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Madres de víctimas señalan a militares por desapariciones forzadas en México
México.- El 11 de mayo de 2015, Jhonit Enríquez Orozco, de 23 años, trabajador de una empresa que presta servicios a Pemex, descansaba en su casa de Coatzacoalcos, cuando un grupo de policías estatales de Veracruz irrumpió violentamente en la vivienda y se lo llevó.
De nada valieron todos los esfuerzos de su familia por buscarlo en todas las comisarías, agencias del Ministerio Público u hospitales de la ciudad, la zona y el estado: sencillamente lo desaparecieron, como han hecho con miles de personas durante la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Su hermana Lenit Enríquez es una de las miles de mexicanas que, improvisada y dramáticamente, se han visto obligadas por las circunstancias a aprender el "ABC" de la desaparición forzada, como parte del colectivo "Madres en Búsqueda".
En entrevista, Lenit Erníquez narró que esa noche se puso en marcha el operativo "Blindaje Coatzacoalcos", que supuestamente buscaba delincuentes. Al igual que a su hermano, otros trabajadores, uno de ellos de la CFE, fueron desaparecidos con el mismo modus operandi.
Ninguno de ellos había cometido delitos ni había sido detenido, y no se conocían entre sí, pero la autoridad hizo creer que eran delincuentes, aunque sus familias los consideran víctimas de la descomposición que propiciaron los gobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.
No obstante, también son víctimas de la llamada "guerra contra el narcotráfico", declarada en 2006 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, quien más tarde negó haberlo hecho.
Esta estrategia obligó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública, lo que, según especialistas, ha incrementado la violencia y el número de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.
El estudio "Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar. La evidencia en México 2006-2012", coordinado por Ernesto López Portillo Vargas, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, ofrece cifras reveladoras.
Entre los años 2007 y 2018 se produjeron cuatro mil 250 enfrentamientos de fuerzas públicas diversas contra civiles, entre los cuales 75 por ciento fueron con militares, 18 por ciento con la Policía Federal y siete por ciento con marinos.
El estudio cita cifras obtenidas por expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes identificaron, tan sólo entre los años 2008 y 2014, a mil 755 civiles muertos en enfrentamientos con militares.
De los años 2012 a 2016 se abrieron 505 investigaciones contra soldados por crímenes contra civiles, donde destacan el enfrentamiento con maestros en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó seis muertos y la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
En la recomendación 51/2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre estos hechos, se concluye que la madrugada del 30 de junio de 2014, en Cuadrilla Nueva, parte de la comunidad de San Pedro Limón, elementos del 102 Batallón de Infantería violaron el derecho a la vida de 22 personas, incluida una menor de 15 años.
Lo que el Ejército presentó en principio como un enfrentamiento con saldo de un soldado herido y 22 presuntos delincuentes muertos, se comprobaría más tarde como una ejecución extrajudicial y se convertiría en un caso paradigmático de las violaciones graves a los derechos humanos por parte de militares y policías metidos a labores de seguridad pública.
"En el presente caso, el uso de la fuerza letal fue injustificado debido a que las víctimas, al encontrarse rendidas, sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza para el personal de las Fuerzas Armadas" que, sin embargo, les disparó de frente a 60 centímetros de distancia.
Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explicó en entrevista que hay una correlación directa entre el incremento en los niveles de violencia y la presencia de militares en tareas de seguridad pública.
La razón es simple, pero contundente: mientras los policías buscan detener a los delincuentes, los militares tratan de "anularlos", es decir, matarlos.
Al realizar tareas de seguridad, los militares buscan amenazas y responden con fuego.
De hecho, la mayoría de los enfrentamientos empiezan con disparos de los militares quienes, además, tienden a torturar con choques eléctricos o asfixia a quienes llegan a detener.
