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  • VANESA RODRÍGUEZ

Toman simbólicamente guarnición militar de SCLC


SCLC.- Integrantes del Comité Hermanas González, así como varias organizaciones de la sociedad civil, clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Guarnición Militar de esta ciudad, como una forma de protesta ante la falta de justicia en un caso de violación a los derechos humanos de 4 mujeres en 1994.

Gloria Guadalupe Ruiz, integrante del Comité Hermanas González, señaló que justo hace 25 años mujeres indígenas tseltales del municipio de Altamirano fueron detenidas arbitrariamente por elementos del Ejército Mexicano y hasta el día de hoy nadie ha sido sancionado y castigado por los delitos de abuso sexual y tortura, entre otras violaciones de los derechos humanos.

“Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre, Delia Pérez, indígenas tseltales fueron detenidas por militares, las 3 hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares quienes obligaron a la madre a presenciar las agresiones”.


Agregó que con el apoyo de organizaciones sociales, las hermanas y su madre denunciaron el 30 de junio de 1994, la violencia vivida ante la entonces Procuraduría General de la República, quien cedió competencia y trasladó la investigación a la Procuraduría de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde se archivó el caso según por falta de interés de las víctimas.

El 16 de enero de 1996 las hermanas Gonzáles Pérez con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales interpusieron una denuncia en contra del Estado Mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que otorgó el número 11.565 al caso.

El 4 de abril de 2001, en el informe de fondo número 53/01, la CIDH concluyó que el Estado Mexicano violó en perjuicio de la señora Delia Pérez de González y de sus hijas, Ana, Beatriz y Celia González Pérez varios derechos consagrados en la Convención Americana como el derecho a la libertad e integridad personal, protección de la honra y de la dignidad, entre otros.

“En virtud de ello la Comisión recomendó al Estado Mexicano investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad y sanción de todos los actores de las violaciones de derechos humanos de las víctimas en mención”.

Por último, pidieron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atienda con prontitud la demanda de justicia de 4 mujeres y cumpla en representación del Estado Mexicano con: investigación y castigo a los militares responsables de las violaciones y torturas, realizar un reconocimiento público de responsabilidad y reparación integral del daño causado.

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