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Se agravan ataques de gobierno de Nicaragua contra periodistas
Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy el agravamiento de los ataques del gobierno de Nicaragua contra medios de información, como parte de la campaña de represión sistemática frente a las protestas sociales iniciadas ocho meses atrás.
Acusó que las autoridades buscan restringir la libertad de expresión mediante leyes restrictivas, y dijo haber documentado un progresivo e incesante deterioro de la situación de los derechos humanos en esa nación, donde 325 personas han perdido la vida como resultado de la ola de violencia que persiste.
De acuerdo con datos proporcionados a la CIDH por grupos de la sociedad civil, entre el 20 de octubre y el 16 de diciembre se habrían reportado 117 atentados contra la libertad de expresión en el país a través de actos de agresión, amenazas, intimidaciones, hostigamiento, entre otros.
La CIDH dijo además haber tomado nota de la ocupación por parte de la policía nacional y sin orden judicial, de las instalaciones de la redacción del periódico El Confidencial y el programa “Esta semana”.
Fue en este contexto de hostigamiento que la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a Miguel Mora Barberena, Leticia Gaitán Hernández, periodistas de "100 por ciento noticias" y sus núcleos familiares, quienes estarían siendo objeto de amenazas, persecución y asedio en el marco de sus labores.
Reiteró igualmente su “enérgica condena a la reacción estatal que ha derivado en la muerte de 325 personas y más de dos mil heridas; en más de 550 personas detenidas y enjuiciadas; en el despido de 300 profesionales de la salud y la expulsión de, al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)”.
Hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses para que adopten medidas urgentes para liberar presos políticos, restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, y cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y personas opositoras”, demandó el organismo.
Igualmente pidió a los países miembros de la OEA y a la comunidad internacional “rechazar la represión que hoy que mantiene en una situación crítica el goce y ejercicio de las libertades y derechos de la población nicaragüense”.
“Después de ocho meses de iniciadas las protestas, a través de la información registrada en terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión advierte la intensificación de una cuarta etapa de represión”, advirtió.
Las nuevas acciones se caracterizan por el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas; la continuación de la detención y judicialización de activistas y opositores del gobierno, y la expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes, por su participación en protestas.
