- RUBÉN PÉREZ
Contribuyentes serán más revisados por la UIF
Tuxtla.- Para Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Capítulo Chiapas, el que desde el Senado del país se busque fortalecer el campo de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el blanqueo de capitales, resulta agresiva porque se le otorgará la posibilidad de hacer la labor del Ministerio Público.
De hecho, especificó que lo que se hará es “darle más dientes y garras” para que fiscalice a las personas, les bloquee sus cuentas en caso de alguna irregularidad y además les impida abrir otras, por lo que el dinero queda restringido en su uso.
El problema se agravaría, dijo, cuando a una empresa la bloqueen pero tenga el compromiso de pagarles a sus proveedores o empleados, “por ejemplo, deposito todos los meses 10 mil pesos, pero de repente me cae 1 millón de pesos por concepto de herencia, lo que genera que se dispare la alerta y te congelen la cuenta, mientras se desahogan las investigaciones”.
Tras destacar que, de tanta regulación, se corre el riesgo de que incremente la informalidad, lamentó que en la mayor parte de ocasiones los creadores de las normas no saben o no miden los efectos que ésta puede causar, pues atienden más a las recomendaciones internacionales, “y cuando venimos a ver aprueban normas muy perjudiciales para todos”.
Recordó que la UIF nació en el año 2004 por una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, sin embargo aclaró que complementó sus actividades cuando se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Una vez que en 2013 entró en vigor esa norma, agregó que la UIF empezó a tomar otras medidas cuando detectaba que, en una cuenta bancaria, había un comportamiento inusual, por lo que bloqueaba a los usuarios.
Para el 2017, comentó que se declaró inconstitucional dicha facultad que esa instancia tenía, precisamente derivada de la conocida como “Ley Antilavado”, “pero acá hablamos de que es una autoridad administrativa, entonces a quien le competería perseguir delitos es al Ministerio Público, por ello el que la UIF bloqueara las cuentas resultaba inconstitucional”.
Refirió que quien ahora sea afectado por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, tendrá 10 días para aclarar el asunto, pero si no se logra desvirtuar por qué se hizo algún movimiento “extraño”, habría una denuncia ante el MP.
Para Jesús Alfonso Ramírez, el único que puede restringir de echar mano del recurso bloqueado es un juez de control, mas no las autoridades administrativas o las fiscalías.
Aclaró que tiene que haber modificaciones a esta iniciativa de ley, pues de por sí la autoridad ya tiene demasiada información de la gente, “por lo que si quieren investigar, lo que conviene es que esa UIF se vaya a la Fiscalía General de la República y que no dependa de Hacienda”.
Comparó la agresividad de esta esta propuesta con la Ley de Extinción de Dominio, por medio de la cual las personas pueden perder su patrimonio, mientras son investigadas por algún delito, “antes te podían privar de tu patrimonio cuando ya había una sentencia condenatoria, pero ahora ya no: desde el momento que fuiste denunciado, puede ir a la par tu asunto penal y el civil, y mientras eso sucede, la autoridad puede rematar esos bienes”.
