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En apoyo a legalización del aborto, activistas colgaron pañuelos verdes en bustos de Tuxtla Gutiérrez

30/03/2019

El Sie7e de Chiapas

 

Tuxtla.- El pasado 28 de marzo, las integrantes de la Campaña Estatal por el Derecho al Aborto Legal en Chiapas manifestaron su apoyo a compañeras de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México y Tlaxcala, en donde recientemente han sido presentadas propuestas de reforma de ley para la despenalización de la interrupción del embarazo.

 

Asimismo, recordaron nuevamente al Congreso local la necesidad de legislar a favor de la no criminalización de las mujeres en nuestro estado por decidir sobre sus propios cuerpos.

 

El artículo 178 del Código Penal de nuestro estado indica que “Comete el delito de aborto el que, en cualquier momento de la preñez, cause la muerte del producto de la concepción aunque ésta se produzca fuera del seno materno, a consecuencia de la conducta realizada”. Sin embargo, no es posible hablar de “muerte” cuando el producto no es científicamente reconocido como una “vida”. 

 

“Desde la Campaña Estatal por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Chiapas nos parece que la legislación vigente está claramente redactada sin sustento científico y desde el privilegio y la soberbia masculinas que desconocen los pormenores de los procesos de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad”, señalaron. 

 

En un estado totalmente deficiente en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, en donde se liberan feminicidas, se esteriliza a las mujeres sin su permiso y también se nos criminaliza por abortos espontáneos, denunciaron que obligar a las mujeres a llevar a término un proceso que no desean es una medida fascista que vulnera nuestra libertad, autonomía y dignidad.

 

“Externamos nuestro rechazo al aumento de la presencia de grupos religiosos en los medios masivos de comunicación, mientras que temas de salud pública como el aborto quedan relegados a “no prioritarios”, en un país en el que cada día 30 niñas de entre 10 y 14 dan a luz, 80 mujeres y niñas sufren delitos sexuales y 9 son asesinadas”.

 

Además, reprobaron la participación de la Iglesia en la vida pública y la legislación y se manifestaron rotundamente a favor de que sean las organizaciones que luchan y defienden los derechos humanos y que trabajan para reducir la violencia y el abuso sexual infantil y hacia las mujeres, quienes reciban apoyo del Estado para incidir en la vida pública, las leyes y la educación. 

 

“No sólo buscamos la descriminalización del aborto, también buscamos un fin definitivo a la violencia obstétrica y la esterilización forzada; exigimos que se garantice el acceso a todas las personas a la educación sexual integral desde la educación primaria”.

 

Finalmente, señalaron que los derechos de las mujeres no se consultan, no se negocian y no se criminalizan, sino que “las mujeres decidimos, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene”.

 

 

 

 

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