- ALEJANDRA OROZCO
Ley de extinción de dominio pone en riesgo el patrimonio de los mexicanos
Tuxtla.- El ejercicio del derecho en nuestra entidad, al igual que en todo México, vive una etapa de transformación que requiere que los abogados litigantes se mantengan en constante capacitación, para poder apoyar a la población en el desarrollo de temas legales.
En este sentido, Ilan Katz Mayo, Subcoordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana de Abogados, explicó que la Ley de extinción de dominio se considera como la pérdida de los derechos que tenga una persona con relación a sus bienes.
“Esta puede ejemplificarse, haciendo que un sujeto dedicado a la delincuencia organizada, dígase un secuestrador, narcotraficante, no vaya a vivir del lucro de su actividad delictiva, es decir, que de ser capturado y de ser posteriormente liberado, no viva plácidamente de los bienes obtenidos de dicha actividad ilícita”.
Sin embargo, Diego Ruiz Duran, abogado litigante en materia penal y, también, socio de la BMA de la Ciudad de México, expuso que la nueva legislación de la mencionada Ley, expande su universo de acción, obligando a todos los estados adaptarse a las nuevas normas que esta legislación plantea, siendo el campo de aplicación, el que debe preocuparnos a todos, pues pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
Aclaró que, en este campo, “al incluir los delitos de delincuencia organizada, entrando también, el delito de defraudación fiscal, la exactitud en el catálogo de delitos al que aplica esta Ley es muy ambiguo, haciendo posible atacar como un objetivo, dentro de un derecho penal del enemigo, al ciudadano común y corriente”.
Esto incluiría a terceros, quienes incluso bajo el supuesto desconocimiento de su participación en una actividad delictiva, serían llevados a juicio. “Un ejemplo, alguien que arrienda un inmueble y que, sin saberlo, dicho bien es usado para llevar a cabo actividades ilícitas”.
Katz Mayo, expuso que con la reformas aplicadas en materia de delincuencia organizada y delitos fiscales, la nueva legislación de la Ley de extinción de dominio, representa un cambio totalmente radical, pues la aplicación de esta ley se podrá hacer de forma retroactiva, lo que significa que, “un proceso actual, de un delito que se cometió anteriormente, se puede llevar a la luz de un nuevo proceso bajo esta nueva ley”. Esto, claramente, aludió el especialista, genera suspicacia sobre la inconstitucionalidad de la aplicación de esta ley.
Los especialistas de la BMA explicaron que algunas de las medidas que pueden tomar los ciudadanos, para prevenir ser inmiscuidos en actividades ilícitas, y que se les aplique la Ley de extinción de dominio, son: estipular bien los contratos de arrendamiento, cuánto, para qué y durante que tiempo se arrienda un inmueble, cobrar el pago de forma bancaria, así como pagar los impuestos de dicho arrendamiento.
Asimismo, hacer visitas periódicas a un inmueble que se esté arrendando, para asegurar que el uso del mismo sea lícito, de lo contrario, contratar un abogado y presentar una denuncia. También recomendaron a no prestar su cuenta bancaria personal o de su empresa, para ningún tipo de depósito de terceros.
El presidente del Capítulo Chiapas de la BMA, Francisco Ignacio Castillo, extendió la invitación a la ciudadanía chiapaneca, de acercarse con los especialistas del Capítulo para asesorarse en temas legales, apoyando su visión jurídica a favor del mejoramiento de la justicia en el estado, fortaleciendo la profesionalización de todos los integrantes, e incrementando la relación con las instituciones académicas para fomentar su compromiso con la investigación jurídica.
Determinó que seguirán persiguiendo la correcta aplicación del derecho y el respeto a la justicia, el fortalecimiento de la cultura jurídica de sus integrantes y del foro jurídico de nuestro estado, así como la promoción del estudio, investigación y difusión del derecho; finalmente enfatizó que la suma de esfuerzos de los integrantes del Capitulo Chiapas, los hará coincidir en metas comunes, que prioricen la correcta impartición de justicia en nuestra entidad.
