- VANESA RODRIGUEZ
Denuncian violencia generalizada en región fronteriza
SCLC.- Integrantes de la Red por la Paz en Chiapas denunció el contexto de creciente violencia en la región, cuya expresión más reciente es la amenaza de muerte que recibió el Padre Eleazar Juárez Flores de la parroquia de San Pedro y San Pablo en el municipio de Chicomuselo.
“Gracias al trabajo de documentación y denuncia de nuestras compañeras defensoras y defensores de derechos humanos de la región fronteriza de Chiapas conocemos del clima de violencia generalizada que padecen los municipios de Comalapa, Chicomuselo, Bella Vista y Amatenango de la Frontera, por citar los más recurrentes”.
En un comunicado de prensa hacen alusión a la pobreza, exclusión y el despojo del territorio, el desplazamiento forzado, los asesinatos de personas defensoras, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, los proyectos de muerte que trae la minería, la venta ilegal de alcohol y consumo de drogas, “la trata de personas y la prostitución se han ido anidando debido al tráfico de influencias, la impunidad y la injusticia con que actúan las autoridades de los distintos niveles en esta franja fronteriza del sureste mexicano”.
“Como Red por la Paz, nos preocupa que dadas las condiciones de desmantelamiento, división y fractura del tejido social comunitario que impone este contexto de violencia en la región la respuesta del Estado Mexicano sea la aplicación de facto de la Ley de Seguridad Interior (LSI) a través de la instalación y funcionamiento del cuartel militar recién inaugurado en Chicomuselo, Chiapas”.
Asimismo, aseguran reprobar los actos de intimidación y provocación que realizan efectivos militares a la labor de promoción y defensa de los derechos humanos de quienes acompañan a personas, organizaciones y comunidades que han optado por la defensa de la vida, por condiciones de seguridad, pero sin guerra y por la construcción de paz con justicia y dignidad.
“La Ley de Seguridad Interior busca proteger a las instituciones del Estado Mexicano y la inversión de capital privado transnacional criminalizando la protesta y la oposición, haciendo uso “legal” de la violencia hacia acciones de “resistencia no violenta”, la Ley además faculta a las Fuerzas Armadas a realizar acciones de inspección de las personas y sus bienes”.
En ese sentido, señalaron de manera particular los costos humanos de esta guerra legalizada contra la población civil “cobra entre sus víctimas más vulnerables la vida de mujeres, niñas y niños ya que son considerados como “botín de guerra” o elementos de “castigo ejemplar” para romper el tejido familiar y comunitario buscando desmovilizar la acción social, civil y pacífica de los pueblos organizados”.
“Nos declaramos atentas a lo que acontece en la región fronteriza de Chiapas y nos solidarizamos con quienes hoy siguen los pasos de El Caminante, Samuel Ruiz García, por los caminos de verdad y justicia para los pueblos”, concluyen.
