marcha cinco operativos con la finalidad de disolver el movimiento social en su contra.


En ese periodo se realizaron detenciones arbitrarias, acompañadas de actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a manos de los uniformados, de acuerdo con lo documentado por la CNDH y la comisión de la Verdad de Oaxaca. Según los registros oficiales, el conflicto en los tiempos de Ulises Ruiz en Oaxaca dejó como saldo: 30 ejecuciones extrajudiciales (entre ellas las de los periodista Raúl Marcial Pérez y Bradley Will); 311 detenciones arbitrarias; 248 casos de tortura documentada y comprobada; La desaparición forzada de dos personas: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario. ¿Por qué la demanda contra los exmandatarios?

Estos hechos dieron inicio en el gobierno de Vicente Fox, continuaron en medio de un conflicto electoral a nivel federal y culminaron ya en la administración de Felipe Calderón, sin embargo, en ninguno de los dos gobiernos se investigó.

Los denunciantes sostienen que Vicente Fox y Felipe Calderón fueron negligentes y omisos ante la represión cometida durante sus administraciones contra el pueblo de Oaxaca.

Además, la demanda refiere que lo ocurrido en Oaxaca en 2006 puede definirse como un ensayo de modelo de represión que, a partir de ese año, se replicó en varias ocasiones y diversas entidades.

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