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  • ALEJANDRA OROZCO

Piden cese la violencia en Los Altos de Chiapas


SCLC.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios, quienes viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán, su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria, víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2 mil 36 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, el 28 de marzo de 2018.

En este escenario, el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas, las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

“Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades tostsiles de Aldama”.

Asimismo, piden implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado.

“Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región, así como a los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región”.

También exigen investigar de manera eficaz el asesinato de Ignacio Pérez Girón para garantizar el derecho a la justicia y la verdad. Cabe señalar que en menos de 24 horas han detenido a un presunto inculpado mientras que en Aldama son 25 personas asesinadas y no hay ningún avance.

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