- ALEJANDRA OROZCO
Caravana de Pies Cansados, consecuencia del desinterés
Tuxtla.- Acabamos de atestiguar el paso de la caravana migrante centroamericana, y nos alarmamos sin saber que este es un mínimo porcentaje de los 150 mil migrantes que transitan mensualmente por nuestro país rumbo a Estados Unidos. Hoy, otra caravana avanza por Chiapas, son desplazados, pero no de otros países, sino de nuestro mismo territorio.
El activista Diego Cadenas, quien se ha convertido en vocero de la caravana, se encuentra muy preocupado por la situación de los desplazados, pero por otro lado con ánimo porque se está cumpliendo el objetivo que ellos mismos se trazaron: visibilizar su situación, pues antes nadie los veía padeciendo hambre, algo muy conveniente para el gobierno.
“Ellos quieren que todo Chiapas, México y hasta el mundo conozcan su situación, así como acercarse a la sociedad civil que ha sido solidaria con ellos, para que lo sigan siendo, están avanzando 10 kilómetros diarios”, señaló.
Esta Caravana de Pies Cansados se compone de 54 familias, que son 108 adultos, 119 niños, y el resto son adultos mayores, quienes están teniendo problemas de vías respiratorias o gastrointestinales, pues a pesar de que vienen de las comunidades más marginadas, con los niveles de estrés que han enfrentado están empeorando.
“Lo único que trae el personal de Protección Civil que los está cuidando es paracetamol y naproxeno, los desplazados están saliendo a buscar comida y cubrirse del frío, que pasaban en su refugio, por lo que invitan a la sociedad a que acudan al encuentro de estas personas, que avanzan por el kilómetro 15 de la carretera Tuxtla San Cristóbal.
Y es que el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos, pues es a partir de la definición de Naciones Unidas que encajan con la definición de desplazados internos forzados, es decir, tuvieron que salir de su hogar de origen para salvaguardar su integridad y su vida.
México, por ejemplo, está obligado a prevenir el desplazamiento interno, y si no lo hace, debe garantizar el derecho a la vivienda, salud, trabajo, alimentación, a generar las condiciones para el retorno a sus comunidades.
Un problema político
Según la teoría de Diego, no solo el gobierno permitió, sino que propició esta situación, ya en los 70s en Chiapas se daba la expulsión de personas por intolerancia religiosa, sobre todo de Chamula, que por tener una religión distinta a la tradicionalista, eran expulsados de sus comunidades de origen por miles, que han tomado distintas comunidades en los Altos y también viven en las periferias de San Cristóbal, se estima que son más de 70 mil.
San Juan Chamula es considerado el bastión priista para todas las elecciones, por lo que Cadenas sostiene que el fenómeno tiene que ver con una disputa de poder, ya que hay un operador político del partido en el poder en cada una de las comunidades, que tiene que entregar una determinada cantidad de votos al operador municipal, a su vez al distrital y así se va la pirámide en distintos momentos electorales.
“Cualquier disidencia que obstaculice los votos que comprometió este personaje, ponen en riesgo los cargos de poder desde lo comunitario, todo es una amenaza y un mal ejemplo para el resto de la comunidad”, nos explica. De los cuatro grupos de desplazados, tres son anti sistémicos, es decir que militaban en la otra campaña porque se dio en el contexto electoral, y por no ser parte ni abonar a la clase política, fueron considerados una amenaza para la hegemonía, tal es el caso del ejido Puebla, de Chenalhó, donde son priistas pero fueron disidentes porque en su municipio ganó el Verde.
Es decir, el sistema de partidos políticos favorece la situación, así como el modelo de estado que tenemos, entre otras violaciones a los derechos humanos, porque quienes agreden venden la idea a sus jefes de “la manzana podrida”, de que si permiten que retornen, estas personas “van a podrir” a los demás.
Tal es el caso de Abraham Cruz Gómez, quien encabezó la agresión armada y hoy es presidente municipal, ahí se rompió el eslabón porque le apostó al Verde y ganó Morena, factor que esperan sea de beneficio para que los desplazados regresen.
“Nosotros no creemos en la venganza, es necesario reconstruir el tejido social, la paz para poder tener autonomía como pueblos indígenas, se trata de una violación del derecho a vivir en paz, tampoco se trata de perdón y olvido, sino de que acepten que hubo un error, por el cual hay familias que llevan hasta 10 años caminando”.
Si bien algunos disidentes ya estaban politizados, algunos apenas están abriendo los ojos porque ven que su realidad deriva de la injusticia, antes ellos no salían de su comunidad, no conocían ni Tuxtla, y hoy caminan con una protesta. Además, el problema ha sido que los programas de gobierno se han utilizado como herramienta de control, pero están propiciando la politización, pues al final los programas los da el operador político, quien consigue los votos.
El defensor de las derechos humanos considera que no existe la división de poderes, y que lo mismo en México que en América Central o Sudamérica, la doctrina militar estadounidense es la que se implementa, donde grupos patriotas enfrentan a anti patriotas porque son un obstáculo para los objetivos económicos del Estado.
Un luchador social
Diego es chiapaneco, sus padres son profesores rurales, y orgulloso nos cuenta que caminó con ellos en distintas comunidades, y eran también quienes redactaban los documentos para las gestiones de la comunidad, eran militantes de izquierda, y se crió en una zona donde tuvo la dicha de tener un obispo que practicó la teología de la liberación, Samuel Ruiz García, su orientador vocacional.
“Desde los 14 años me considero defensor de derechos humanos, estuve como voluntario de los campamentos de refugiados guatemaltecos pro la guerra, de mis 48 años, la mayor parte la he dedicado a este trabajo, en el Centro Frayba, como parte civil de EZLN, porque pienso que los derechos humanos no se piden, se ejercen, se viven”.
Para Diego, su trinchera es la sociedad civil, por lo que no aceptaría cargos, al contrario, impugnó la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, invitando a los demás a ser un colectivo para vigilar un espacio que ganó la sociedad civil y que está controlando el gobierno.
En este marco, considera que hubo muchos logros, pues antes los indígenas no existían, estaban acostumbrados a sufrir y ser pobres, y después del 94 esto cambió, se le conocía como el ejército de muertos de hambre, y hoy, la Constitución marca que México es pluricultural, basado en los pueblos indígenas, por lo que ahora van a regresar por una lucha de clases.
“Esperemos que las cosas se serenen y prevalezca la madurez, que comience la paz, la prioridad de esta gente es regresar a su comunidad, son sólo cinco o 10 personas las que no quieren que regresen, están armados y los desplazaron, por lo que su retorno es una amenaza. Si las condiciones no lo permiten, van a valorar y posiblemente aceptar una reubicación”, concluyó.
